Qué dicen los informes de la ONU, y por qué han motivado la protesta del gobierno de Colombia.
Carlos Guevara*
Invitados incómodos
Cuando una de nuestras familias invita a un amigo o conocido a su casa para cenar, tratamos de establecer una relación de cordialidad y empatía el uno con el otro, a fin de pasar un buen rato. Es obvio: por algo los invitamos.
Sin embargo, a veces nuestra ‘casa’ no está en las mejores condiciones y, por disimulo, los invitados obvian las situaciones incómodas o los imperfectos. Cuando el invitado es permanente e incluso nos ayuda con el oficio, es apenas lógico que comience a mencionar lo que hacemos bien con la casa y también lo que cree que está mal.
Esta sencilla reflexión podría explicar el más reciente escándalo: la reacción del Gobierno colombiano ante el Informe Anual 2019 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia (ACNUDH) y ante el Informe final del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst.
Su intención es mejorar, junto con las instituciones nacionales, la situación de derechos humanos
En ambos documentos se señala claramente los avances obtenidos por el gobierno actual en esas dos materias, al mismo tiempo que son muy directos al señalar las dificultades en derechos humanos —que han proseguido tras la terminación del “conflicto interno armado”- y al explicar que estos derechos no son defendidos con eficacia —y los abusos no se limitan al asesinato de muchos activistas—.
Una respuesta incongruente
Al parecer, esto último molesta al gobierno de Duque: los informes abordan un universo mucho más amplio que el campo donde el Estado dice tener resultados; muestran que aún estamos lejos de consolidar la paz.
Pero el gobierno de Colombia expresamente permitió la renovación el mandato de ACNUDH y mantener su presencia en el país; del mismo modo, aprobó la visita oficial del relator Forst en el 2018.
ACNUDH y Forst declaran y detallan las actividades que realizan en un país cuando son invitados. Su intención es mejorar, junto con las instituciones nacionales, la situación de derechos humanos, en el caso de ACNUDH, y la de los defensores de derechos humanos, en el caso de Forst.
Por estos motivos, es incomprensible la respuesta de altos funcionarios del gobierno Duque. Según ellos, las declaraciones de estos órganos internacionales, construidas a partir de ejercicios técnicos y de verificación comprobables, exceden su mandato y son una intromisión en la soberanía nacional.
Esta confrontación con la ACNUDH y con Forst contrasta con la actitud que unos meses atrás había tenido este mismo gobierno: la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales —dirigida en junio del 2019 por el hoy Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa— utilizó las cifras entregadas por la ACNUDH para sustentar la disminución del 32 por ciento en los homicidios de líderes sociales, por medio de un polémico informe que sería rebatido por especialistas en el tema a causa de su dudoso manejo de las cifras y estadísticas.
Foto: Defensoría del Pueblo
Defensor del pueblo, Carlos Negret, también alertó sobre la falta de garantías que existe para proteger la vida de los líderes sociales.
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Faltas y diplomacia
Parece que esta ‘visita’ a nuestra ‘casa’ ya producía malestar: las respuestas eran contrarias a lo que cada gobierno había esperado oír en su momento.
Ante la visita en el 2009 de Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU, los gobernantes mantuvieron un prudente silencio; pero su incomodidad fue evidente cuando trataron la delicada situación de espionaje ilegal contra varios defensores de derechos humanos por parte del otrora Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Pero en contraste con esa especie de disimulo, el gobierno actual carece de buenas maneras con los ‘invitados internacionales’ y, en general, con los interlocutores de la Cancillería.
Los informes son una oportunidad de pensar en lo que está mal y avanzar en su solución.
Hace un par de meses se conocieron audios vergonzosos de una conversación entre Francisco Santos (entonces embajador de Colombia en Estados Unidos) y la actual Canciller Claudia Blum, en la que criticaban la acción de sus propios compañeros de gabinete y hablaban muy mal de ciertos sectores del gobierno Trump.
Se conoció otra situación no menos vergonzosa: la solicitud de la Canciller y el gobierno Duque al autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó para que extraditara a la prófuga Aida Merlano, excongresista de la República.
Estos hechos indican que nuestra diplomacia está en crisis. El gobierno Duque no es coherente en esta materia; por si fuera poco, está adoptando el ejemplo diplomático de otros gobiernos —como el de Trump—: desecha e intenta descalificar las opiniones, investigaciones y revelaciones que no le sean convenientes.
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Las víctimas siguen a pesar del “berrinche”
Lo verdaderamente importante de esta tormenta no es la reacción del gobierno Duque, sino la triste realidad que revelan los informes de ACNUDH y Forst revelan: el panorama de los derechos humanos y sus defensores en Colombia no es alentador.
Si bien hay acciones importantes del actual gobierno, como lo confirman los informes, no son suficientes y el Gobierno está perdiendo el control. Estos son algunos de los males que aquejan a Colombia:
- la reactivación de las acciones de grupos armados ilegales con control territorial en zonas como Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca y el Catatumbo;
- las dificultades para que las instituciones responsables de la garantía de los derechos humanos actúen en zonas rurales, que requieren otras atenciones además de la presencia de la Fuerza Pública;
- las políticas ineficaces o inexistentes frente a estos problemas;
- la reaparición de los secuestros, masacres y desplazamientos forzados de poblaciones enteras;
- la constante violencia contra los defensores de derechos humanos.
Foto: Presidencia de la República
Presidente Iván Duque.
No tenemos un plan efectivo para poner fin a estos flagelos, que se agravan con la cada vez más lenta y difícil implementación de los acuerdos de paz. Más de un centenar de excombatientes han muerto; el asesinato más reciente fue en la capital del país. Parece que ya no hay zonas vedadas para los asesinos.
Aunque el gobierno de Duque se moleste con los informes y recomendaciones hechas por los invitados ACNUDH y Forst, debemos concentrar nuestra atención en cómo trabajar con las políticas existentes y las que se están por diseñar, para desactivar los mecanismos de violencia que han llevado a los derechos humanos a esta difícil situación.
Tanto los invitados como los miembros de esta ‘casa’ llamada Colombia, debemos trabajar mancomunadamente por una nación que tenga al menos un día de paz real, sin más muertos que contar y sin más reportes que elaborar. Los informes de ACNUDH y Forst son una oportunidad de pensar en lo que está mal y avanzar en su solución. A los invitados hay que escucharlos, por algo los invitamos.
* Investigador en conflicto armado y derechos humanos, con 10 años de experiencia en protección, comunicación estrategica e incidencia para defensores de DD. HH. Comunicador social y periodista de la Universidad Minuto de Dios (Colombia); Especialista en Dirección de Cine, Video y TV de la Universidad Europea de Atlántico (España), y Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad de Málaga (España).
@barbaroja18
