La factura de energía eléctrica en la Costa Atlántica (parte 2)

En la primera parte se explicó cómo se determinan en general las tarifas de energía eléctrica para el usuario domiciliario. ¿Cómo se manifiestan estas reglas en la región de la Costa Atlántica? Aunque afecta sólo a una parte de la población colombiana, es un problema existencial de la institucionalidad eléctrica actual.

Christian Jaramillo Herrera*

Un usuario barranquillero cualquiera, de estrato 4

A manera de ilustración, tomemos un hogar real de estrato 4 en Barranquilla con consumo de 144 kilovatios-hora en el mes de julio de 2024 (un kWh es la energía que consume una plancha en aproximadamente media hora). La factura es de 225 mil pesos, de los cuales solo 160 mil son costo de energía; los 65 mil restantes son cobros de impuestos locales de la alcaldía y la gobernación que no tienen nada que ver con el servicio, pero hacen bulto y confunden. 

Los 160 mil del costo de energía corresponden entonces al consumo de 144 kWh a 1110 pesos por kWh.

El primer ingrediente interesante es el consumo. Los hogares en la costa suelen tener consumos elevados por varios motivos: la refrigeración es más exigente en clima caliente, se usan más los aires acondicionados, y los electrodomésticos en general son viejos. Cada hora de aire acondicionado nuevo puede costar 500 pesos, y hasta el triple si es viejo. 

Los altos consumos con electrodomésticos viejos, típicamente sobre 350 kWh, explican parte de la diferencia entre las facturas en la costa y el interior del país, en donde los consumos de un hogar de estrato 4 suelen estar por debajo de los 200 kWh.

Nuestro hogar ilustrativo tiene un consumo bajo de aire acondicionado, pero además cambió su nevera vieja por una nueva en junio, reduciendo su consumo mensual en unos 100 kWh —¡111 mil pesos mensuales!

La eficiencia energética, que es el nombre que se le da al consumo racional de energía, es un problema particularmente grave en la Costa, cuyos índices de pobreza son mayores que los del resto del país y cuyos hogares no pueden comprar electrodomésticos nuevos.

El usuario de estratos 1, 2 y 3

El hogar de nuestro ejemplo es estrato 4, de manera que no tiene subsidios. Un hogar de estrato 1 en la Costa recibe hasta 115 mil pesos de subsidio que se restan de su factura: 666 pesos (60% de los 1110 del CU), multiplicado por su consumo básico de subsistencia, que son los primeros 173 kWh. Estos 173 kWh son el estimado de consumo mínimo necesario por parte de un hogar con electrodomésticos eficientes –no con los electrodomésticos viejos usuales en la Costa. 

En estratos 2 y 3 el subsidio es de 50% y 15% del CU respectivamente, y en climas fríos el consumo básico de subsistencia es menor, de 130 kWh. Un aumento de subsidios se podría hacer incrementando el consumo básico de subsistencia, aunque ello sería una patente de corso para usar electrodomésticos ineficientes; aumentando temporalmente el porcentaje del CU a subsidiar… o financiando neveras a los estratos bajos.

El costo unitario (CU) en la Costa Atlántica es de 1110 pesos por kWh, frente a unos 900 pesos en otras partes del país. ¿Por qué?

G

Air-e y Afinia, las comercializadoras para la mayoría de los usuarios en la Costa, resultado de la re-estructuración de la fracasada Electricaribe, toman la energía del sistema, en principio a precio de bolsa, pero protegen a los usuarios de las fluctuaciones de ese precio comprando contratos financieros de cobertura.

Air-e en particular es percibido como un comprador riesgoso (más que Afinia, que es filial de EPM), y nadie le quería vender contratos. Ante el alto precio de bolsa el G de Air-e superó los 450 pesos en abril y mayo. Los altos costos del G en la Costa son entonces pasajeros y deben reducirse pronto por sí mismos, pero a menos que entre nueva generación al sistema, la escasez de contratos hará que el G se dispare cada que haya sequía.

D y PR

Como señalé en la primera parte, la D(istribución) y las pérdidas PR son los rubros que más diferencian la Costa Atlántica del resto del país.

En los últimos años de Electricaribe, la empresa optó por no hacer inversiones en su red. Como un bus cuyo dueño no le hace mantenimiento pero cobra pasaje y se gasta la plata, la red regional se deterioró, lo que se reflejó en mala calidad del servicio: abundantes cortes de energía con larga duración y oscilaciones peligrosas en el voltaje.

Adicionalmente, el ‘equilibrio político’ en la Costa llevó a que una fracción importante de los usuarios se robaran la energía (pérdidas no técnicas), empeorando la red e incrementando las pérdidas técnicas normales en el proceso; y a que los gobiernos locales con frecuencia no pagaran su factura. Es difícil separar con precisión las pérdidas técnicas de las no técnicas, pero al momento de reprivatizar Electricaribe las pérdidas totales eran superiores al 33%: de cada tres electrones que recibía la región se desaparecía uno.

Ninguna empresa es sostenible si su producto es malo, si un tercio de él desaparece, ni si los compradores grandes le hacen conejo. La solución de fondo al problema de calidad de servicio y las pérdidas técnicas pasa por invertir agresivamente en las redes. La solución al problema de las pérdidas no técnicas pasa por la cultura de robo (distinta a la cultura de no pago: los usuarios que sí reciben factura en la Costa son tan buena paga como en otras partes) y por invertir agresivamente en las redes. La CREG consecuentemente expidió una metodología tarifaria en 2018 que incentiva agresivamente la inversión en la red regional. Esa inversión se remunera en la D: la D de Electricaribe era la más baja del país, en tanto que las de Air-e y Afinia (que también son los distribuidores) son de las más altas.

