Maria Victoria Rojas, autor en Razón Pública
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En vez de disminuir, la desnutrición es cada vez más preocupante. Por eso urgen las medidas contra el hambre.

María Victoria Rojas*

Lo que dicen las cifras

La desnutrición aguda en menores de 5 años se define como peso bajo para la estatura y se relaciona con una pérdida de peso reciente, generalmente causada por consumo insuficiente de alimentos o por enfermedades infecciosas.

El Instituto Nacional de Salud (INS), reportó 17.036 casos de desnutrición aguda en el país en lo que va del año —hasta el 2 de septiembre.

En agosto de este año se registraron 2.182 casos, un 16% por encima de los 1.881 que se habían registrado en agosto del 2022. Los informes anteriores habían mostrado que entre agosto de 2017 y agosto de 2018 habíamos pasado de 953 casos de morbilidad por desnutrición en menores de 5 años a 1395 en el mismo mes del año siguiente. Menciono estas cifras porque muestran que el problema del hambre se puede agravar, así los índices de crecimiento del PIB o aun los de reducción de la pobreza nos lleven a creer que la situación está mejorando.

Pues bien: la desnutrición aguda en Colombia había aumentado en un alarmante 97,4% si comparamos los meses de agosto de 2017 y 2022: el problema se había duplicado, y se siguió agravando desde entonces.

Pero también hay una buena noticia: a pesar de los 2182 casos registrados en agosto de 2023, la tasa de aumento de la desnutrición está disminuyendo en el país. El aumento de casos registrados para agosto de 2023 es menor que el que vimos entre agosto de 2017 y 2018 y es un poco menor que el aumento promedio entre 2017 y 2022.

Según el boletín técnico sobre inseguridad alimentaria de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV, realizada para el período 2022 por el DANE, la prevalencia nacional de inseguridad alimentaria moderada o grave es el 28,1 % y alcanza el 32,5 % en centros poblados y rurales dispersos.

Los datos tienen sin embargo un problema: entre 2020 y 2021 aumentó la pobreza debido a la pandemia, pero también fue mayor el subregistro de la desnutrición.  Esto hace difícil comparar las cifras, pero aun así es claro que entre 2017 y 2019 la desnutrición aguda había aumentado en un 66 % (de 10.641 a 17.693 casos), que la pandemia agravó la desnutrición y que en el último año la situación desmejoró.
Foto: Facebook: ICBF - Los hogares más golpeados por la inseguridad alimentaria moderada o grave son aquellos de jefatura femenina, bajos niveles educativos, falta de afiliación al sistema de salud, entre otros aspectos.

Le recomendamos: Emergencia en La Guajira: ¿qué podrá hacer el gobierno?

Los más afectados hoy

Las prevalencias más altas se presentan en la zona rural, entre los niños menores de once meses o un año, de sexo masculino y en los estratos 1 y 2. Departamentos como Vichada, Guajira, el Chocó, Guaviare, Arauca, Casanare, Risaralda, Vaupés y Guainía son los más afectados.

Pero debo llamar la atención sobre el aumento de casos en departamentos como Caldas, Sucre, San Andrés y Bolívar, donde las cifras de este año más que duplican las del año pasado.

La población indígena sigue siendo especialmente afectada por este flagelo.  El pueblo Wayúu presenta la mayoría de los casos —38,9 % del total de población indígena—. Asimismo, preocupan las condiciones de los pueblos Embera, Sikuani, Embera Katio,  Embera Chami, Arhuaco y Yukpa.

Las causas

La desnutrición es una de las principales manifestaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional. Muchos estudios muestran que en todas partes del mundo la inseguridad alimentaria y la desnutrición en los niños se concentran en los hogares de más bajos ingresos.

Un estudio mencionado por el Panel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE) identifica los determinantes principales de la desnutrición infantil: ser pobre, estar en la ruralidad y un bajo nivel educativo de la madre.

Según el boletín técnico sobre inseguridad alimentaria de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV, realizada para el período 2022 por el DANE, la prevalencia nacional de inseguridad alimentaria moderada o grave es el 28,1 % y alcanza el 32,5 % en centros poblados y rurales dispersos.

En 15 departamentos se supera el promedio nacional, donde los más afectados son Guajira con 59,7 %,  Sucre con 47,9 %, Atlántico con 46,1 %, Magdalena con 45,3 % y Chocó con 43,2 %.

Los hogares más golpeados por inseguridad alimentaria moderada o grave son aquellos con jefatura femenina, donde el jefe de hogar no tiene ninguna escolaridad,   no están afiliados al sistema de salud, donde el jefe de hogar se reconoce como indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero, entre otras variables sociodemográficas.

