Hugo Lopez, autor en Razón Pública
Foto: CAS

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Los proyectos de ley sobre experimentación, investigación y educación con animales vivos dejan claro que tenemos dirigentes incapaces de reconocer y proteger la diversidad del país.

Hugo F. López*

Oportunismo político

Este año en el Congreso se han estudiado al menos dos proyectos de ley que pretenden regular la experimentación, investigación y educación con animales vivos: el proyecto 04 de 2023 para Cámara —retirado recientemente— y el 39 de 2023 para el Senado.

Estas son muestras del oportunismo político que se exacerba de tiempo en tiempo y se debe al relieve que han tomado los temas ambientales, la fuerza de la corriente animalista y su incidencia electoral.

El primer elemento que comparten los proyectos es el desconocimiento, voluntario o involuntario, de lo que significan la diversidad biológica y, en este caso, la diversidad faunística del país.

Tal situación a su vez impide una discusión abierta, donde todos los interesados puedan ilustrar sus posiciones y se permita reflexionar para que las decisiones colectivas se basen en buena información.

Por el contrario, se presentan argumentos emotivos y sin fundamentos claros o coherentes que causan confusión y decisiones equivocadas. Por eso creo oportuno presentar algunos elementos que ilustran la incidencia de estos proyectos y otras decisiones del Congreso.

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Conceptos equivocados

El primer elemento que comparten los proyectos es el desconocimiento, voluntario o involuntario, de lo que significan la diversidad biológica y, en este caso, la diversidad faunística del país. Esto se debe al uso indebido de conceptos y definiciones en el articulado de los dos proyectos.

Los proponentes usan el término ‘animal’ para referirse a ‘seres sintientes’. Sin dejarlo explícito parecen aludir únicamente a vertebrados terrestres. Desconocen la mayor proporción de fauna del país y del mundo: los organismos invertebrados, que también pertenecen al reino animal pero que los proponentes parecen considerar como seres no sintientes.

Por otro lado, limitan el término ‘conservación’ a la recuperación de especies en condición de amenaza y no a todas las acciones para disminuir el impacto de la sociedad sobre otras especies y sus ecosistemas. Acciones entre las que deben figurar el control de especies invasoras como los hipopótamos, o la promoción de la estrategia nacional de uso sostenible “conocer, conservar, usar”, establecida en el convenio de diversidad biológica que Colombia adoptó desde 1994.

Una mirada exclusivamente urbana

Además ambos proyectos comparten el referirse apenas a los contextos urbanos, desconociendo la heterogeneidad ambiental, social y cultural del país.

Aunque lamentable, ese enfoque tiene cierta lógica: los congresistas que presentaron esos proyectos fueron elegidos por la suscripción electoral de Bogotá, donde cada día aumenta la interacción entre humanos y animales domésticos, con todos los matices que esto implica.

De otra parte y desde la misma visión urbana, las interacciones con los animales silvestres son asociadas con delitos ambientales, como el tráfico de fauna silvestre y el cautiverio. El maltrato y las deficiencias en el bienestar animal se resaltan en abundantes notas periodísticas. Esto aumenta la empatía y el apoyo hacia estos proyectos, pese a su visión limitada.

Mientras tanto las áreas rurales alrededor de las grandes ciudades tienen poca población y pocos votos, pero allí la interacción con la fauna silvestre y doméstica es totalmente distinta. Y aunque algunas de estas prácticas culturales han garantizado la supervivencia de muchos colombianos, en la ciudad son tildadas de maltrato animal.

Básicamente estos proyectos estarían violando varios derechos constitucionales y formas de uso reconocidas en la legislación vigente para pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Por ejemplo, el uso directo de fauna silvestre en épocas de abundancia de ranas y el consumo de huevos o individuos de tortugas.

La diferencia proviene de las distintas perspectivas y las formas de habitar el territorio.  En este caso es necesario reconocer tanto el manejo integral de territorios que han sido habitados durante milenios como el seguimiento o monitoreo que han realizado desde hace varias décadas los biólogos, sociólogos y antropólogos de entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Este seguimiento se ha hecho para garantizar la conservación cultural y ecológica a partir de decisiones autónomas en el manejo cultural y técnico de las especies importantes para su seguridad alimentaria.

