Concentración del Frente 33 en el Catatumbo: ¿Las guerras locales que empujan la paz?

La eventual concentración del F-33 tendría menos que ver con el diseño y acumulado del proceso de negociación con el EMBF, y más con la guerra activa entre el ELN y el F-33 en el Catatumbo y la ventana de oportunidad que el Gobierno habría identificado (y construido) para obtener algún resultado rápido antes de que termine el mandato del presidente Petro.

En un acuerdo sin firma del jefe negociador de la Delegación del Gobierno, Camilo González, tampoco de quien ha figurado como cabeza del grupo armado, Calarcá, ni de garante alguno de la comunidad internacional, se informó que se definió la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para la concentración de los integrantes del Frente 33 (F-33) del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). 

De concretarse, se trataría del mayor avance de la Paz Total a la fecha: ninguno de los otros procesos de diálogo que adelanta el Gobierno con grupos armados ha alcanzado un acuerdo de esta naturaleza. Si nos atenemos a lo establecido en la Ley 2272 (artículo 8, parágrafo 3), estaríamos ante el eventual inicio del desarme y tránsito a la legalidad de esa estructura, aunque en la práctica aún son muchos los interrogantes respecto a la viabilidad de esta Zona y su propósito final. 

La eventual concentración del F-33, en todo caso, tendría menos que ver con el diseño y acumulado del proceso de negociación con el EMBF, y más con la guerra activa entre el ELN y el F-33 en el Catatumbo y la ventana de oportunidad que el Gobierno habría identificado (y construido) para obtener algún resultado rápido antes de que termine el mandato del presidente Petro. 

Un proceso sin modelo de cambio 

El proceso entre el Gobierno y el Estado Mayor de los Bloques y Frente avanzaba sin una teoría de cambio. Si bien estaba sobre la mesa la discusión de un “plan marco para la construcción de una ruta definitiva hacia la paz” (VI ciclo), el proceso se había empantanado –“engolosinado”, le escuché decir a una persona cercana al proceso– en la discusión y el desarrollo de microprocesos de “transformación territorial” sin una conexión clara con el fin del conflicto. En este aspecto el Gobierno parecía moverse más por voluntad que por una hoja de ruta bien definida. 

Mientras tanto, las acciones de “transformación territorial” (proyectos productivos, titulación de tierras, conservación ambiental, entre otros, muchos apenas en fase de formulación o identificación) han terminado por favorecer la gobernanza social y territorial del EMBF. En el caso particular del Catatumbo, se convirtieron además en un factor de desestabilización de la relación entre el F-33 y el ELN.

Es sabido, por ejemplo, que el anuncio en octubre de 2024 de 27 proyectos productivos para el Catatumbo, en el marco del proceso de diálogo con el EMBF, encendió las alarmas del ELN ante la posible pérdida de control social en la región, considerado uno de los pilares –si no el principal, incluso por encima de su capacidad armada– de su accionar irregular. En respuesta, y con el objetivo de restablecer su dominio en el territorio, el ELN lanzó a comienzos del año una ofensiva contra el F-33 y sus presuntas redes de apoyo. 

Como resultado, el F-33 habría perdido hacia finales de febrero aproximadamente el 50% de su capacidad armada y el 90% del territorio donde operaba, según información de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). 

¿Ventana de oportunidad? 

Paradójicamente, la crisis provocada por la ofensiva del ELN pareció abrirle una oportunidad al Gobierno para obtener un resultado rápido. Ante el debilitamiento del F-33 (hoy en proceso de reconstitución), el consejero comisionado para la Paz puso en marcha, a finales de febrero, una estrategia orientada a “recoger” a los miembros de esa estructura y ofrecerles un espacio seguro.

En este contexto, las Fuerzas Militares desempeñaron un papel clave. En el momento más crítico de la confrontación, pusieron en marcha distintas acciones para acelerar e incrementar el número de sometidos del F-33 que huían de los ataques del ELN. Como resultado, se estima que cerca de doscientas personas se sometieron, entre ellas Mocho Olmedo, un mando requerido en extradición (varias de estas personas, en todo caso, ya habrían retomado a las filas del grupo). 

Posteriormente, el Gobierno optó por no prorrogar el cese al fuego con el EMBF, una herramienta de la cual ya había empezado a desprenderse como motor de las negociaciones. En su lugar, lanzó un ultimátum al grupo: debían avanzar, en el plazo de un mes, “hacia zonas de ubicación” (Decreto 448 de 2025), especialmente el Bloque Magdalena Medio, al que pertenece el F-33. “Sin concentración, se acaba la mesa”, advirtió el ministro Benedetti. El acuerdo del 3 de mayo confirmaría la decisión del F-33 de seguir esa ruta. 

