Luis Fernando Munera C SJ, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Bogotá

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El Congreso aprobó en primera instancia el impuesto a las iglesias. ¿Cuál debe entonces ser la relación entre iglesias y Estado en una sociedad democrática? ¿Cómo funcionaría este impuesto?

Luis Fernando Múnera C., SJ*

El impuesto y su contexto

En el primer debate sobre la reforma tributaria se aprobó un impuesto de renta del 20% a las Iglesias, que gravaría actividades económicas por fuera de las asociadas “al oficio religioso, al culto, al rito, a prácticas que promuevan el apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social, o actividades de educación o beneficencia”.

Para evaluar el sentido y conveniencia de esta reforma, es necesario remitirse al tema más general de las relaciones entre el Estado y las religiones organizadas en una sociedad moderna.

Las posturas que aquí expongo se inspiran en los trabajos de John Rawls, Liberalismo Político (México, Fondo de Cultura Económica, 1995) y de Jürgen Habermas “La religión en la esfera pública; los presupuestos cognitivos para el «uso público de la razón» de los ciudadanos religiosos y seculares”; en Entre naturalismo y religión (Barcelona, Paidós, 2006, pp. 121-155).

Estado de derecho y pluralismo

En Colombia podemos decir que la Iglesia Católica, a la que pertenezco, y la generalidad de las iglesias cristianas no católicas y confesiones de otros credos, reconocemos la existencia de un país pluralista donde distintas doctrinas religiosas y no religiosas, estamos llamados a vivir y a participar de la construcción del bien común, en el respeto a la pluralidad de formas y opciones de vida, dentro de las instituciones de un Estado democrático constitucional.

El Estado, imparcial pero respetuoso de los valores democráticos, ha de garantizar la libertad de consciencia y de cultos.

Una relación constructiva

La construcción de una Colombia moderna, incluyente y democrática y la fortaleza de la religión no es una ecuación de suma cero donde uno de los dos extremos solo pueda avanzar en detrimento del otro. Se puede pensar una relación de cooperación y respeto en la que las Iglesias aprenden de los valores de la sociedad democrática y la sociedad democrática, por su parte, aprende de la vitalidad espiritual y moral de las Iglesias.

Las Iglesias con sus fieles promueven doctrinas comprensivas que buscan responder a las preguntas hondas del ser humano sobre el origen y el valor de la vida, el sentido de la muerte y la esperanza de una vida trascendente, el mundo recibido como una creación de Dios. Estas doctrinas dan a los creyentes un sentido para su vida, construyen comunidad, proporcionan experiencias de crecimiento y espiritual personal y ponen al ser humano en relación con el misterio y el absoluto. Desde nuestras propias convicciones y lenguajes hablamos a nuestros creyentes y les proponemos un modo de vida acorde con nuestra esperanza y nuestros valores.

Las iglesias construyen sociedad

Las Iglesias como instituciones y los ciudadanos creyentes se ven motivados a la solidaridad y a la construcción de sociedad desde los más diversos lugares y experiencias.

Las iglesias y sus comunidades de creyentes contribuyen a la sociedad desde las experiencias locales de caridad con los más pobres, hasta las tareas y obras educativas, el trabajo en el área de la salud, el apoyo a las personas privadas de la libertad y sus familias, el cuidado de niños y ancianos, etc., algunas muy significativas para la vida y el desarrollo del país. Es muy difícil intentar una enumeración y catalogación del trabajo de promoción humana y espiritual que se hace desde las iglesias a lo largo y ancho de Colombia.

Dentro del esfuerzo que la sociedad colombiana viene haciendo desde hace décadas por la construcción de la paz con miras a la reconciliación, no puede negarse la labor que vienen jugando las Iglesias. El trabajo humanitario y espiritual con las poblaciones víctimas del conflicto, el cuidado de la memoria de las víctimas, la construcción de paz desde abajo donde se acompañan comunidades en sus procesos de resistencia y alternativas de vida, la participación en el espacio público desde la mediación y la facilitación.

El modelo de tributación que se propone parece inspirado en las entidades sin ánimo de lucro con sus actividades “meritorias”, aquellas que responden al fin de las entidades y otras “no meritorias”, que serían susceptibles de generar renta gravable.

Toda la sociedad colombiana, no solo los ciudadanos creyentes, debemos reconocer el aporte al patrimonio cultural, espiritual e incluso material de la nación que han hecho las Iglesias a lo largo del tiempo. Su lugar en la sociedad se ha labrado con el trabajo de muchas mujeres y hombres que desde sus convicciones religiosas han trabajado en distintos frentes de la sociedad.

