#LeyLleras2: necesidad de un nuevo equilibrio entre derechos

Debate de alto voltaje

El pasado miércoles 23 de enero, la Corte Constitucional declaró inexequible la totalidad de la ley 1520 — conocida en los medios masivos como #LeyLleras2 — por vicios de trámite.

En los últimos años hemos visto alrededor del mundo varias movilizaciones en contra de leyes y propuestas similares a la Ley Lleras.   Foto: germanvargasllerasmij.blogspot.com

Para comprender el significado de esta decisión y cuál es el estado del debate sobre derechos de autor, libertades civiles e Internet, es necesario conocer el contexto, los intereses y las implicaciones del fallo. Finalmente, daremos un vistazo al panorama de mediano plazo de esta interesante controversia pública.

Dos a cero

Durante los últimos años — en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos — Colombia ha venido modificando su legislación   sobre derechos de autor:

• En abril de 2011, el gobierno en cabeza del ministro Germán Vargas Lleras presentó el proyecto de ley 241 de 2011, la conocida #LeyLleras, que establecía la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet en infracciones a los derechos de autor. Este proyecto se archivó en segundo debate en noviembre de 2011. La ponencia de archivo — aprobada por unanimidad — es una defensa de la libertad de expresión y de la necesidad de equilibrar en Internet los intereses particulares y los sociales. Primer round: ganado.
• El 21 marzo de 2012 se presentó con mensaje de urgencia el proyecto 201 del Senado, para cumplir los compromisos adquiridos por el TLC con Estados Unidos en materia de derechos de autor. Este proyecto fue aprobado y sancionado por el presidente el 13 de abril de 2012, para convertirse en la ley 1520 de 2012 ó #LeyLleras2.
• Durante las semanas siguientes se presentaron varias demandas ante la Corte Constitucional. Las principales fueron la del senador Robledo que impugnaba toda la ley por vicios de trámite, junto con la del senador Romero que impugnaba varios artículos. Las demandas fueron admitidas en junio luego de varias intervenciones ciudadanas.
• El miércoles de esta semana (23 de enero) la Corte respondió la primera demanda, aceptando que hubo vicios de trámite. Esta decisión invalida la totalidad de la ley. Aunque falta conocer la sentencia, el comunicado de la Corte indica que la norma no debió tramitarse en la Comisión Segunda, encargada de relaciones internacionales, sino en la Comisión Primera, que tiene competencia sobre los temas de propiedad intelectual y derechos, garantías y deberes. La implementación de un acuerdo internacional como el TLC no puede tramitarse como un asunto internacional si lo que va a modificar son derechos.  Segundo round: ganado. 

Los dos bandos

El fallo de esta semana revive el tema de los intereses que se juegan tras los intentos de regular el Internet de esta manera.

No sorprendería si aparece otro proyecto de ley con carácter de urgencia, como la #LeyLleras2, una suerte de #LeyLleras3, que debería ser sancionada en mayo de este año.   Foto: www.flickr.com

-El primer interés manifiesto: la denominada industria cultural de Estados Unidos, que ha hecho un lobby constante para extender la explotación comercial de obras que siguen dándoles lucro y sin considerar los cambios introducidos por las tecnologías digitales: los nuevos modelos de creación, producción, distribución y consumo que permite Internet.

Esta situación no es nueva ni es local. En los últimos años hemos visto varias movilizaciones en contra de leyes y propuestas similares: la Ley Sinde-Wert en España, la Ley Hadopi en Francia, los proyectos de ley SOPA y PIPA en Estados Unidos que quedaron sin apoyo gracias a la presión ciudadana y el ACTA y TPP, dos acuerdos comerciales que han sufrido duros reveses en el último año, gracias a la presión constante de la ciudadanía.

Estas leyes, tratados o acuerdos comerciales se proponen mantener el monopolio cultural y extender los tiempos de protección del derecho de autor, lo que en la práctica lleva a imponer trabas a la creatividad y a la innovación, aun cuando supuestamente busquen lo contrario. En últimas, estas leyes buscan mantener el negocio multimillonario de las llamadas industrias culturales.

