Viviana Garcia - Jose Salguero, autor en Razón Pública
Foto tomada de: Facebook: Daniel Noboa

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Foto tomada de: Facebook: Daniel Noboa

La crisis de Ecuador es otra muestra de los retos de seguridad que enfrenta América Latina. Estas han sido las medidas adoptadas por los gobiernos, y estos los puntos fuertes —y los débiles— de la llamada “mano dura”.

Viviana García Pinzón* y José Salguero**

Una crisis permanente

Hablar de una crisis de seguridad parece ser inapropiado si se considera la persistencia histórica de los retos que ha enfrentado la región latinoamericana. La erosión de la cultura democrática no ha sido abrupta. El aumento de la presencia militar en seguridad pública o la seducción caudillista tampoco son paradigmas inéditos.

Sin embargo, el grave deterioro de la situación en Ecuador y la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa parecen marcar una nueva etapa en la persistente crisis de seguridad en la región.

La exacerbación de la violencia criminal en un país que hasta hace poco era percibido como seguro y estable se da en el contexto de recesión democrática y el recrudecimiento de las voces que piden acudir a los modelos de seguridad de línea dura y a la militarización.

El caso de Ecuador se suma al aumento de la percepción de inseguridad y temor a la violencia del crimen organizado en la región. En Chile, por ejemplo, una encuesta reporta que 54% de las personas considera que es muy probable que en el país  suceda una situación similar a la de Ecuador.

Frente a la idea de que la violencia y el poder del crimen organizado se salieron de las manos, una parte de la población está dispuesta a apoyar medidas de corte Bukelista o sea de renunciar a las garantías democráticas a cambio de pacificación coercitiva.

el mito de efectividad inmediata en una respuesta de mano dura que se quiere exportar desde El Salvador pierde sentido al considerar el papel de las negociaciones clandestinas con las maras que llevó a cabo Nayib Bukele

Para los gobiernos, preocupados por los resultados electorales, recurrir a la militarización y el fortalecimiento del Estado penal resulta más efectivo que comprometerse con reformas a las instituciones estatales y transformaciones en el régimen prohibicionista de drogas.

Por eso creemos importante reparar las experiencias de la región en los últimos años,  y sobre todo en esta coyuntura, cuando la fiebre carcelaria y los regímenes de excepción se han presentado como una alternativa atractiva y efectiva.

Facebook: Andrés Manuel López Obrador El presidente de México, Manuel López Obrador, ha profundizado la política de militarización y pretende que sea modelo de gobernanza y control social.
Foto tomada de: Facebook: Andrés Manuel López Obrador El presidente de México, Manuel López Obrador, ha profundizado la política de militarización y pretende que sea modelo de gobernanza y control social.

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México, El Salvador y Honduras

En contravía de sus promesas de campaña, el presidente Manuel López Obrador no solo ha intensificado la militarización, sino que ha hecho esfuerzos para consolidarla como modelo de gobernanza y control social.

México reporta una disminución en las torturas, desapariciones forzadas y secuestros durante los últimos años, así como una disminución marginal en las cifras de homicidio.  Pero la capacidad de violencia, operación y control de los grupos de crimen organizado se mantiene, así como sus estrechos vínculos con la política local y nacional. Igualmente, según las estadísticas, crímenes como la extorsión han seguido aumentando. A esto se suma la agudización de otras formas de conflicto y violencia, frecuentemente invisibilizadas por la narrativa de guerra contra el narcotráfico; notablemente, los conflictos socio-ambientales y de acceso a la tierra.

De esta, manera el caso mexicano muestra cómo la mejora en algunas cifras está lejos de representar un cambio contundente en las condiciones de seguridad de la población. Si bien la efectividad de la militarización en términos de reducción de violencia es dudosa, su efecto corrosivo en el sistema democrático mexicano es un hecho incontestable.

En El Salvador, la elección de Nayib Bukele en junio de 2019 representaba una esperanza de cambio profundo; no en menor medida por su juventud y encendida retórica contra los partidos políticos tradicionales.

En enero de 2024, sin embargo, frente a su casi inminente reelección inconstitucional en los comicios del próximo 4 de febrero (primeros en ser celebrados bajo un régimen de excepción desde el tiempo de las dictaduras militares) cualquier esperanza en que ese cambio sería uno de fortalecimiento democrático se ha evaporado.

Según un reciente reporte de InSight Crime, las pandillas han sido desarticuladas y su ausencia operativa en los territorios es una realidad que hubiera sonado imposible tan solo hace dos años. Sin embargo, la reducción en términos de tasas de homicidios y extorsiones no puede entenderse sin evaluar el recrudecimiento paralelo de otras formas de violencia.