Proyectos inviables

La diversidad biológica —el uso y conservación— se ha convertido en una “diversidad incómoda” para los legisladores, quienes han intentado eliminar uno de los pilares de nuestra condición de país megadiverso: la educación e investigación en biodiversidad.

Estos son dos pilares esenciales para la bioprospección, el uso sostenible y la construcción del inventario básico de nuestra biodiversidad, que va desde genes hasta ecosistemas.

Somos varios los profesionales que recolectamos, inventariamos, marcamos, cuantificamos y tratamos de conocer, conservar y usar las diferentes especies de fauna y sus hábitats de la manera más ética y profesional en el marco de la legislación existente.

Sin embargo, los proyectos de ley eliminarían elementos básicos en la formación de biólogos, ecólogos o veterinarios, entre otros, con competencias para el contexto nacional, sin ahondar en todas las investigaciones y emprendimientos que puedan involucrar fauna silvestre o doméstica.

Finalmente, el proyecto de ley 39 del Senado dice que creará un Consejo Nacional de Investigación con Animales (CONIA). Pero teniendo en cuenta las deficiencias conceptuales y de contexto y la historia burocrática en el país, no resolverá ninguno de los problemas detectados.

Por el contrario, sería un requisito que dificultará la educación, investigación y gestión de la fauna silvestre y los animales domésticos. En este momento en una prioridad fortalecer y divulgar las funciones y tareas de los instrumentos ya existentes, como los Comités Interinstitucionales de Cuidado y Uso de Animales (CICUA), los comités de ética y el Sistema Nacional Ambiental para el caso de animales silvestres.

Estos y otros son los motivos de los duros pronunciamientos de consejos profesionales, personal académico, vicerrectorías de investigación de varias universidades públicas y profesionales de diferentes disciplinas para que los proyectos sean retirados.

El que calla otorga

Lamentablemente los pronunciamientos mediáticos y contestatarios de las redes sociales han dejado atrás o han silenciado las propuestas, posiciones y trabajos de los institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el Instituto Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR),  el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientas (IDEAM). También los de universidades y organizaciones no gubernamentales, que con el silencio o pasividad han permitido la homogenización y simplificación de la gran diversidad biológica y cultural de Colombia.

Foto: Centro de Información Manizales - La posición de algunos representantes a la Cámara se ve limitada por su relación con el aumento en la interacción entre humanos y animales domésticos.

es necesario reconocer tanto el manejo integral de territorios que han sido habitados durante milenios como el seguimiento o monitoreo que han realizado desde hace varias décadas los biólogos, sociólogos y antropólogos de entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Algunas iniciativas y compromisos del Estado, como la Política de Bienestar Animal, pueden llegar a ser un ejemplo de otra forma de construir país, basadas en argumentos y en el fomento de espacios de discusión y comprensión de las diferencias.

Algunas decisiones recientes aumentan la deuda con la conservación de la naturaleza, el uso cultural y los `proyectos de uso sostenible que se vienen adelantando. Por ejemplo, la prohibición de la caza y pesca deportiva, impedimentos para la zoocría de algunas especies de ranas, aves o del caimán aguja en Cispatá, o el uso de las herramientas jurídicas que han limitado el control de especies invasoras.

Lamentablemente, estas situaciones han sido permitidas en parte por la inacción o lentitud del poder ejecutivo. Es hora de que las iniciativas animalistas y proteccionistas entiendan la necesidad de un diálogo abierto que permita incluir los conocimientos, beneficios y responsabilidades que significa habitar un país megadiverso.

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Hugo Lopez

Escrito por:

Hugo Lopez

*Biólogo de la Universidad Nacional con maestría en Conservación y manejo de vida silvestre de la Universidad Nacional en Costa Rica y Doctor en Ciencias del Instituto de Ecología, Inecol, México.

ISSN 2145-0439

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