Lo anterior pone de relieve las desigualdades que padecen los hogares colombianos, en perjuicio de su situación nutricional. Los hogares en estas circunstancias tienen menos capacidades para hacer frente a eventos extremos del clima, desastres naturales, desaceleraciones económicas o emergencias sanitarias.

Debo añadir que la malnutrición y la crisis alimentaria que hoy afronta el país se deben en gran parte a la pandemia y el manejo que le dimos, como también a la     invasión de Rusia a Ucrania que a su vez ha disparado el precio de los alimentos.   Según el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional – América Latina y el Caribe, publicado este año por FAO, FIDA, OPS, PMA y UNICEF, la región de Latinoamérica y el Caribe ha experimentado el mayor aumento en el costo de una dieta saludable, lo cual hace todavía más difícil el acceso a una alimentación adecuada y sostenible.

Paradójicamente, al mismo tiempo, las ganancias de empresas multinacionales de alimentos y bebidas aumentaron en promedio 59,16 %, especialmente las empresas que participan en la intermediación de cereales y fertilizantes. Decisiones equivocadas de los gobiernos convirtieron al país en dependiente de estos bienes básicos, supeditándolo a la volatilidad de los precios internacionales y a las asimetrías del mercado global de alimentos.

A lo anterior se suman el descuido del sistema de atención primaria en salud, la fragilidad de los sistemas de protección social, décadas de abandono estatal de las comunidades étnicas y campesinas, problemas ambientales, violencia y conflicto armado.

Los problemas arraigados de Colombia, que no se han corregido y que han sido agravado por la pandemia, la inflación y la caída en los ingresos constituyen una bomba de tiempo que amenaza la estabilidad de los hogares y la del sistema político.

Pisar el acelerador

Es un panorama plagado de desafíos que no dan espera. Urge la acción decidida y coordinada de muchas instituciones para atender el problema de la desnutrición.

Las tareas prioritarias son mejorar la atención primaria en salud, robustecer el cuidado integral en los primeros 1000 días de vida, ampliar la protección social y las medidas de apoyo directo.

Decisiones equivocadas de los gobiernos convirtieron al país en dependiente de estos bienes básicos, supeditándolo a la volatilidad de los precios internacionales y a las asimetrías del mercado global de alimentos.

De manera simultánea, deben garantizarse los derechos territoriales y culturales, el acceso a recursos para la agricultura con enfoque agroecológico y la pesca de pequeña escala, bienes y servicios básicos, fortalecimiento del programa de alimentación escolar,  adecuación de entornos alimentarios saludables, fortalecimiento de las economías campesinas, étnicas, comunitarias y populares — compromisos todos estos que figuran en documentos de política y en el actual Plan Nacional de Desarrollo—.

Es un acierto el decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en la Guajira, un departamento que desde 2017 se encuentra en un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos constitucionales de los niños wayúu.

Seis años después la situación persiste y la inoperancia del Estado se torna insostenible. Son bienvenidos los mecanismos que permitan la ejecución perentoria dirigida a revertir este escenario.

Lea en Razón Pública: Las enfermedades nutricionales siguen cobrando vidas en Colombia

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Maria Victoria Rojas

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Maria Victoria Rojas

* Nutricionista dietista, docente de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia Investigadora del OBSSAN-UN.

Foto: Prosperidad social - ¿por qué una nueva y grave crisis alimentaria en el mundo?

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Aunque el gobierno tiene las herramientas para salir del hambre, prefiere hacer oídos sordos a las cifras. Esta es la crisis que vivimos y estas son sus causas.

María Victoria Rojas*

El golpe de la pandemia

El informe publicado por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) “Puntos críticos de hambre. Alertas tempranas sobre la inseguridad alimentaria aguda” desató una polémica, pues ubicó a Colombia entre los veinte países cuya inseguridad alimentaria puede recrudecerse en el primer semestre de este año.

Pero ¿por qué una nueva y grave crisis alimentaria en el mundo? La respuesta es sencilla y preocupante: los coletazos de la economía y los sistemas de salud ocasionados por más de dos años de pandemia; el aumento global de los precios de los alimentos, y el agravamiento de los fenómenos migratorios, configuran una crisis alimentaria de grandes proporciones.

Y Colombia no puede estar en buenas condiciones. Según el DANE, casi un millón de colombianos perdieron su empleo entre 2019 y 2020. En diciembre de 2019 esta entidad registró 2.398.000 colombianos sin empleo, y en el mismo mes de 2020 registró 3.305.000. Aunque en diciembre de 2021 los desempleados disminuyeron a 2.671.000, todavía es un número mayor que el de diciembre de 2019.

