Por qué la aprobación de la Ley Nuclear es un punto de inflexión para Colombia

La Ley Nuclear es una buena noticia para la ciencia, la salud y la energía del país. Se trata de poner reglas claras, técnicas y predecibles que den seguridad jurídica a hospitales, industria, agricultura, academia y, si el país lo decide, a proyectos nucleares de mayor escala en el futuro.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 466 de 2024, conocido como la Ley Nuclear, un consenso inusual tratándose de ciencia y tecnología. El mensaje político es claro: Colombia quiere ponerse al día con los estándares internacionales de seguridad radiológica y abrir la puerta a usos nucleares más modernos y útiles para la sociedad. 

¿Cuál es el papel de esta Ley?

En esencia, la Ley Nuclear crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), un regulador independiente que concentrará la vigilancia, el licenciamiento, la inspección y el control de todas las actividades que involucren radiaciones ionizantes, materiales radiactivos y nucleares en el territorio nacional. Esa arquitectura responde a lo que recomiendan las Normas de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): un marco gubernamental y jurídico robusto, con una autoridad regulatoria efectivamente independiente de las entidades que promueven o explotan las tecnologías nucleares, dotada de capacidad técnica, potestad sancionatoria y recursos estables. En palabras simples: separar la promoción de la tecnología de su regulación para que la seguridad no compita con otros objetivos.

El texto del proyecto de ley muestra que la apuesta es integral: licenciamiento por etapas, protección radiológica, gestión de desechos, transporte seguro, emergencias radiológicas, cultura de seguridad y un enfoque de uso pacífico alineado con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y el Tratado de Tlatelolco. Se trata de poner reglas claras, técnicas y predecibles, que den seguridad jurídica a hospitales, industria, agricultura, academia y, si el país lo decide, a proyectos nucleares de mayor escala en el futuro.

Es importante puntualizar que, aunque Colombia no tiene centrales nucleares de potencia, el país, sí usa tecnologías nucleares a diario: en hospitales (medicina nuclear y radioterapia), en la industria (ensayos no destructivos, mediciones), en el agro (fitomejoramiento, irradiación) y en investigación, por solo mencionar algunas. Además, opera desde 1965 el reactor de investigación IAN-R1 en Bogotá -hoy a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC)-, una instalación de baja potencia destinada a investigación, formación y servicios analíticos. El IAN-R1 no genera electricidad: su vocación es científica y educativa. Estos hechos suelen ser desconocidos por el público, y justamente por eso un regulador moderno y visible es clave para confiabilidad y transparencia. 

En materia normativa, Colombia ha operado con un mosaico regulatorio disperso, suficiente para el presente, pero insuficiente para el futuro que se asoma: expansión de servicios de medicina nuclear, trazabilidad de fuentes, mejor cultura de seguridad, y evaluación seria de reactores modulares pequeños (SMR, por su sigla en inglés) u otras aplicaciones energéticas en el mediano plazo. La Ley Nuclear crea el andamiaje institucional que faltaba para dar ese salto con garantías de seguridad. 

¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

Primero, el trámite legislativo: tras la aprobación en la Cámara, el proyecto pasa al Senado para dos debates. Si el Senado introduce cambios, habrá conciliación de textos; luego vendrían la sanción presidencial y la reglamentación. Es razonable anticipar discusiones de detalle —por ejemplo, sobre el grado de autonomía presupuestal de la ANSN, los períodos de sus directivos y los mecanismos de rendición de cuentas—, pero el consenso visto en la Cámara sugiere que el principio (regular y fortalecer la seguridad nuclear) no está en disputa. 

Segundo, la implementación: crear una agencia competente no es solo una firma. Implica atraer y formar talento altamente especializado (inspectores, evaluadores de seguridad, expertos en protección radiológica), adoptar reglamentos técnicos internacionales y guías asociadas, y desplegar un sistema de licenciamiento moderno, digital y transparente. La experiencia internacional indica que un regulador eficaz debe ser independiente, competente, previsible y proporcional al riesgo.