Reportes de desaparición forzada, torturas en cárceles, arrestos arbitrarios, acoso a medios de comunicación y demás violaciones de derechos humanos en manos de agentes de seguridad, construyen la imagen de una ciudadanía que por primera vez en décadas puede transitar libremente sin la amenaza constante de acoso por pandillas.

A pesar de eso, al mismo tiempo esa ciudadanía busca ignorar las alarmas de abusos y concentración de poder en manos de instituciones del Estado y, principalmente, el presidente Bukele.

Por ahora, El Salvador parece levantar en sus hombros al dictador más ‘cool’ del mundo quien, a manera personal, parecería haber resuelto el problema de la seguridad en el país. Sin embargo, persiste la pregunta sobre los costos de este modelo para un país con la tasa carcelaria más grande del mundo, así como su sostenibilidad a largo plazo.

Xiomara Castro declaró el régimen de excepción en diciembre de 2022, en una movida que pareciera acercarla a su homólogo salvadoreño. Durante su campaña electoral, Castro había prometido la participación de las comunidades para garantizar seguridad pública, la reducción del rol del ejército en la materia y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la compleja realidad del combate al crimen en medio de una creciente oposición y presiones desde distintos sectores políticos y sociales impulsó un giro hacia las políticas de seguridad represivas.

A diferencia del caso de El Salvador, Honduras no tiene mucho que mostrar por su estrategia punitiva. La lucha contra las pandillas ha resultado en una expansión de violencia fuera de los lugares tradicionales de concentración de actividad criminal, Tegucigalpa y San Pedro Sula; y los ataques contra ciudadanos han continuado ininterrumpidos durante 2023.

Desde una mirada comparada, se puede decir que uno de los factores indispensables para comprender la aparente efectividad en El Salvador, opuesta al fracaso en Honduras, es el rol que han jugado las estructuras criminales mismas.

Algunos reportes sugieren que la desarticulación criminal en El Salvador está asociada a los posibles acuerdos del gobierno nacional con los liderazgos de las pandillas en procesos de negociación que Bukele entabló, incluso desde antes de llegar a la presidencia.

En otras palabras, la aparente pasividad y falta de respuesta armada por parte de las pandillas puede estar parcialmente influida por decisiones tomadas por los líderes de las estructuras criminales. En contraste, en Honduras no hay evidencia de un tipo de acercamiento similar entre los liderazgos de las pandillas y el gobierno.

Lecciones e interrogantes

Dos modelos ideales están en pugna en la coyuntura de seguridad actual en la región.

Por un lado, la de extrema mano dura y rechazo al Estado de Derecho encabezada por Nayib Bukele. Por el otro lado, la propuesta de ‘paz total’ del presidente Petro, que, al menos en teoría, promueve la negociación abierta con los grupos armados no estatales y una visión basada en la seguridad humana.

Frente a la idea de que la violencia y el poder del crimen organizado se salieron de las manos, una parte de la población está dispuesta a apoyar medidas de corte Bukelista o sea de renunciar a las garantías democráticas a cambio de pacificación coercitiva.

Entre estos polos, creemos que la construcción de la “paz total” se beneficiaría de una revisión minuciosa de los casos de Honduras y México. Es importante considerar cómo la ilusión de un giro progresista en el ejecutivo puede ser truncada por una inefectiva respuesta a las demandas ciudadanas inmediatas. Aún más en un contexto de transformación y aumento de la violencia como el que experimenta Colombia.

Además, el mito de efectividad inmediata en una respuesta de mano dura que se quiere exportar desde El Salvador pierde sentido al considerar el papel de las negociaciones clandestinas con las maras que llevó a cabo Nayib Bukele a través de varios funcionarios de su gobierno.

Todo parece indicar que la falta de opciones democráticas para resolver graves problemas de seguridad es una narrativa construida para justificar la concentración de poder político.  Finalmente, la situación en Ecuador y la respuesta del gobierno con medidas de línea dura —a pesar de su demostrado fracaso—- reiteran la urgencia de nuevos enfoques que abran alternativas distintas de la pacificación coercitiva. Encontrar un camino distinto del aumento de la represión y la militarización para hacer frente a la violencia es un imperativo para la democracia de América Latina.

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Viviana Garcia - Jose Salguero

Escrito por:

Viviana Garcia - Jose Salguero

* Ph. D. en Ciencia Política con énfasis en estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo. Investigadora del Instituto Arnold Bergstraesser (Friburgo) en el marco de la red de investigación “Jerarquías Poscoloniales en Paz y Conflicto” e investigadora asociada al Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán para Estudios Globales y de Área (GIGA).@vivigarciap. **Docente y Candidato a Ph.D en Sociología de la Universidad de Marburgo. Investigador asociado del programa “Democratización de la Seguridad en Tiempos Turbulentos” organizado por la universidad de Hamburgo. Representante del grupo de jóvenes investigadores de la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina ADLAF y becario de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

ISSN 2145-0439

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