Fiebre de oro y alucinaciones en mercurio

Se debe diseñar mecanismos regionales robustos de trazabilidad y control de insumos clave para interrumpir redes de contrabando de mercurio y oro ilegal, y robustecer la colaboración estratégica entre los países amazónicos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

El 13 de junio de este año, el valor del oro alcanzó el pico más alto jamás registrado en el mercado: US$110.338 por kilo. Eso son $460 millones al cambio de ese día. En ese mismo mes, varias instituciones y medios económicos anunciaban que el oro sobrepasaba al euro como moneda de reserva global, al posicionarse segunda después del dólar. Al mismo tiempo, y de manera consecutiva durante varios meses, el dólar iba en caída libre, hasta llegar a su valor más bajo en tres años al día de hoy.

Un análisis riguroso de este fenómeno tiene tanto de ancho como de largo: de manera inmediata, la polémica y muy mediatizada estrategia económica del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la depreciación del dólar y una guerra tarifaria —o “rectificación de prácticas comerciales”, como prefiere llamarlo la Casa Blanca— que ha lanzado al mundo a una montaña rusa financiera. En el trasfondo, la cocción a fuego lento de grandes crisis económicas en algunas de las superpotencias del mundo y la consolidación de economías emergentes —que también encuentran el oro atractivo frente a sanciones comerciales y la inestabilidad del sistema monetario internacional—. En pocas palabras, el movimiento de las placas tectónicas de la geopolítica global convierte el oro en una fuente de valor más confiable a largo plazo. 

China, India y Turquía han impulsado de manera significativa esta nueva fiebre del oro, que no solo se ancla en este reavivado deseo de acumular lingotes en las bóvedas de un banco: cerca del 70% de esta demanda viene de la joyería y las inversiones, según cifras del Banco Central Europeo. Solo un porcentaje menor es destinado a servicios tangibles como la electrónica, la medicina y la tecnología espacial. 

En un escenario de presión económica tan notable, con unos mecanismos regulatorios tan reducidos frente a la dimensión del problema, se elabora un complejo mapa global de extracción, transformación, exportación y comercialización, donde la criminalidad y el lavado hacen parte activa del sistema. En el caso de Colombia, diversos reportes periodísticos estiman que alrededor del 80% del oro que el país exporta al mundo es ilegal, mientras que investigaciones recientes de organizaciones como la OEA y medios como Ojo Público, Amazon Underworld y Mongabay Latam revelan que el crimen organizado de diferentes países de Latinoamérica se financia mayoritariamente a través de la extracción y comercialización de oro, superando de manera significativa otras fuentes de ingreso más reconocidas como la cocaína. 

Una investigación realizada por Vorágine en el año 2024 en varios nodos mineros del país revela cómo el proceso de rearme de los diferentes grupos armados ilegales está siendo financiado por medio de la extracción y comercialización ilegal del oro. A manera de ejemplo, los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez han convertido los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas en “un escenario de guerra solo por hacerse al control de la minería ilícita y los cultivos de hoja de coca, cuyas rentas anuales pueden ascender a $10.000 millones, según documentos del Ejército Nacional”. 

Al mismo tiempo, a lo largo de todo el bioma amazónico se ha ido construyendo una extensa red transnacional de criminalidad organizada que se beneficia de la minería ilegal y otros crímenes ambientales que son considerados de “bajo riesgo y alto beneficio” y que inyectan grandes sumas al sistema financiero global. Según un informe revelado en 2023 por Fact Coalition, cada año Estados Unidos recibe alrededor de US$2 billones generados por crímenes ambientales en la Amazonia, que son lavados principalmente a través del mercado de finca raíz.