Tercero, beneficios tangibles: con un regulador claro, hospitales y clínicas pueden planear con más certeza inversiones en cámaras gamma, PET/CT, ciclotrones y radiofármacos; la industria puede ampliar el uso de ensayos no destructivos; la academia puede innovar con investigación aplicada; el SGC y otras entidades pueden fortalecer prácticas de seguridad y evaluar SMR u otras tecnologías para suministro eléctrico; existirá un árbitro técnico confiable para conducir los procesos de evaluación, licenciamiento y supervisión. Nada de esto ocurre “de la noche a la mañana”, pero sin un regulador nunca ocurrirá. 

Es importante mencionar que la aprobación de la Ley Nuclear no obliga a Colombia a construir una central: habilita al país para tomar decisiones informadas y con controles robustos. Mientras tanto, el impacto puede sentirse ya en salud, ciencia e industria. Al centralizar funciones en una autoridad técnica independiente, el país envía una señal de seriedad regulatoria a proveedores, aseguradores, organismos de cooperación y a la ciudadanía. Esa seriedad es la que reduce riesgos, mejora la confianza y hace viables, por ejemplo, alianzas para formación de personal, transferencia tecnológica o proyectos piloto con estándares de clase mundial. 

En paralelo, hay un valor pedagógico: visibilizar que Colombia ya tiene un reactor de investigación, que miles de pacientes se benefician de la medicina nuclear, que existen controles y protocolos, y que lo nuclear no equivale a armas. En un debate público donde abundan mitos, esta ley es también una oportunidad de alfabetización científica: explicar qué hace un regulador, cómo se gestionan los desechos radiactivos, por qué se exigen planes de emergencia, y cómo la seguridad es un proceso sistemático y verificable. 

Otro de los grandes desafíos —y a la vez una oportunidad extraordinaria— será el del talento humano. Formar inspectores, analistas y evaluadores de alto nivel técnico exigirá cooperación internacional, programas de entrenamiento continuo y condiciones laborales que reconozcan el valor de la especialización. En este campo, Colombia puede apoyarse en la red global del OIEA y en sus propias universidades, que ya empiezan a abrir espacios académicos en física, energía y tecnología nuclear. La ANSN puede convertirse así en un imán para las nuevas generaciones de científicos e ingenieros interesados en trabajar por la seguridad y el desarrollo sostenible del país.

Pero la legitimidad del regulador no dependerá solo de su estructura o de su personal, sino también de su capacidad para comunicarse con la sociedad. Publicar informes de inspección, divulgar incidentes menores y compartir indicadores de desempeño será fundamental para construir confianza. La ciencia, cuando se comunica con claridad y honestidad, se convierte en un puente entre el conocimiento técnico y la ciudadanía. La ANSN tiene la oportunidad de ser no solo una autoridad, sino una fuente de información confiable que promueva una cultura de seguridad, aprendizaje y respeto por la evidencia.

A largo plazo, la existencia de un regulador independiente y competente abrirá las puertas a nuevas posibilidades. Si Colombia decide en el futuro evaluar opciones de energía nuclear de potencia, como los reactores modulares pequeños (SMR), la ANSN será un pilar indispensable para garantizar la seguridad técnica y ambiental de esos proyectos. Su labor permitirá que cualquier decisión en esta materia se tome con transparencia, participación y criterios científicos, fortaleciendo el vínculo entre la regulación, la planificación energética y el desarrollo sostenible.

La Ley Nuclear es, en suma, una buena noticia para la ciencia, la salud y la energía del país. No inaugura una central, pero inaugura algo más importante: la confianza en que Colombia puede usar la tecnología nuclear de forma segura y útil. Con esta decisión, el país envía un mensaje claro de que está preparado para avanzar hacia un futuro donde la ciencia y la evidencia sean el motor del progreso. El voto unánime que la aprobó es una señal alentadora: en medio de la polarización, la tecnología nuclear —bien regulada y correctamente explicada— se ha convertido en un punto de encuentro.

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