Diana Bernal, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Causa Justa por el aborto - Candidatos y aborto.

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¿Cuáles son las posturas de los y las precandidatas presidenciales frente al aborto? ¿Cuáles son los límites de sus propuestas?

Diana Rocío Bernal Camargo*

Qué han dicho los candidatos

El empate en la Corte Constitucional en el caso de la despenalización del aborto reabre el debate sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia. Esta discusión, que viene desde el año pasado, pone en la mira las posiciones de las y los candidatos presidenciales frente al aborto y los derechos de las mujeres.

Aunque Olga Lucía González con razón habla de “El aborto y lo que (no) dicen los candidatos”, creo yo que es posible distinguir tres posiciones:

  • Algunos, como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, consideran que la ley colombiana debe ir más allá de las tres causales de la despenalización del aborto;
  • Otros, como Carlos Amaya, Oscar Iván Zuluaga y David Barguil, se consideran provida, aunque están a favor de la despenalización bajo el actual modelo de causales, y
  • Otros, como Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no tienen posturas claras al respecto. Hernández dice que la despenalización del aborto es un tema que debe consultarse a la ciudadanía a través de un plebiscito. Petro había dicho estar de acuerdo con la despenalización total del aborto, pero hace poco propuso una política de “aborto cero” y prevención de embarazos no deseados.

Que han dicho las candidatas

Esto han dicho las mujeres que están en la carrera por la Presidencia:

  • Ingrid Betancourt se considera de valores católicos, pero afirmó que no tiene la intención de imponer esa visión a las mujeres colombianas. Por el contrario, considera necesario mejorar el acceso a la práctica de la IVE, en entornos seguros, y a la luz del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Si bien no fue directa su postura a favor de la despenalización completa, parece inclinarse hacia ésta.
  • Francia Márquez ha hablado sobre el aborto desde la necesidad de exigir la responsabilidad de los hombres y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio curso. Tampoco se pronunció de forma expresa sobre la despenalización de todos los casos.
  • Aydeé Lizarazo no ha opinado sobre el tema, pero es bien conocida la postura del partido MIRA en contra del aborto y en favor de la objeción de conciencia frente a este derecho.

Pero no basta con defender el derecho a la IVE. Se necesitan acciones o programas que permitan ejercer este derecho, y, actualmente no existe una propuesta de ningún candidato o candidata.

A favor del aborto, pero sin eliminar barreras

Después de su sentencia C-355/06 –donde fueron adoptadas las tres causales–la Corte Constitucional ha sido criticada por no cumplir su presunto papel de legislar sobre la materia. Sin embargo, la Corte abrió el camino hacia una protección constitucional del derecho a la IVE por vía de interpretación y en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos. Lo anterior a la luz de los estándares de interpretación de instrumentos internacionales que también serían válidos para las leyes internas.

Pero no basta con defender el derecho a la IVE. Se necesitan acciones o programas que permitan ejercer este derecho y, actualmente no existe una propuesta de ningún candidato o candidata para hacer efectivas las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su último informe sobre Colombia.

La idea de “aborto cero” evade la pregunta de fondo sobre el derecho a la IVE.

La Convención exhorta a expedir “una ley que legalice el aborto en los casos de violación, incesto, riesgo para la salud física o mental o la vida de la mujer embarazada y malformación grave del feto, y despenalice el aborto en todos los demás casos”. Esta ley deber ser acompañada por medidas que eliminen las barreras de acceso a la práctica del IVE; por ejemplo, las barreras impuestas por el mismo sistema de salud.

Bajo estas circunstancias, el papel del candidato o candidata progresista no se limita a opinar en favor de la despenalización total del aborto, sino a plantear un programa que incluya acciones específicas para el acceso a este derecho y ayude a prevenir los abortos inseguros.

El Aborto en Elecciones presidenciales
Foto: Facebook: Causa Justa - La idea de “aborto cero” evade la pregunta de fondo sobre el derecho a la IVE.

Puede leer: Despenalizar el aborto: una medida justa, eficiente y misericorde

El “aborto cero” no funciona

La idea de “aborto cero” evade la pregunta de fondo sobre el derecho a la IVE y además contradice la recomendación de la CEDAW, que a su turno proviene de una Convención internacional obligatoria para el Estado colombiano.

