El nuevo precio del ACPM en Colombia: persisten los grandes retos

El reciente aumento del precio del ACPM en Colombia refleja los retos fiscales y sociales del país. Mientras el gobierno busca cerrar la brecha entre los precios locales e internacionales, enfrenta tensiones con el sector transportador, impactado por los costos y las demandas sociales.

Hernando Zuleta*

El actual gobierno ha dado prioridad a la superación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la transformación productiva para alcanzar el carbono neutralidad. La transición energética es urgente, pero costosa a corto plazo y afecta de manera desigual a la población, especialmente a los más vulnerables. El gobierno busca un enfoque inclusivo para esta transición. No obstante, existe una tensión entre avanzar en dicha transición y la reducción de empleo en sectores tradicionales.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo de fijación de precios de la gasolina y el ACPM, refleja esta tensión. Creado para mitigar los efectos de las fluctuaciones internacionales en los precios del combustible, el FEPC se ha convertido en un subsidio a los combustibles fósiles, lo cual resulta contraproducente desde una perspectiva ambiental. Además, el déficit generado por este subsidio, que en 2022 alcanzó el 2,7% del PIB, limita el presupuesto para programas gubernamentales y agrava los desafíos fiscales del país.

Por estas razones, el 2 de septiembre de este año, el ministro de Minas y Energía anunció un incremento en el precio del ACPM, motivado principalmente por la necesidad de controlar el creciente déficit del FEPC. El aumento inicial propuesto, de $1904 por galón, buscaba comenzar a cerrar la brecha entre los precios locales e internacionales. Además del problema fiscal, para avanzar en la transición energética es imprescindible que las señales de mercado sean adecuadas, es decir, que los combustibles fósiles sean costosos.

Por otro lado, el incremento del precio del ACPM habría generado efectos adversos para la economía. El primer impacto sería inflacionario, dado que siendo el ACPM el combustible predominante en el transporte de mercancías en Colombia, el aumento en su precio elevaría los costos de transporte y, en consecuencia, los precios de todos los productos. Así, el alza puede revertir la tendencia a la baja de la inflación observada en el último año. En segundo lugar, el sector transportador, altamente dependiente del ACPM, habría enfrentado mayores costos operativos, afectando su rentabilidad. Por estas razones, el anuncio del aumento generó tensiones.

Un punto de debate es la fijación de precios de combustibles en un país productor. Algunos analistas sostienen que el precio del ACPM debe establecerse de acuerdo con el costo de producción, y no por los precios internacionales. Sin embargo, este enfoque reduciría los beneficios de Ecopetrol, lo que impactaría negativamente a los accionistas y a los ingresos que, como accionista, recibe el gobierno. Esto último implica que, en cualquier caso, la discusión gira en torno a las prioridades de gasto del gobierno.

El paro, la negociación y lo que quedó

Ante el anuncio, algunos integrantes del gremio camionero reaccionaron con movilizaciones que forzaron al gobierno a reconsiderar la magnitud del aumento. El paro, pero especialmente los bloqueos, afectaron la distribución de mercancías y amenazó con desabastecer varias regiones, lo que aumentó la urgencia de una solución negociada.

Tras días de negociación, el gobierno accedió a reducir el aumento propuesto de $1904 a $800 por galón, en dos incrementos de $400, desactivando así la protesta. Este ajuste refleja el delicado equilibrio entre las demandas fiscales y la necesidad de evitar un impacto negativo en el sector transportador. El acuerdo incluyó 14 puntos, entre ellos la suspensión de futuras alzas hasta que se implementen reformas estructurales en el sector. También se acordaron mesas de trabajo para ajustes normativos, y el Ministerio de Trabajo se comprometió a incluir en la reforma laboral un artículo especial para el sector transportador.

A pesar de haber aliviado el conflicto momentáneamente, el problema de fondo persiste: el déficit del FEPC. Se proyecta un faltante adicional de entre $7 y $10 billones para 2025, sumándose a los más de $20 billones ya existentes. Esto plantea una presión fiscal significativa para el gobierno, que podría verse forzado a aumentar la deuda o recortar gastos en áreas clave, afectando la inversión en infraestructura y programas sociales.

El ajuste del precio del ACPM en Colombia es un desafío político, social y ambiental de gran magnitud. Si bien se alcanzó un acuerdo temporal, las tensiones entre las necesidades fiscales, las demandas sociales y la transición energética no han sido resueltas. El déficit del FEPC sigue siendo un problema urgente.

Las opciones

Este tema refleja la complejidad de las decisiones políticas en un entorno de restricciones fiscales, transición energética, necesidades sociales y desafíos económicos. El gobierno deberá actuar con cautela, pero con decisión, para evitar que este acuerdo temporal derive en una crisis fiscal o en problemas sociales y económicos aún mayores. Sería bienvenido un esfuerzo para estimular un cambio tecnológico en el sector transporte.

Los agentes necesitan incentivos positivos y negativos para abandonar los combustibles tradicionales, y es necesario construir un marco favorable para el cambio. La decisión de migrar de una tecnología de transporte a otra depende del valor esperado de los costos y beneficios de dicho cambio, así como de la incertidumbre.

Usar combustibles alternativos, como electricidad, gas natural, Gas Licuado de Petróleo (GLP) o hidrógeno líquido, implica adaptar un vehículo o adquirir uno nuevo que incorpore esta tecnología. Para lograr un mercado de mayor tamaño, es fundamental estimular la adaptación de vehículos. Una opción para avanzar en la sustitución de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, reducir el déficit del FEPC, es otorgar beneficios a quienes inviertan en la adaptación de sus vehículos. Esta política generaría costos fiscales a corto plazo, pero a medida que avance la transición y se reduzca el consumo de ACPM, disminuiría la magnitud de los subsidios, lo que, a su vez, aumentaría la viabilidad política de un eventual aumento de los precios de los combustibles fósiles.

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