Una lectura de la historia encontrará también errores, particularmente cuando las Iglesias se han ligado estrechamente al poder político. La separación entre la Iglesia y el Estado ha permitido a las iglesias encontrar con más libertad su papel como parte de una sociedad civil responsable de la construcción de la sociedad.

Debate con argumentos

En las sociedades democráticas, los ciudadanos creyentes y las instituciones religiosas nos vemos llamados a argumentar en el espacio público desde las reglas de las sociedades democráticas, lo que lleva muchas veces a traducir nuestros argumentos a los argumentos propios del debate democrático.

El punto focal de este principio de razonabilidad que se exige a las Iglesias son los principios de justicia y la construcción del bien común, como están plasmados en el acuerdo constitucional.

Para no caer en una asimetría con los ciudadanos seculares que no son afines al discurso religioso, habría que preguntarse si no se puede pedir el respeto por las convicciones religiosas, que no son reliquias del pasado, ni producto de la irracionalidad o la superstición, sino que tienen un potencial de sabiduría y de sentido y que provienen también de la actividad espiritual y racional de los seres humanos.

Es desde esta actitud de mutuo respeto y de construcción colectiva del bien común en una sociedad pluralista, desde donde los ciudadanos podemos debatir temas que tocan a la sensibilidad religiosa, como el impuesto que se propone para las Iglesias en la reforma tributaria.

Una discusión serena, que no despierte falsos conflictos, sino que, nos ponga a todos a remar juntos en la misma barca de un país que necesita el concurso solidario de todos. Es más saludable pensar juntos desde el paradigma de la cooperación que desde la desconfianza y la sospecha mutua.

¿Impuesto a las Iglesias?
Foto: Alcaldía de Bogotá - El Estado, imparcial pero respetuoso de los valores democráticos, ha de garantizar la libertad de conciencia y de cultos.

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El impuesto y sus problemas

El modelo de tributación que se propone parece inspirado en las entidades sin ánimo de lucro con sus actividades “meritorias”, aquellas que responden al fin de las entidades y otras “no meritorias”, que serían susceptibles de generar renta gravable.

El principio parece sensato, pero en su aplicación puede haber bastantes dificultades.

Quienes hemos podido participar de las juntas directivas de las fundaciones sin ánimo de lucro nos vemos obligados a menudo a consultar expertos para aprobar o no los proyectos que se nos proponen para usar los excedentes. Hay una gran aprehensión por cometer errores de este tipo frente a la DIAN que pongan en riesgo las instituciones y sus precarios patrimonios. Las organizaciones pequeñas, que trabajan en las zonas apartadas del país se ven a menudo en aprietos de este tipo.

La aplicación de las normas que se proponen, donde aquello que hace parte del culto, la educación y la beneficencia puede ser sometido a interpretaciones me parece que puede llevar a situaciones complejas. ¿Qué pasa con aquellas actividades que se hacen para apoyar a otras?, ¿cuáles son los límites entre “beneficencia” y otras actividades?

Pongamos un ejemplo: un grupo de señoras voluntarias recoge ropa usada, la arregla y la vende a bajo costo en un ropero parroquial; el dinero allí obtenido se usa para apoyar un comedor comunitario para los indigentes del sector. ¿La actividad de venta de ropa deberá pagar impuestos de renta? ¿Cómo manejar estas organizaciones de solidaridad que hacen distintas actividades para recoger fondos?

Este tipo de medidas, cuyos principios pueden ser sensatos, tienen que ser muy cuidadosas en su reglamentación y finas en su aplicación. No podemos olvidar que el valor que sostiene el tejido social es la confianza y el legislador debe cuidar no romper y deteriorar más un tejido ya frágil en una sociedad tan dividida.

En síntesis, considero que este tipo de medidas merecen una discusión serena y sin prejuicios, no es un triunfo de nadie generar o rechazar un gravamen para las Iglesias. Hay que evaluar con cuidado si los beneficios de lo que se propone justifican sus costos y si no estamos desviando la atención de lo fundamental: una política tributaria de corte más progresivo que promueva la redistribución, la solidaridad, la confianza y la prosperidad social.

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Luis Fernando Munera C SJ

Escrito por:

Luis Fernando Munera C SJ

* Doctor en Filosofía del Centre Sèvres-Facultades Jesuitas, París. Licenciado en Filosofía y teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

ISSN 2145-0439

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