Entre las recomendaciones de esa entidad no figura la eliminación de la práctica del aborto, sino de las barreras de acceso a este derecho. En este sentido, son bienvenidas las estrategias de prevención del embarazo no deseado, pero sin desconocer las estrategias para el acceso efectivo a la IVE en Colombia.

Además, la propuesta “aborto cero” desconoce el deber del Estado colombiano de diseñar una estrategia para dar a conocer el protocolo de prevención para el aborto seguro, especialmente, en zonas rurales, población indígena y afrocolombiana.

Los límites de la consulta ciudadana

Si bien consultar a la ciudadanía temas importantes como el aborto puede parecer una salida democrática, en realidad tiene límites.

Primero, una pregunta al ciudadano sobre la IVE puede violar el principio de progresividad en materia de derechos; si el tema del aborto se somete al escrutinio ciudadano, la respuesta popular puede implicar un retroceso en el   reconocimiento de los derechos.

Segundo, aunque haya votación popular, “un Estado no puede adoptar medidas restrictivas para el ejercicio de derechos porque vulneraría el principio de seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad de los Estados”.

Lo que falta en las campañas

Queda, pues, claro que ni los candidatos ni las candidatas han sido suficientemente claros o han propuesto alternativas eficaces y jurídicamente aceptables en relación con el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia.  Por eso las y los ciudadanos debemos exigirles claridad y consistencia para eue l próximo gobierno:

  • ponga en marcha programas para eliminar las barreras de acceso en el sistema de salud, y
  • prevenga los abortos inseguros, conforme a las recomendaciones de los órganos internacionales competentes.

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Diana Bernal

Escrito por:

Diana Bernal

*Codirectora de la Especialización en Derecho Médico Sanitario, coordinadora de la Maestría en Derecho y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, abogada del Estudio Legal Hernández. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora.
@dianabioet.

Wikimedia Commons La Corte Constitucional tiene de nuevo en su poder una demanda de inconstitucionalidad con la que se pretende despenalizar el aborto.

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Diana Bernal

Aunque Carrillo y Cabello coinciden en que la discusión sobre el aborto debe darse en el Congreso, sus conceptos son diametralmente distintos. ¿Por qué?

Diana Rocío Bernal Camargo*

Dos opiniones

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, le envió a la Corte Constitucional su concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad que despenalizaría por completo el aborto en Colombia.

La demanda fue interpuesta por el movimiento “Causa Justa por la eliminación del delito de aborto”, una organización integrada por asociaciones de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos. Esta acción constitucional pretende que la Corte elimine el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, que tipifica el aborto como delito en Colombia.

Durante las últimas semanas, varios medios de comunicación dijeron que el concepto de la procuradora coincide con el que en 2020 había enviado su predecesor, Fernando Carrillo, pues ambos afirmaron que el Congreso es quien debe encargarse de adoptar o derogar las normas penales.

Sin embargo, al comparar ambos escritos, queda claro que el concepto de Cabello y el de Carillo tienen diferencias abismales. ¿Cuáles son?

La demanda

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional estableció que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho fundamental de las mujeres y que es legal en tres circunstancias:

  • Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer;
  • Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; o
  • Cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

En principio, cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre un caso, se dice que existe “cosa juzgada” y por lo tanto la discusión no puede volver a abrirse. Sin embargo, esta figura admite ciertas excepciones, pues es posible que una decisión judicial no haya explorado todos los argumentos o que solo se haya pronunciado sobre una variable en particular.

Esta demanda hace un análisis detallado de la norma acusada y de la sentencia del 2006 para concluir que la Corte debe volver a pronunciarse sobre la materia con el fin de garantizar la protección de las mujeres. La demanda presenta nuevos argumentos y peticiones diferentes y solicita a la Corte que las mujeres puedan abortar libremente, sin importar la causal.

El escrito ofrece un amplio sustento sobre las barreras que hoy existen para acceder a la IVE, especialmente en el contexto de la pandemia, incluso en los casos en los que es legal. Según las demandantes, esas barreras vulneran varios derechos y principios constitucionales, entre ellos los derechos a la igualdad, la salud, la libertad de conciencia y el principio del Estado laico, y violan los estándares mínimos del uso del derecho penal y de la política criminal.