Así mismo, el DANE reportó en 2021 que 2.600.000 hogares podían acceder a dos platos de comida al día, lo cual equivale a 34,5 % de las familias colombianas.

Las causas

Vemos, por ejemplo, que la situación precaria del campo es un reflejo del frágil sistema productivo agroalimentario. Pero esta fragilidad es a su vez consecuencia de   decisiones políticas que han desfinanciado al sector rural, y que no reconocen a las y los campesinos como sujetos de derechos con formas de vida propias.

Así mismo, los Tratados de Libre Comercio arruinan la producción nacional de alimentos, pues tienden a homogeneizar la alimentación –sacrifican su calidad nutricional y aceptabilidad cultural–, y afectan al medio ambiente.

Este es un problema de vieja data. La Encuesta de Situación Nutricional de 2015 muestra que uno de cada dos hogares padecía de inseguridad alimentaria y nutricional, que por eso alcanzó una prevalencia del 54,2%.

Mientras tanto, en los hogares ubicados en áreas rurales hubo una prevalencia del 64,1%, y los hogares cuyo jefe es indígena tuvieron una prevalencia del 77%. Nuevamente, la situación de inseguridad alimentaria y nutricional golpea con más fuerza a los grupos vulnerables por cuenta del abandono y la exclusión histórica por parte del Estado colombiano.

Saben qué hacer, pero no lo hacen

Los problemas alimentarios y nutricionales están determinados por diversos factores y necesitan un abordaje integral e interdisciplinar, pero, sobre todo, necesitan de decisión política.  De ahí la importancia de cumplir el Acuerdo de Paz, cuya Reforma Rural Integral (RRI) contiene elementos claves para disminuir las brechas urbano-rurales y transformar el campo colombiano.

Bajo estas circunstancias importa recordar el principio sobre derecho a la alimentación, según el cual: “la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles”. Habría entonces que adoptar un sistema para la garantía progresiva de este principio.

¿Cómo hacerlo? Con acciones integrales que mejoren e impulsen la economía campesina, familiar, comunitaria y étnica basada en la producción de alimentos. Esto será posible gracias a medidas que resuelvan conflictos de uso y vocación del suelo; de acceso, restitución y distribución de la tierra; de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.

Pero los avances exiguos en la adopción de la RRI y del Acuerdo en su conjunto después de cinco años de la firma, ponen en jaque la construcción de la paz en Colombia. Por eso es a la vez notable y desalentadora la declaración del estado de cosas inconstitucional (ECI) por parte de la Corte Constitucional el pasado 27 de enero. Con este fallo la Corte hará seguimiento a la violación de los derechos de los firmantes de la paz, para garantizar la seguridad prometida en el acuerdo.

Además, hoy vemos cómo la transformación de la violencia ocasiona catástrofes humanitarias como el desplazamiento forzado. Sobre esto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó más de 60.700 personas desplazadas entre enero y septiembre de 2021. Este número es alarmante si lo comparamos con los 27.000 desplazados reportados durante todo el 2020.

Hambre en Colombia 2022 Latinoamerica
Foto: Radio Nacional de Colombia - La respuesta de la FAO y el PMA fue ambigua, y no apelaron a los sólidos hallazgos del informe.

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Ante el hambre, menos cifras

Ante estas cifras preocupantes, el gobierno decide que lo mejor es solicitar que retiren a Colombia del informe. No sorprende su reacción pues, preocupado por asuntos de imagen y de forma, hace gala de su desconexión con el pueblo y su realidad.

Desafortunadamente, la respuesta de la FAO y el PMA fue ambigua, y no apelaron a los sólidos hallazgos del informe. Parece que han lanzado al gobierno un salvavidas mediático que desvía la atención sobre lo fundamental, pues no se trata de datos fríos ni de un “problema de presentación”, sino de seres humanos que pasan hambre: una de las condiciones más dolorosas que puede padecer un ser vivo, pero, sobre todo, una condición evitable.

Estos hechos opacan el propósito final del informe, que es formular recomendaciones específicas a los países en riesgo de hambre, para dar una respuesta urgente y adecuada a la situación descrita.

En conclusión, la situación de hambre e inseguridad alimentaria y nutricional que atraviesa Colombia es consecuencia de un modelo económico fallido para las mayorías; un sistema político excluyente, y un acumulado de políticas ineficientes que no han logrado dignificar la vida de las familias. Estos son factores que, en suma, contribuyen a perpetuar la violencia en el territorio.

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Maria Victoria Rojas

* Nutricionista dietista, docente de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia Investigadora del OBSSAN-UN.

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