Crimen organizado: seguridad humana o pax mafiosa
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Un veterano pone el dedo en la llaga: la política anti-drogas es un búmeran que induce corrupción o violencia, y que además impide ver el bosque de las muchas actividades perniciosas que adelantan las transnacionales del crimen. La solución está en mirar al bosque y no a los árboles.
La coordinación entre Estados para contener este flagelo transnacional y la coordinación internacional entre organizaciones de la sociedad civil para prevenir la captura del tejido social dejan aún mucho que desear. Foto: nortedigital.com.mx Organigrama del crimen La crisis de inseguridad -provocada por grupos delictivos transnacionales y nacionales de origen estatal o no estatal- que hoy azota a la mayoría de los países latinoamericanos implica desafíos realmente históricos para los Estados y las sociedades civiles de la región, Pero también constituye una oportunidad singular para acelerar el progreso mediante un desarrollo humano más integral. Más allá de las definiciones académicas y técnico-jurídicas, una empresa criminal transnacional es un grupo organizado de personas físicas y morales que gestiona y realiza transacciones internacionales de bienes o servicios ilegales (productos de piratería y dinero falsificado) y de bienes o servicios legales (personas, automóviles, cigarrillos, o joyas), pero siempre por medios ilegales. -Estas empresas ilegales poseen una primera instancia superior o "junta directiva", conformada normalmente por políticos y empresarios legalmente constituidos en diferentes países mediante registros de la propiedad mercantil. -También poseen una segunda dimensión de grupos armados internacionales — más conocidos por el público debido a los medios de comunicación- que se dedican a brindar protección a las unidades o ramas económicas de la empresa criminal. -Existe igualmente una tercera dimensión de franquicias presentes en varias jurisdicciones geográficas, que llevan a cabo las transacciones de bienes y servicios diversos (contrabando de mercancías, piratería, migrantes, armas, drogas…), pagando las cuotas correspondientes a las “juntas directivas” de las empresas criminales. Mucho más que la droga Entre las actividades ilícitas que adelantan sobre todo las empresas criminales se destacan las siguientes:
El análisis de expedientes judiciales en 67 países de África, Asia, Europa, y Latinoamérica desde 1993 — realizado por equipos bajo la dirección de quien esto escribe — revela que las empresas criminales transnacionales operan en el intercambio "frecuente" de esos 23 tipos de bienes y servicios – y que las más de 300 clases de drogas ilícitas representan solo uno los 23 tipos de delitos organizados más frecuentes. En el caso de las empresas criminales latinoamericanas, el único delito no registrado fue el tráfico de material radioactivo. La enorme diversidad de mercados criminales explica por qué los grupos transnacionales de gran envergadura — tales como la organización mexicana Sinaloa y sus afiliados colombianos, la Cosa Nostra siciliana, la Yakuza japonesa, la Tríada china, el MKM o Rehman Dekai pakistaní o la organización rusa Vory v Zakone — pueden operar en todos los países del orbe. De acuerdo con reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde 1998 a la fecha, la expansión de grupos criminales obedece a una lógica racional:
Coordinación y decisión política La coordinación entre Estados para contener este flagelo transnacional y la coordinación internacional entre organizaciones de la sociedad civil para prevenir la captura del tejido social dejan aún mucho que desear.