Guerras horizontales y la negociación como espacio seguro   

En un contexto marcado por la fragmentación de los grupos armados ilegales, el lugar que estos ocupan en relación con los demás, así como el desenlace de las guerras entre ellos, tendría un peso importante en la racionalidad de estos actores respecto a su decisión de avanzar en rutas institucionales para su salida de la confrontación. 

Habría que incluir este factor como parte de los “incentivos” o motores de la negociación y la paz, adicional a los tradicionales: la disuasión propia de la fuerza pública, los marcos jurídicos que hacen atractivo el sometimiento, el tránsito a la legalidad y el diseño y dinámica de las negociaciones. En la actualidad, este factor estaría pesando más que los otros, ausentes o de bajo impacto. 

Podría ser el caso del Frente Comuneros del Sur en Nariño, grupo disidente del ELN al que el Gobierno ha atribuido una “real voluntad de paz”. Sin descartar que otros factores hayan sido importantes para mover la voluntad de este grupo hacia la negociación y una posible desmovilización, sin duda la ofensiva que recibió del Frente Franco Benavides del Bloque Occidental del EMC en los años 2023-2024 fue un factor decisivo. 

Esta confrontación condujo, inicialmente, a la alianza entre Comuneros, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de Nariño (posiblemente un apéndice de los mismos Comuneros) y, posteriormente, como ruta de protección y de salida, al espacio de diálogo con el gobierno nacional. De manera adicional, en este caso el espacio de diálogo les ofreció blindaje a los Comuneros para protegerse de eventuales retaliaciones del ELN después de su desprendimiento. 

Esquemáticamente, en estos contextos fragmentados un grupo perdedor o sin capacidad de sostener una guerra tendría tres vías de salida: (i) sucumbir, (ii) asimilarse o pactar con otros grupos armados o (iii) acordar con el Gobierno su tránsito a la legalidad. La “oferta” del Gobierno consistiría, en este caso, en “recoger” a los perdedores o debilitados (circunstancia real o percibida) y, mediante el canal más idóneo (como un protocolo de sometimiento), ofrecerles una ruta de salida.   

Bajo esta lógica, los grupos con una mejor posición en las guerras horizontales y con una mejor perspectiva de seguir extrayendo dividendos de su accionar irregular (sociales, políticos o económicos) tendrían menos incentivos para avanzar en negociaciones con un horizonte de salida. Podríamos pensar en el Clan del Golfo, pero también en el Bloque Jorge Suárez Briceño del EMBF, comandado por Calarcá, que ya anunció que el acuerdo sobre las ZUT no lo compromete, pero que lo respeta. 

Volviendo al caso Catatumbo, en ausencia del factor ELN difícilmente hoy estaríamos hablando de una ZUT para el F-33. Sin embargo, esta estructura ha recuperado su anterior capacidad militar y humana, al reincorporar a sus filas miembros que salieron de la región del Catatumbo o que en su momento se sometieron a la fuerza pública, y recibir apoyo logístico del Bloque Jorge Suárez Briceño. Hoy, según inteligencia militar, contaría con unos setecientos hombres en armas, lo que podría anticipar una nueva fase del conflicto. Esta “recuperación” podría ir cerrando la “ventana de oportunidad” que ha querido capitalizar el Gobierno. 

Dudas, desafíos y riesgos 

Ahora bien, respecto a la posible puesta en marcha de la ZUT, una serie de dudas, desafíos y riesgos:

Primero. Los protocolos que se pacten entre las partes deberían especificar con claridad el propósito final de la ZUT y el camino jurídico que seguirá el F-33 hacia la legalidad (entrega de armas, rendición de cuentas judicial). Un preagrupamiento sin estas claridades terminaría siendo un espacio de refugio para el actor armado resguardado por la fuerza pública. 

Segundo.  No se conocen detalles operativos clave de la ZUT –como su extensión, duración o esquema de seguridad–. En todo caso, habría que advertir que una zona extensa y prolongada podría despertar tensiones con el ELN, que vería amenazado su control territorial.

Tercero. El acuerdo fue firmado por Gloria Quiceno y otros negociadores, pero no por el jefe de la delegación ni por los países garantes, lo que genera dudas sobre la unidad del equipo de Gobierno respecto a esta medida y el papel que tendrá la comunidad internacional.

Cuarto. De concretarse la ZUT, el proceso con el EMBF tendría dos ritmos distintos: uno centrado en el F-33 y su concentración, y otro en las estructuras bajo Calarcá. No queda claro, en todo caso, qué ocurrirá con las estructuras restantes del Bloque Magdalena Medio que no entrarían en la ZUT.

Finalmente, lo más importante: cualquier acción en torno a la ZUT debe dar prioridad a la protección de la población civil. 

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