El problema de que los gobiernos locales le hagan conejo a pagar… no se soluciona con inversión.

Reducir la D en la Costa implicaría dejar de hacer las inversiones necesarias. En el momento actual de estrés financiero de Air-e y Afinia, probablemente desembocaría también en la insostenibilidad de las empresas y la vuelta a los peores años de Electricaribe. Para colmo de males, la pandemia complicó los suministros en el momento inicial de ambas empresas, apretando su plan de negocios y atrasando las mejoras de calidad, con la consecuente irritación de los costeños.

Aun con el incentivo a invertir, el problema inmediato de las nuevas empresas al momento de reprivatizar era el nivel de pérdidas de la región. En un negocio cuyo margen de utilidad usual se estima por debajo del 10%, pérdidas de más de 30% son la quiebra en el corto plazo. Normalmente, el regulador establece un nivel “eficiente” de pérdidas, digamos 10%, y las diluye como un sobrecosto a remunerar en la D. Con unas pérdidas elevadas, en 2018 se determinó un tratamiento separado y especial en el rubro PR en la Costa. De manera temporal y en proporción cada vez menor, se permitió a las nuevas distribuidoras cargar a los usuarios que sí pagan todas las pérdidas del sistema, técnicas y no técnicas. 

En retrospectiva, remunerarles las pérdidas a las nuevas empresas era necesario, o financiar las inversiones hubiera sido imposible. Sin embargo, fue un error de criterio del regulador determinar que las pagaran los mismos usuarios de la Costa. Esto es una práctica usual, bajo la lógica de que los usuarios deben pagar por su propia red –pero supone que todos los usuarios pagan, y que el sobrecosto es poco. En la Costa, el sobrecosto es muy alto (aún hoy, con pérdidas que han bajado al 25%, la PR puede estar 70 pesos arriba de lo normal), pero sobre todo recae sobre el subconjunto de usuarios que recibe factura, pues los “piratas” no pagan.

La combinación de altas pérdidas, calidad que no mejora e inequidad ha demostrado ser ruinosa e inaceptable para los usuarios, y cada vez más inmanejable para Air-e y Afinia. Una solución práctica sería que la regulación permitiera que el resto del país asumiera parte de las PR, digamos las correspondientes a pérdidas por encima de 15%. El resto del país se va a oponer.

El COT

Explicamos en el parte 1 por qué las comercializadoras de la costa atlántica no pudieron financiar este recobro a lo largo de períodos mayores. En línea con otros subsidios que dio durante la pandemia, el gobierno ha ofrecido asumir ese pago, pero aún no ha hecho efectiva esta promesa, así que en julio aún aparece en la factura.

Las alternativas y las líneas de acción que ha dejado ver el gobierno

En el corto plazo las facturas de la Costa Atlántica deberían disminuir. Primero, ya pasó El Niño y hay agua para generar más barato, lo que reduce G. Segundo, la CREG, con soporte legal del Gobierno Nacional, podría aliviar el rubro de pérdidas. Tercero, el Gobierno Nacional ha prometido asumir el pago de la opción tarifaria, COT. Cuarto, el Congreso podría incrementar el nivel de subsidios. Quinto, los gobiernos locales podrían aportar pagando sus consumos, lo que bajaría el riesgo percibido por las generadoras de vender contratos a Air-e.

En sentido contrario, el costo de generación volverá a subir en cada periodo seco a menos que el sistema logre las expansiones en generación que requiere –la discusión sobre la manera de determinar el costo de generación, en boga nacional e internacionalmente y foco de las críticas del presidente a las generadoras, es aún incierta.

Una disminución de la remuneración a las distribuidoras probablemente devolvería a la Costa al mundo Electricaribe –o al mundo Corelca, la empresa que atendía la Costa Atlántica antes de 1990. Es poco probable que los gobiernos locales decidan actuar contra la cultura de robo de energía y, en el caso de Barranquilla, que faciliten la eliminación de restricciones locales. La pobreza de los usuarios en la Costa hace difícil que modernicen sus electrodomésticos, a menos que el gobierno los apoye.

Finalmente, la estrechez actual de caja del Gobierno Nacional, atrasado incluso en el pago de los subsidios vigentes, cuestiona que cumpla sus promesas de aliviar a los usuarios costeños –o cualquier medida que requiera recursos del Presupuesto General de la Nación. 

Los costeños no aguantan más la factura de energía. A pesar de afectar directamente solo a una quinta parte de los colombianos, este es un problema existencial de la institucionalidad eléctrica actual. La incapacidad de administrar la prestación del servicio en la Costa pareciera una deficiencia fundamental que la transición energética, justa o no, va a castigar. Las propuestas del actual gobierno son desordenadas y contraproducentes, y olvidan que el Estado antes de 1994 demostró ser más ineficiente e irresponsable que las empresas de hoy. Pero si no reinventamos el sistema, es posible que la Costa y el resto del país acabemos en manos de un nuevo Corelca. 

Le recomendamos: La factura de energía eléctrica en la Costa Atlántica (parte 1)