A juicio de las demandantes, lo anterior hace necesario que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente para garantizar un acceso sin barreras a la IVE. Esta argumentación es muy cercana a la que expusieron los magistrados Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas en su salvamento de voto a la sentencia C-088 de 2020. Según estos magistrados, las mujeres tienen derecho “a decidir libremente si interrumpen o no su embarazo, y de hacerlo, acceder al sistema de salud, como expresión de los derechos reproductivos”.

Foto: Presidencia de la República La intervención de Cabello es una mirada regresiva de los derechos sexuales y reproductivos.

Le recomendamos: Aborto: entre el derecho y la bioética

El concepto de Carrillo

En 2020, el procurador Fernando Carrillo le hizo dos solicitudes a la Corte:

  • En relación con los cargos por violación de los artículos 1, 11, 12, 13, 42, 43, 44 y 93 de la Constitución, solicitó “estarse a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006”; y
  • Respecto de los cargos “por violación de los artículos 4, 5, 14, 49 —inciso 2, y 6—, 76, 86, 94—incisos 1 y 2—, 95 —numerales 1, 2, 4 y 7—” le solicitó inhibirse de proferir una decisión.

En su intervención, el entonces procurador Carrillo hizo una defensa de la cosa juzgada relativa, es decir, les dio la razón a las demandantes en que la discusión no está cerrada. Sin embargo, Carrillo afirmó que es el Congreso quien debe pronunciarse sobre “la regulación integral del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo como manifestación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Como se ve, Carrillo insistió en que la IVE es un derecho fundamental de las mujeres, que debe ser garantizado sin barreras y de forma segura. Pero, como consideró que la competencia es del Congreso, el procurador le pidió a la Corte que se inhibiera de proferir una decisión y que exhortara al Congreso a regular la IVE.

El concepto de Cabello

El concepto de la actual procuradora, Margarita Cabello, parte de un análisis muy distinto. Para Cabello, el Congreso debe mantener la penalización del aborto y debe regular “el alcance de la prerrogativa de las mujeres de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo ante la configuración de alguna de las causales de aborto despenalizadas en la sentencia C-355 de 2006”.

Carrillo afirmó que es el Congreso quien debe pronunciarse sobre “la regulación integral del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo”

Por eso, el hecho de que Carrillo y Cabello le hayan pedido a la Corte inhibirse de proferir una decisión no significa que coincidan en sus posiciones. El concepto de Carrillo hace un recorrido analítico sobre la evolución del derecho de las mujeres a la IVE en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. En esa perspectiva, el Congreso estaría obligado a garantizar este derecho “en condiciones de cobertura, eficacia, equidad, igualdad y calidad, para asegurar la vida, dignidad, autonomía sobre el cuerpo y libre desarrollo de la personalidad” sin las barreras que hoy persisten.

En cambio, la intervención de Cabello representa una mirada al pasado y una visión regresiva de los derechos sexuales y reproductivos que se queda en ver el aborto como “una prerrogativa”, es decir, como el “privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello”. Esto desconoce los últimos quince años de decisiones de la Corte Constitucional, donde se ha afirmado reiteradamente que la IVE es un derecho.

Lea en Razón Pública: Penalizar el aborto: ¿es avance o retroceso?

En otros escritos he señalado que el escenario ideal para dar la discusión sobre el aborto es el Congreso. Si la discusión se da allí, hay mayor probabilidad de prevenir las prácticas clandestinas e inseguras y de dar seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales de la salud, que necesitan reglas claras y bien definidas.

Para Cabello, el Congreso debe mantener la penalización del aborto y debe regular “el alcance de la prerrogativa de las mujeres de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo

Sin embargo, la falta de voluntad y de consenso en Congreso obliga a pensar en la necesidad de que la Corte Constitucional intervenga para delimitar la interpretación de este derecho a la luz de los principios de progresividad y no regresividad. Las mujeres no deben soportar la carga de la desidia del Congreso y, por eso, la Corte debería proferir una nueva decisión que proteja los derechos de las mujeres y garantice el cumplimiento de las reglas que este tribunal ha establecido en los últimos quince años.

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Diana Bernal

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Diana Bernal

*Codirectora de la Especialización en Derecho Médico Sanitario, coordinadora de la Maestría en Derecho y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, abogada del Estudio Legal Hernández. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora.
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