Aún más importante, la explotación ilegal de oro en la Amazonia deja una alarmante cadena de impactos que comprometen la salud de las comunidades y los ecosistemas debido especialmente al uso de mercurio, a la vez que exacerba la violencia y la corrupción a escala regional. Actualmente, la Amazonia es la región con mayor emisión de mercurio en el planeta, que genera devastadores impactos en comunidades, particularmente en mujeres embarazadas y neonatos. Al mismo tiempo, la violencia con la cual se somete a líderes y comunidades se ha recrudecido de manera notable. “Hoy día, el oro significa muerte”, afirma una líder indígena de la Amazonia. Y continúa: “Donde hay oro, el territorio está siendo invadido. Está acabando la salud, los lagos; las tierras están siendo ocupadas. Trae prostitución, narcotráfico, lavado de activos. Nosotros estamos pagando con nuestra propia vida, porque no tenemos protección”. 

La Amazonia es el hogar de cerca de tres millones de indígenas que representan más de 350 grupos étnicos, de los cuales cerca del 20% viven en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas son las primeras víctimas que deja la creciente explotación ilegal de oro, una de las principales actividades económicas ilícitas en la región. Al mismo tiempo, se ha documentado que el 73% del mercurio utilizado en minería aurífera en la Amazonia proviene de fuentes ilegales, lo que genera severos impactos en salud pública y ecosistemas acuáticos, según el Instituto Escolhas y un informe reciente de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

A este panorama de impactos socioambientales se suman los impactos económicos y el apoyo a grupos armados ilegales transfronterizos, que aceleran la violencia y la corrupción en las selvas amazónicas (EIA, 2025). A su vez, más de 4.000 hectáreas de bosque en territorios indígenas han sido destruidas en los últimos dos años por operaciones de minería ilegal respaldadas por redes criminales organizadas. Fact Coalition ha identificado más de 230 casos de delitos ambientales que están vinculados a esquemas complejos de lavado de dinero y flujos ilícitos, exponiendo vacíos regulatorios y debilidades en la cooperación interestatal. El Instituto Igarapé ha documentado que más del 60% de las operaciones de la Policía Federal brasileña contra crímenes en la Amazonia implican simultáneamente delitos ambientales y delitos financieros, lo que confirma la necesidad de respuestas articuladas entre autoridades ambientales, fiscales, de seguridad y justicia.

¿Qué hacer frente a este panorama crítico?

Existen múltiples iniciativas que dan luces en este escenario: las investigaciones científicas y periodísticas que se han dedicado a entender el fenómeno, los ejercicios de acompañamiento y educación desde la sociedad civil para reducir los impactos de mercurio en las comunidades, los ejercicios de protección del territorio que lideran múltiples pueblos indígenas, ejemplos concretos como la ruta diferenciada para la atención a indígenas expuestos a mercurio que ha diseñado el gobierno brasilero, y casos históricos como la sentencia T-106 por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la protección del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí frente a la contaminación por mercurio. 

Resulta evidente que ante la complejidad del problema, se requiere la acción coordinada a múltiples escalas —local, nacional, regional y global— y en los diferentes niveles: impactos socioambientales, salud —incluidos la seguridad alimentaria y el conocimiento ancestral—, seguridad, medios de vida por y para los pueblos indígenas, flujos financieros y cadena de suministro. De manera abarcadora, es necesario construir una narrativa de corresponsabilidad entre los países productores y compradores, que involucre a los Estados y organismos responsables, pero también al sector financiero y al consumidor final. 

De manera específica, es necesario establecer sistemas interoperables regionales de intercambio de datos e inteligencia entre autoridades fiscales, judiciales, ambientales y financieras; promover enfoques participativos que fortalezcan la articulación entre instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas y locales; diseñar mecanismos regionales robustos de trazabilidad y control de insumos clave para interrumpir redes de contrabando de mercurio y oro ilegal, y robustecer la colaboración estratégica entre los países amazónicos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con la reducción del uso de mercurio, la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático en la Amazonia. Es un llamado urgente a todos los actores con capacidad de incidir, frente al cuestionamiento ineludible con que la misma líder indígena remata: “¿Cuántos kilos de oro vale una vida?”

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