Lectura Pública diciembre 15, 2014

Soluciones concertadas a los problemas de la universidad

Por Tatiana Castañeda

No es posible mejorar la educación superior colombiana sin el aporte de todos los implicados. Este libro contribuye a definir los puntos necesarios para llegar a un genuino acuerdo nacional.

Tatiana Castañeda López*

La educación superior: retos y perspectivas
Luis Enrique Orozco Silva (compilador)
Universidad de los Andes
2013
547 pág.

Las universidades en movimiento

En octubre de 2011 se vio en Colombia una de las mayores movilizaciones de estudiantes, profesores y empleados de universidades públicas en protesta por el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de educación superior.

Estas movilizaciones demostraron el resurgir de un movimiento estudiantil mucho más organizado y con ideas renovadas, cuyo detonante fue el proyecto presentado por el gobierno Santos I al Congreso, el cual, según la comunidad universitaria, no garantizaba el derecho a la educación y no destinaba los recursos suficientes para el funcionamiento de la universidad pública.

Las universidades privadas y sus estudiantes se unieron a la causa, lo que demostró que este era un malestar generalizado entre todos aquellos que intervienen en la educación.

Han pasado tres años desde aquel movimiento y, aunque una de las banderas políticas de Santos II ha sido la educación, casos como el escándalo de la Universidad San Martín demuestran la poca vigilancia o control que se practica sobre las universidades en el país.

Los múltiples problemas que afectan a la educación superior en Colombia hacen obvia la necesidad de una política pública que acorte las distancias socioeconómicas, permita la movilidad social y establezca un puente entre universidad y sociedad.

Los temas en el centro de esta discusión son los cupos universitarios, la financiación, la internacionalización, la gobernabilidad de las universidades, la autonomía, la formación de maestros de alto nivel, la pertinencia de la educación para la sociedad, su carácter público o privado, y si se trata de un negocio o de un servicio público. Pero sobre todo se deben debatir los papeles del Estado y de la ciudadanía en la gestión de un sector que afecta a miles de familias colombianas.

Lo más difícil es la falta de jerarquización entre los problemas de las universidades, lo cual hace creer que todos los temas son igualmente importantes. Ni las universidades ni el Ministerio de Educación han informado al país sobre cuáles son los problemas más apremiantes y cuáles podrán resolverse bajo el actual gobierno.

Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá.
Foto: Wikimedia Commons

Retos de la educación superior

Estos son algunos de los problemas que trata Luis Enrique Orozco Silva en La educación superior: retos y perspectivas, un libro sobre el actual debate de la reforma de la Ley 30 de 1992.

El libro está compuesto por una presentación, una introducción, trece capítulos y una conclusión. En él convergen importantes voces del sector educativo en el país: académicos como Rodolfo Arango, Alejandro Gaviria, Carlos B. Gutiérrez y Sergio de Zubiría, así como representantes del movimiento estudiantil, entre otros, colaboran en este estudio.

Lo más interesante de este libro es que no presenta una única versión o posición frente a los problemas, sino que cada capítulo presenta orientaciones particulares que le permiten al lector tener distintas visiones de las necesidades, problemas y avances que ha tenido la universidad en el país.

Orozco propone un interesante análisis de la universidad colombiana de manera general y de la discutida Ley 30 de 1992 en particular. Su punto de partida es la idea de la universidad, un modelo que data del siglo XIX en su estructura académica y organización, y en la que la educación latinoamericana y colombiana están sustentadas.

Esta “idea” de universidad respondía más a un modelo alemán de corte humanista. Pero cuando los tiempos cambiaron la pedagogía industrial se apoderó de los sistemas educativos, y ya no se educaron únicamente a las élites, como en el modelo anterior, sino que se pasó a la masificación.

Las cifras muestran claramente estos cambios: hacia 1970 el 6 por ciento de la población de América Latina ingresaba a la universidad; para 2011, la tasa aumentó al 40 por ciento.

Sin embargo, los países no estaban preparados para este cambio y Colombia no ha sido la excepción. Ahora hay muchos más estudiantes que ingresan a la universidad, pero las estructuras y la oferta pública se mantienen iguales. El resultado es predecible: a la universidad se la ha tomado el mercado.

Luego de este examen que demuestra la ausencia de un sistema sólido que pueda soportar los cambios que han sobrevenido, Orozco argumenta que la propuesta de reforma promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos está orientada más a reglamentar el sistema que a transformarlo y no responde a las demandas globales de los sistemas de investigación y de profesionalización que exigen múltiples cambios en su estructura.

En el primer capítulo del libro, “Tendencias de las políticas públicas en materia de educación superior”, de Luis Enrique Orozco, se analiza el período comprendido entre 1980 y 2012, en el que se establecieron las dos únicas reglamentaciones a la educación superior en Colombia, el Decreto 80 de 1980 y la Ley 30 de 1992.

El Decreto 80 de 1980 organizó las modalidades de educación superior en el país, reconoció la autonomía universitaria, y se centró en la inspección, control y vigilancia del servicio público de educación superior, a la luz de las reformas educativas de los años setenta en América Latina.

Con la Constitución de 1991 vino una contrarreforma del Decreto 80 de 1980, que se acogió a una renovada visión de la educación para el país que ya no solo pensara en la formación de élites sino en la educación para el trabajo.

Por eso, entre 2002 y 2010 el objetivo fue ampliar la cobertura y tratar de aumentar la calidad del sistema a través de los organismos creados para tal fin, como el Sistema de Información de Educación Superior (SNIES) y el Sistema de Aseguramiento de la Educación Superior (SACES), entre otros.

Sin embargo, la autonomía de las instituciones de educación superior fue más grande que los mecanismos de control del Estado.

La Ley 30 trató de responder a los problemas que venían gestándose en el país desde los ochenta, como la baja calidad del servicio, las asimetrías del mercado, la concentración de la oferta, la inequidad, la baja pertinencia y la escasa asignación de los recursos en comparación con la inversión en educación en otros países de la región.

Sin embargo, la reforma de esta ley, según Orozco, es prácticamente una exigencia, pero poner de acuerdo al sector público y privado no será una tarea fácil.

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, sede Medellín.
Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo superar la actual crisis?

Después de leer las páginas de La educación superior: retos y perspectivas

se entiende el tamaño de la crisis de la educación superior en el país. Aunque no se pueden negar los esfuerzos de muchos en el sector por mejorarla, se reconoce también la incapacidad de los gobiernos para transformarla.

La educación no solo puede guiarse por una pedagogía industrial. Pues, ¿cuándo se pensará definitivamente a la educación como una manera de transformar la ciudadanía? ¿Cuándo los saberes primarios, como leer y escribir, serán el centro de las acciones de la educación desde los primeros grados?

Si queremos una educación más competitiva, que incida sobre la cultura y las formas de relacionarnos, tal cambio no dependerá solamente de una reforma de la Ley 30 de 1992, si no se da una estructura nueva que influya en todos los ciclos de educación.

*Profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, estudiante del doctorado en Educación, UNED, España.