Carrillo y Cabello: ¿cuál es la diferencia en su opinión sobre el aborto? - Razón Pública
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Carrillo y Cabello: ¿cuál es la diferencia en su opinión sobre el aborto?

Escrito por Diana Bernal
Diana Bernal

Aunque Carrillo y Cabello coinciden en que la discusión sobre el aborto debe darse en el Congreso, sus conceptos son diametralmente distintos. ¿Por qué?

Diana Rocío Bernal Camargo*

Dos opiniones

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, le envió a la Corte Constitucional su concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad que despenalizaría por completo el aborto en Colombia.

La demanda fue interpuesta por el movimiento “Causa Justa por la eliminación del delito de aborto”, una organización integrada por asociaciones de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos. Esta acción constitucional pretende que la Corte elimine el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, que tipifica el aborto como delito en Colombia.

Durante las últimas semanas, varios medios de comunicación dijeron que el concepto de la procuradora coincide con el que en 2020 había enviado su predecesor, Fernando Carrillo, pues ambos afirmaron que el Congreso es quien debe encargarse de adoptar o derogar las normas penales.

Sin embargo, al comparar ambos escritos, queda claro que el concepto de Cabello y el de Carillo tienen diferencias abismales. ¿Cuáles son?

La demanda

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional estableció que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho fundamental de las mujeres y que es legal en tres circunstancias:

  • Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer;
  • Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; o
  • Cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

En principio, cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre un caso, se dice que existe “cosa juzgada” y por lo tanto la discusión no puede volver a abrirse. Sin embargo, esta figura admite ciertas excepciones, pues es posible que una decisión judicial no haya explorado todos los argumentos o que solo se haya pronunciado sobre una variable en particular.

Esta demanda hace un análisis detallado de la norma acusada y de la sentencia del 2006 para concluir que la Corte debe volver a pronunciarse sobre la materia con el fin de garantizar la protección de las mujeres. La demanda presenta nuevos argumentos y peticiones diferentes y solicita a la Corte que las mujeres puedan abortar libremente, sin importar la causal.

El escrito ofrece un amplio sustento sobre las barreras que hoy existen para acceder a la IVE, especialmente en el contexto de la pandemia, incluso en los casos en los que es legal. Según las demandantes, esas barreras vulneran varios derechos y principios constitucionales, entre ellos los derechos a la igualdad, la salud, la libertad de conciencia y el principio del Estado laico, y violan los estándares mínimos del uso del derecho penal y de la política criminal.

A juicio de las demandantes, lo anterior hace necesario que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente para garantizar un acceso sin barreras a la IVE. Esta argumentación es muy cercana a la que expusieron los magistrados Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas en su salvamento de voto a la sentencia C-088 de 2020. Según estos magistrados, las mujeres tienen derecho “a decidir libremente si interrumpen o no su embarazo, y de hacerlo, acceder al sistema de salud, como expresión de los derechos reproductivos”.

Foto: Presidencia de la República La intervención de Cabello es una mirada regresiva de los derechos sexuales y reproductivos.

El concepto de Carrillo

En 2020, el procurador Fernando Carrillo le hizo dos solicitudes a la Corte:

  • En relación con los cargos por violación de los artículos 1, 11, 12, 13, 42, 43, 44 y 93 de la Constitución, solicitó “estarse a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006”; y
  • Respecto de los cargos “por violación de los artículos 4, 5, 14, 49 —inciso 2, y 6—, 76, 86, 94—incisos 1 y 2—, 95 —numerales 1, 2, 4 y 7—” le solicitó inhibirse de proferir una decisión.

En su intervención, el entonces procurador Carrillo hizo una defensa de la cosa juzgada relativa, es decir, les dio la razón a las demandantes en que la discusión no está cerrada. Sin embargo, Carrillo afirmó que es el Congreso quien debe pronunciarse sobre “la regulación integral del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo como manifestación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Como se ve, Carrillo insistió en que la IVE es un derecho fundamental de las mujeres, que debe ser garantizado sin barreras y de forma segura. Pero, como consideró que la competencia es del Congreso, el procurador le pidió a la Corte que se inhibiera de proferir una decisión y que exhortara al Congreso a regular la IVE.

El concepto de Cabello

El concepto de la actual procuradora, Margarita Cabello, parte de un análisis muy distinto. Para Cabello, el Congreso debe mantener la penalización del aborto y debe regular “el alcance de la prerrogativa de las mujeres de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo ante la configuración de alguna de las causales de aborto despenalizadas en la sentencia C-355 de 2006”.

Carrillo afirmó que es el Congreso quien debe pronunciarse sobre “la regulación integral del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo”

Por eso, el hecho de que Carrillo y Cabello le hayan pedido a la Corte inhibirse de proferir una decisión no significa que coincidan en sus posiciones. El concepto de Carrillo hace un recorrido analítico sobre la evolución del derecho de las mujeres a la IVE en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. En esa perspectiva, el Congreso estaría obligado a garantizar este derecho “en condiciones de cobertura, eficacia, equidad, igualdad y calidad, para asegurar la vida, dignidad, autonomía sobre el cuerpo y libre desarrollo de la personalidad” sin las barreras que hoy persisten.

En cambio, la intervención de Cabello representa una mirada al pasado y una visión regresiva de los derechos sexuales y reproductivos que se queda en ver el aborto como “una prerrogativa”, es decir, como el “privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello”. Esto desconoce los últimos quince años de decisiones de la Corte Constitucional, donde se ha afirmado reiteradamente que la IVE es un derecho.

En otros escritos he señalado que el escenario ideal para dar la discusión sobre el aborto es el Congreso. Si la discusión se da allí, hay mayor probabilidad de prevenir las prácticas clandestinas e inseguras y de dar seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales de la salud, que necesitan reglas claras y bien definidas.

Para Cabello, el Congreso debe mantener la penalización del aborto y debe regular “el alcance de la prerrogativa de las mujeres de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo

Sin embargo, la falta de voluntad y de consenso en Congreso obliga a pensar en la necesidad de que la Corte Constitucional intervenga para delimitar la interpretación de este derecho a la luz de los principios de progresividad y no regresividad. Las mujeres no deben soportar la carga de la desidia del Congreso y, por eso, la Corte debería proferir una nueva decisión que proteja los derechos de las mujeres y garantice el cumplimiento de las reglas que este tribunal ha establecido en los últimos quince años.

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