La politiquería al por menor (y al por mayor), las micro (y macro) fallas de gestión elemental, el abandono de las escuelas rurales, la vida tan difícil de un maestro… Estas son cuentas del rosario de problemas fáciles pero difíciles de resolver en Colombia*.
Felipe Andrés Gil**
Debates superficiales
Con la publicación de los resultados de las Pruebas Saber, en esta época del año la calidad de la educación vuelve a ser un tema común en los medios masivos de comunicación. Cuando los resultados se publican aparecen escalafones o ránquines que comparan colegios, ciudades y departamentos, sin analizar los contextos ni las condiciones del servicio educativo. También por esta época el país se llena de señalamientos que buscan culpables y de felicitaciones para aquellos que se destacan.
Pero el debate público sobre la educación sigue centrado en un indicador cuya metodología ha cambiado en varias ocasiones en los últimos años, lo cual hace muy difícil analizar la situación. Además no se estudian las razones que han permitido avances en la calidad de la docencia y el aprendizaje de los niños y jóvenes ni se aborda el problema de fondo, que sigue siendo un sistema educativo con ineficiencias, diseñado para no avanzar, y sin herramientas ni recursos para mejorar su desempeño.
Botín político
Para la clase política tradicional, la educación parece ser una moneda de cambio. Por ejemplo en este momento no tenemos ministro de Educación en propiedad porque su nombramiento depende del partido que tenga el “derecho” a este cargo, como afirmó un congresista en El Colombiano. Parece que el Ministerio de Educación depende del juego político y no del propósito de formar ciudadanos, ni de las competencias y habilidades necesarias para crear un país distinto.
Si en el contexto nacional ocurre esto, no hay mucho que esperar en el ámbito local. El diálogo de un secretario de Educación con concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, o con los sindicatos del magisterio suele usarse para pedir favores clientelistas o para reubicar docentes en las zonas urbanas (como si estar en la zona rural fuera el peor castigo para un maestro). Estas negociaciones también suelen dedicarse a buscar “cupos” en los contratos de aseo y vigilancia o a encontrar maneras de favorecer a los contratistas encargados de proveer los insumos de las instituciones educativas.
Para la clase política tradicional, la educación parece ser una moneda de cambio.
Cuando los politiqueros manipulan la planta docente sin ningún criterio de planeación o calidad olvidan que los colegios donde los docentes tienen una mayor estabilidad (permanencia mayor de 5 años) obtienen mejores resultados en las áreas de lectura y matemáticas. Desafortunadamente, para los políticos la educación no es una prioridad como propósito de transformación social y cultural, pero sí como herramienta para conseguir poder, contratos y asegurar fuentes de corrupción. Brindar a un maestro oportunidades de formación o asegurar que el niño disfrute de una buena alimentación y de un espacio digno para su aprendizaje no son las preocupaciones principales.
Información y gestión
 Apertura de Colegios Públicos en Bogotá. Foto: Ministerio de Educación Nacional |
En este contexto son múltiples las fracturas del sistema educativo. Por eso es necesario replantear la administración y la gestión del sistema para garantizar el derecho a una educación de calidad. Este cambio se debe conseguir con una gran dosis de administración y un buen plan de reformas.
Para empezar, algo fundamental para garantizar el derecho a la educación de millones de niños es tener mejores sistemas de información sobre matrículas, un referente esencial para la distribución adecuada de los recursos del sistema general de participaciones. Como muchos departamentos y municipios no tienen la capacidad recolectar esta información básica, el proceso es informal y sin control, y surgen entonces airados reclamos de autoridades locales porque no llegan recursos suficientes a los territorios. Sin embargo, estas mismas autoridades no se percatan de que la información de matrícula requiere una eficiente gestión de sus equipos. Y como si fuera poco, los “vivos” se aprovechan e inflan las cifras con estudiantes fantasmas para obtener recursos que luego son desviados a otros intereses (como ya ocurrió en Buenaventura y Turbo).
Si se utilizara esta información con un objetivo estratégico, las políticas educativas locales tendrían un impacto más grande. Por ejemplo, a un programa de transporte escolar le puede servir mucho esta información para elevar los indicadores de retención, disminuir la deserción y crear más oportunidades para los jóvenes. Con una buena matrícula y una eficiente administración de los recursos pueden crearse excedentes que sean invertidos en cualificación de docentes, en dotaciones para los colegios o en infraestructura educativa.
También en los proyectos de infraestructura educativa hay un déficit de información lamentable. No hay un registro completo de las escuelas y colegios oficiales y la información es tan precaria que muchas escuelas rurales no tienen claro el origen de sus predios porque se construyeron en terrenos donados por particulares, lo cual hace imposible invertir allí recursos públicos. Esto hace que haya escuelas que simplemente “no existen”.