Con raras excepciones, las sociedades civiles se encuentran atomizadas y no cooperan más allá de las concurridas y lujosas conferencias internacionales con diálogos "turísticos" incorporados, promovidas por organizaciones como la ONU, o más allá de producir carísimos “informes” financiados por ONGS globales o por Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por otro lado, los Estados normalmente se limitan a reaccionar y a coordinar parcialmente sus operaciones — solo en el plano regional y con un sesgo marcado hacia la represión de un reducido grupo de delitos esencialmente asociados con el tráfico de drogas — lo cual produce un efecto “bumerán” o paradoja en términos de mayor corrupción y de mayor violencia. Los Estados débiles — caracterizados por su falta de controles judiciales efectivos y de efectiva prevención social — simplemente acaban por generar más violencia organizada y más corrupción. Esta paradoja de la represión ha azotado a la mayor parte de los países latinoamericanos durante los últimos 10 años. Rara vez las élites político–empresariales están dispuestas -por obvias razones- a dejarse sujetar a los más mínimos controles judiciales y patrimoniales. Desde hace años vengo sosteniendo que para que la transición hacia una democracia se traduzca en instituciones estables y consensuadas en el marco del estado de derecho, los actores políticos — congresistas, gobernadores y hasta los propios presidentes — deben estar dispuestos a pagar el costo personal y político que significa instituir controles regulatorios a los delitos patrimoniales y electorales, que benefician precisamente a la clase política. Condiciones de inseguridad similares — o aún peores — a las que se registran hoy en Latinoamérica se dieron en países tan diversos como Italia o Indonesia, cuyas élites político-empresariales finalmente entendieron en carne propia que el vacío de reglas de Estado — que les había permitido acumular riquezas incalculables mediante comportamientos delictivos — podría causarles un efecto bumerán de violencia y descontrol que devoraría sus propias vidas y sus capitales políticos y económicos. Por ejemplo, en Italia durante los años 90 del siglo pasado, las élites finalmente tuvieron que instituir controles democráticamente acordados al no tener otra salida y bajo una inmensa presión de la sociedad civil movilizada en las calles. Seguridad humana Los vacíos evidentes en términos de capacidades institucionales proporcionan a América Latina la oportunidad de adelantar programas de cooperación mucho más progresistas y menos sesgados por una torpe política "antidrogas."
Por ejemplo, avanzando más allá de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, desde 1995 la Unión Europea viene adoptando políticas de seguridad humana para ampliar el ejercicio de 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que ayudan a prevenir la delincuencia organizada en zonas de alto riesgo, o sea donde existe pobreza, desigualdad, minorías excluidas de los mercados laborales o sujetas a discriminación étnica. Los programas de seguridad humana europeos han reducido efectivamente las tasas de infracciones juveniles, de delitos organizados y de reincidencia criminal a niveles de entre 55 a 70 por ciento por debajo de los observados en Estados Unidos. El modelo de seguridad estadounidense sigue fallando, mientras que el de la Unión Europea sigue produciendo mejores resultados de seguridad humana. Evitar la pax mafiosa Lamentablemente, los indicadores utilizados en nuestra región para evaluar el éxito o el fracaso en controlar a grupos criminales solo se focalizan en el aumento o reducción de los homicidios ligados con las drogas y en otros pocos delitos que afectan a las élites, tales como el secuestro o la extorsión. Pero hay que tener en cuenta
Alternativamente, los homicidios dolosos asociados con 22 delitos pueden disminuir genuinamente cuando se afianza la seguridad humana a través de un Estado que institucionaliza mejores controles judiciales y de prevención social para converger hacia mejores prácticas de gobernabilidad y de derechos humanos. Siempre hay que recordar que el único indicador que cuenta realmente a la hora de demostrar que se está controlando efectivamente a grupos criminales transnacionales es la reducción consistente y sistemática en las frecuencias de todos y cada uno de los 22 tipos de delitos económicos organizados. La combinación exitosa La experiencia internacional indica que los países que han logrado contener a los grupos criminales — al constatarse la reducción de estos 22 tipos de delitos — han tenido que desarrollar primero en forma simultánea cuatro tipos de políticas públicas:
Al adoptar una política de seguridad humana integral mediante una cooperación técnica que abarque a los 22 tipos de delitos organizados y que no resulte sesgada solamente hacia una miope política antidrogas, los países latinoamericanos podrán focalizarse en armonizar sus políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias, incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria no penal del consumo y la producción de drogas hoy ilícitas. La adopción de estas políticas regionales de desarrollo global permitirá a la región tomar un rumbo de cooperación y de desarrollo humano realmente sostenido.
* Director del International Law and Economic Development Centre, investigador principal en la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México.
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En el caso de las empresas criminales latinoamericanas, el único delito no registrado fue el tráfico de material radioactivo. 
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Edgardo Buscaglia
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