– Por otro lado, la defensa de Internet — que se extiende a mantener mecanismos de comunicación y participación abiertos para todos, a preservar los derechos civiles en línea, y a proteger la libertad de expresión y acceso a la información — se ha movido sobre varios frentes:

• Uno, la naciente industria asociada con el sector de innovación en tecnología e Internet, que hace contrapeso a la industria del entretenimiento. Ahí encontramos a Google y otras empresas que se sumaron a la batalla contra SOPA y PIPA en Estados Unidos.
• Dos, el frente de las fundaciones creadas gracias a Internet, como Mozilla, WordPress y Wikimedia, cuyo soporte es la propia infraestructura de la red, con presencia local a través de grupos de usuarios y desarrolladores, que utilizan software libre, donde prima la economía de servicios y no la venta de licencias.
• Tres, el de un conjunto de fundaciones o entidades de la sociedad civil que abiertamente defienden la causa de un Internet libre, el acceso al conocimiento y los derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge, Access Now y otras más locales: en Colombia, la Fundación Karisma, VíaLibre en Argentina, Derechos Digitales en Chile, que han llevado el activismo político a los nuevos medios, tejiendo alianzas y redes.
• Por último está el frente de los millones de internautas que han encontrado en la red un espacio para participar, para comunicarse e incidir en la vida política y social. En este frente podemos hablar de colectivos de usuarios que participan de manera más o menos organizada. Localmente en Colombia, se creó RedPaTodos. 

Un asunto complicado

Muchos gobiernos — bajo la influencia del gigantesco lobby de la industria cultural y bajo presión extranjera — han tratado de regular Internet, lo cual incluye temas muy complejos que deben ser mirados en conjunto para poder equilibrar los intereses comerciales de las distintas industrias involucradas — por lo demás, perfectamente legítimos — y los intereses de la sociedad, que abarcan derechos civiles, como la libertad de expresión, el libre acceso a la información, la privacidad y la seguridad. A este coctel se agrega otro ingrediente: la extrema complejidad de los asuntos técnicos que debe incluir cualquier regulación sobre Internet. Es claro que los gobiernos no la tienen fácil, pues resulta imposible tener a todos contentos.

Los intereses de los involucrados — empresas, sociedad civil y gobierno — no son constantes ni estáticos; no siempre tienen posiciones unificadas ni sus alianzas coinciden en cada punto. Ven en Internet una amenaza o una oportunidad, según cómo valoren la existencia de una red de distribución de contenidos altamente descentralizada y al alcance de un clic.

Lo inteligente es hablar

Por todo este entramado de intereses, se ha pedido insistentemente a los gobiernos que se considere dialogar con todos los actores antes de presentar proyectos que pretendan regular Internet, de forma que puedan manifestarse los distintos intereses y – más importante aún- las consecuencias reales de la regulación, para poder llegar a consensos.

Cada vez tienen más peso en la discusión colectivos de usuarios que participan de manera más o menos organizada.    Foto: www.current.com

Dado que esta recomendación no se escuchó en Colombia al preparar los proyectos de ley ya mencionados, no resulta sorprendente la inmediata y creciente reacción de descontento  en las redes sociales, un hecho que escaló rápidamente a los medios de comunicación y de ahí saltó a la escena pública.

Tras los debates del Congreso — que no suelen pasar de diálogos de sordos — si los proyectos no se hunden bajo la presión social y resultan aprobados, por lo general a pupitrazo limpio, el último recurso consiste en demandar la ley ante la Corte Constitucional, que es garante de los intereses de la sociedad y tiene la última palabra.

En el caso de la #LeyLleras2, esta fue precisamente la estrategia utilizada.

Consecuencias previsibles

Una vez conocido el comunicado de la Corte, pero no todavía el texto de la sentencia, se pueden inferir algunas implicaciones evidentes:

• La primera tiene que ver con el avance en la “implementación” del TLC con Estados Unidos. Para entrar a funcionar, el tratado requería que se ajustaran las leyes colombianas, respetando eso sí el marco jurídico local.

Las responsabilidades de los proveedores de servicios en Internet (ISP), tema regulado en la primera #LeyLleras y las modificaciones a la ley de derechos de autor – #LeyLleras2 –, hacen parte de estos requisitos.

Al quedar archivada la primera, hundida la segunda y a punto de vencerse el plazo de un año concedido en el TLC, el gobierno presionará para hacer aprobar otra ley a las carreras.

