Aunque el gobierno tiene las herramientas para salir del hambre, prefiere hacer oídos sordos a las cifras. Esta es la crisis que vivimos y estas son sus causas.
María Victoria Rojas*
El golpe de la pandemia
El informe publicado por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) “Puntos críticos de hambre. Alertas tempranas sobre la inseguridad alimentaria aguda” desató una polémica, pues ubicó a Colombia entre los veinte países cuya inseguridad alimentaria puede recrudecerse en el primer semestre de este año.
Pero ¿por qué una nueva y grave crisis alimentaria en el mundo? La respuesta es sencilla y preocupante: los coletazos de la economía y los sistemas de salud ocasionados por más de dos años de pandemia; el aumento global de los precios de los alimentos, y el agravamiento de los fenómenos migratorios, configuran una crisis alimentaria de grandes proporciones.
Y Colombia no puede estar en buenas condiciones. Según el DANE, casi un millón de colombianos perdieron su empleo entre 2019 y 2020. En diciembre de 2019 esta entidad registró 2.398.000 colombianos sin empleo, y en el mismo mes de 2020 registró 3.305.000. Aunque en diciembre de 2021 los desempleados disminuyeron a 2.671.000, todavía es un número mayor que el de diciembre de 2019.
Así mismo, el DANE reportó en 2021 que 2.600.000 hogares podían acceder a dos platos de comida al día, lo cual equivale a 34,5 % de las familias colombianas.
Las causas
Vemos, por ejemplo, que la situación precaria del campo es un reflejo del frágil sistema productivo agroalimentario. Pero esta fragilidad es a su vez consecuencia de decisiones políticas que han desfinanciado al sector rural, y que no reconocen a las y los campesinos como sujetos de derechos con formas de vida propias.
Así mismo, los Tratados de Libre Comercio arruinan la producción nacional de alimentos, pues tienden a homogeneizar la alimentación –sacrifican su calidad nutricional y aceptabilidad cultural–, y afectan al medio ambiente.
Este es un problema de vieja data. La Encuesta de Situación Nutricional de 2015 muestra que uno de cada dos hogares padecía de inseguridad alimentaria y nutricional, que por eso alcanzó una prevalencia del 54,2%.
Mientras tanto, en los hogares ubicados en áreas rurales hubo una prevalencia del 64,1%, y los hogares cuyo jefe es indígena tuvieron una prevalencia del 77%. Nuevamente, la situación de inseguridad alimentaria y nutricional golpea con más fuerza a los grupos vulnerables por cuenta del abandono y la exclusión histórica por parte del Estado colombiano.
Saben qué hacer, pero no lo hacen
Los problemas alimentarios y nutricionales están determinados por diversos factores y necesitan un abordaje integral e interdisciplinar, pero, sobre todo, necesitan de decisión política. De ahí la importancia de cumplir el Acuerdo de Paz, cuya Reforma Rural Integral (RRI) contiene elementos claves para disminuir las brechas urbano-rurales y transformar el campo colombiano.
Bajo estas circunstancias importa recordar el principio sobre derecho a la alimentación, según el cual: “la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles”. Habría entonces que adoptar un sistema para la garantía progresiva de este principio.
¿Cómo hacerlo? Con acciones integrales que mejoren e impulsen la economía campesina, familiar, comunitaria y étnica basada en la producción de alimentos. Esto será posible gracias a medidas que resuelvan conflictos de uso y vocación del suelo; de acceso, restitución y distribución de la tierra; de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.
Pero los avances exiguos en la adopción de la RRI y del Acuerdo en su conjunto después de cinco años de la firma, ponen en jaque la construcción de la paz en Colombia. Por eso es a la vez notable y desalentadora la declaración del estado de cosas inconstitucional (ECI) por parte de la Corte Constitucional el pasado 27 de enero. Con este fallo la Corte hará seguimiento a la violación de los derechos de los firmantes de la paz, para garantizar la seguridad prometida en el acuerdo.
Además, hoy vemos cómo la transformación de la violencia ocasiona catástrofes humanitarias como el desplazamiento forzado. Sobre esto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó más de 60.700 personas desplazadas entre enero y septiembre de 2021. Este número es alarmante si lo comparamos con los 27.000 desplazados reportados durante todo el 2020.
Ante el hambre, menos cifras
Ante estas cifras preocupantes, el gobierno decide que lo mejor es solicitar que retiren a Colombia del informe. No sorprende su reacción pues, preocupado por asuntos de imagen y de forma, hace gala de su desconexión con el pueblo y su realidad.
Desafortunadamente, la respuesta de la FAO y el PMA fue ambigua, y no apelaron a los sólidos hallazgos del informe. Parece que han lanzado al gobierno un salvavidas mediático que desvía la atención sobre lo fundamental, pues no se trata de datos fríos ni de un “problema de presentación”, sino de seres humanos que pasan hambre: una de las condiciones más dolorosas que puede padecer un ser vivo, pero, sobre todo, una condición evitable.
Estos hechos opacan el propósito final del informe, que es formular recomendaciones específicas a los países en riesgo de hambre, para dar una respuesta urgente y adecuada a la situación descrita.
En conclusión, la situación de hambre e inseguridad alimentaria y nutricional que atraviesa Colombia es consecuencia de un modelo económico fallido para las mayorías; un sistema político excluyente, y un acumulado de políticas ineficientes que no han logrado dignificar la vida de las familias. Estos son factores que, en suma, contribuyen a perpetuar la violencia en el territorio.