Las escuelas y maestros
Otra consecuencia común de la mala gestión del sistema educativo es la que padecen miles de familias campesinas que en el mes de enero o febrero aún no disfrutan del servicio en sus veredas porque las Secretarías de Educación de sus municipios no contrataron el servicio a tiempo. Por ejemplo, Antioquia llegó a tener 42.000 niños y niñas que esperaron hasta seis meses su primera clase del año por la ineficiente contratación, la mala información de la matrícula o por la inoperancia de los equipos administrativos.
Asimismo, los 318.296 docentes del país no se han abordado como el equipo humano más importante de la nación, y por esto no se ha realizado una verdadera gestión humana con ellos. Lo más lamentable es que no se conocen sus condiciones sociales y familiares, sus sueños o las aspiraciones que determinan su desempeño en las aulas. Verlos con una mirada más humana y no como un frío dato de la nómina, escalafón y salario, permitiría orientar la política educativa y los recursos escasos para lograr un impacto más positivo.
Un estudio reciente del grupo de Macroeconomía de la Universidad de Antioquia señaló que solo 87 de los 11.326 docentes de Antioquia pertenecientes al Estatuto 1278 tienen estudios de maestría, y solo 2 tienen de doctorado. Este estudio también mostró que las instituciones educativas donde más del 50 por ciento de los maestros tienen algún tipo de posgrado (al menos especialización) tienen resultados más altos en las Pruebas Saber en lectura, matemáticas y razonamiento.
También se encontró que el 28 por ciento de los docentes tienen vivienda propia y el 16 por ciento reportan estar pagando las cuotas de la misma; los demás viven en arriendo o con algún familiar. Esto se debe a que es muy difícil que un docente retire sus cesantías del fondo de prestaciones para adquirir vivienda, pues este trámite puede durar más de un año. Y sin embargo los colegios donde más del 40 por ciento de los docentes tienen vivienda propia obtuvieron mejores resultados en todas las áreas.
En materia de salud y pese del régimen especial de los docentes, se encuentra que los prestadores del servicio son de muy baja calidad y no se vislumbra un cambio en esta realidad. De igual manera, son casi inexistentes los programas de prevención y de salud ocupacional, lo cual hace que aumenten las incapacidades médicas y, por ende, el ausentismo laboral. En Antioquia los docentes reportaron la alarmante cifra de 111.952 días de incapacidad, en su mayoría por enfermedades del sistema respiratorio y trastornos mentales. Cientos de docentes enfermos y miles de niños perdiendo días de clase representan una fractura inaceptable de los proyectos educativos institucionales.
Entre el campo y la ciudad
 Colegios públicos en el Atlántico |
Para terminar, se desconoce la realidad de la educación rural y su dispersión es un reto administrativo y logístico colosal. Hay maestros cuyo recorrido hasta la escuela puede durar hasta dos días en diversos medios de transporte, aunque sus incentivos para hacerlo sean mínimos.
En el plan de infraestructura nacional solo se ha dado prioridad a las escuelas de más de cinco aulas, pero la inmensa mayoría de ellas en Colombia tiene menos de cinco salones. Además, el Ministerio de las TIC le dio prioridad a la conectividad solo en las zonas urbanas, olvidándose de la escuela rural.
No hay un registro completo de las escuelas y colegios oficiales.
La mayoría de docentes rurales provienen de las Escuelas Normales, para las cuales no hay una estrategia de fortalecimiento institucional, además de que están en un limbo jurídico porque no saben si son instituciones de educación básica y media o son de educación superior.
Para completar el escenario, se ha visto que las universidades solo forman maestros para las ciudades y se olvidan del país rural. En una muestra de los egresados de la facultad de Educación de la Universidad de Antioquia se pudo ver que el 68 por ciento trabaja en Medellín y el 32 por ciento lo hace en los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá.
Para cambiar esta situación se requiere una mirada distinta a la educación rural, plantear nuevos incentivos a los docentes rurales, construir más Escuelas Normales, fortalecer los modelos educativos de acuerdo a la realidad de cada región y entender que la educación no termina en las zonas urbanas.
Es fundamental entender la educación desde múltiples dimensiones para poder avanzar. Las Pruebas Saber son la punta del iceberg, pero debajo del agua hay una dinámica sin control. La ineficiencia de la administración de la educación hace imposible la cohesión de objetivos, los planes a largo plazo, los procesos innovadores o los programas de gran impacto.
El colombiano es un sistema educativo que se reproduce pero que no tiene elementos para crear rupturas con el pasado. Sus recursos solo alcanzan para un precario funcionamiento y la clase política tradicional ve al sector como una fuente de poder más que como una herramienta para la transformación del país.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
*Economista, docente de la Escuela de Administración de EAFIT.