Sin embargo Perú — que tiene en funcionamiento un tratado similar y más antiguo aún sin leyes de “implementación” en este campo — y Chile – — donde se han tomado el tiempo necesario para una amplia discusión antes de modificar sus normas –   constituyen evidencia para probar que el argumento del “incumplimiento” solo es un pretexto.

• La segunda implicación es más política. Internet y las leyes que lo regulan se están convirtiendo en un problema serio para los gobiernos, los legisladores y ahora para las cortes. La creciente atención que el tema logra atraer en las redes sociales, sumada a unos ciudadanos cada vez más activos, pone a quienes presentan estos proyectos en la picota pública.

No resulta gratuito, por ejemplo, que se haya bautizado a estas dos iniciativas en Colombia con el segundo apellido de Germán Vargas, quien inicialmente promovió el proyecto y participó en su trámite. Y todos quienes defienden este tipo de proyectos son objeto de acusaciones y burlas en las redes sociales. El costo político es elevado.

• Una tercera implicación, mucho más interesante, tiene que ver con el fenómeno creciente de participación ciudadana en el ciberespacio y con su incidencia en la legislación. La red es una auténtica ágora virtual, que facilita la defensa y el ejercicio de derechos y por tanto ha servido en los últimos años como plataforma para la organización y el intercambio de opinión.

Internet ha dejado de ser un simple medio de comunicación para permitir otros niveles de participación. Esto hace que los interesados en los temas de Internet demanden cada vez más información de fuentes primarias y crean menos en los medios tradicionales.

Con frecuencia son los ciberciudadanos quienes producen noticias y opiniones, que luego los medios se ven forzados a replicar. Desde esta perspectiva, resulta preocupante que los gobiernos y los legisladores no valoren aún el enorme potencial de participación de las redes sociales.

Los usuarios de Internet ya no son televidentes pasivos, fácilmente manipulables. La presión y la expectativa ante el fallo de la Corte y la reacción en los medios ponen en evidencia este fenómeno creciente en Colombia.

Un panorama optimista

Para hablar de lo que se avecina, plantearé los escenarios de corto, mediano y largo plazo  que alcanzamos a vislumbrar:

• En lo inmediato, debido a los acuerdos previos adquiridos con Estados Unidos para lograr el TLC, es de prever una fuerte presión con el fin de disponer rápidamente de normas que reglamenten el derecho de autor en Internet, incluyendo el tema de responsabilidades de los ISP.

No me sorprendería si aparece otro proyecto de ley con carácter de urgencia, como la #LeyLleras2, una suerte de #LeyLleras3, que debería ser sancionada en mayo de este año, para no incumplir los compromisos del TLC.

Esta vez, el gobierno tendrá que radicarla ante la Comisión Primera, pero esta vez  cabría esperar que el proyecto se discuta previamente so pena de volver a movilizar por Internet a los detractores de la iniciativa.

Algunos afirman que existe otra opción: para evitar el trámite en el Congreso y poner las nuevas normas en vigencia inmediata, la Dirección Nacional de Derechos de Autor asumiría el procedimiento a título administrativo y a través de un decreto.

Esta opción corre un serio riesgo de ilegalidad: el tema en discusión exige encontrar el necesario equilibrio entre derechos fundamentales, algo que solo puede ser discutido en el Congreso.

• A mediano plazo, también resultan previsibles múltiples escaramuzas, pues la batalla de las industrias culturales continuará y falta mucho para que se agote la discusión de fondo sobre el abuso del sistema legal de derechos de autor frente a otros derechos fundamentales.
• A largo plazo, será inevitable la desaparición del modelo actual de monopolio de explotación exclusiva de los derechos de autor. Se impondrán los nuevos modelos de creación, producción, distribución y consumo que instaura Internet.

La velocidad de cambio de las tecnologías y la evidencia creciente del daño que causa el exceso de proteccionismo a la innovación llevarán incluso a cambios profundos en la forma de percibir el valor de los productos culturales.

Las legislaciones no podrán mantenerse eternamente en contravía de los intereses de la sociedad ni seguirán defendiendo a los poderosos. Mantener abiertas de forma artificial las brechas para acceder a la cultura y al conocimiento por el simple afán de lucro de unos cuantos ya no será posible en un país que necesita transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

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* Docente universitaria, consultora en temas de educación y tecnología. Actualmente investigadora en temas de cultura libre en la fundación Karisma. 

Pilar Sáenz *