Ya existe el equilibrio de poderes - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno Ya existe el equilibrio de poderes

Ya existe el equilibrio de poderes

Escrito por Juan Pablo Milanese
Juan Pablo Milanese

Juan Pablo MilaneseLa política es el juego de pesos y contrapesos que se ponen mutuamente los actores que ejercitan el poder. Esto es exactamente lo que hoy pasa en Colombia, y por tanto la “reforma de equilibrio de poderes” puede ser inocua o acabará en tablas. 

Juan Pablo Milanese*

https://razonpublica.com/wp-content/uploads/2015/05/juan_milanese_equilibrio_poderes_plenaria_senado.jpg

Competencia por un poder compartido

La democracia implica que las mayorías tengan el poder de decidir, pero esto no excluye el uso de instrumentos moderadores, que están presentes tanto en su versión liberal (las libertades civiles que no pueden ser violadas por las mayorías) como en su versión  republicana (control recíproco entre las Ramas del poder público). De hecho, estos instrumentos moderadores son indispensables para la existencia y funcionamiento de la democracia.

Ahora bien: parte importante del capital político del segundo gobierno Santos se ha invertido en la llamada “reforma de equilibrios de poderes”, que está cerca de completar su trámite en el Congreso. En este artículo pretendo combinar una reflexión general sobre la idea de la separación de poderes con un breve análisis de la coyuntura nacional.

Comienzo por examinar la idea de separación de poderes utilizando como referencia el Artículo 113 de la Constitución colombiana, según el cual "(…) los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas que colaboran armónicamente para la realización de sus fines".

En vez  de “colaboración armónica entre los poderes estatales”, “instituciones separadas que compiten por el poder compartido”.

Esta es una afirmación elegante y propia de un texto solemne como ha de ser una Constitución, pero muy alejada de la realidad de cualquier régimen democrático. Por eso mismo sería más pertinente apelar a la expresión del profesor Charles Jones quien, en vez  de “colaboración armónica entre los poderes estatales”, habla de “instituciones separadas que compiten por el poder compartido”.

El jurista y director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), Rodrigo Uprimny.
El jurista y director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
(DeJuSticia), Rodrigo Uprimny.
Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Realismo político

En efecto: el modelo que hoy inspira la separación y el equilibrio de poderes en buena parte del mundo occidental (originariamente diseñado por los redactores de la Constitución de 1776 en Estados Unidos) no parte de la idea de la concordia. Por el contrario, se basa en una actitud  relativamente pesimista que nace de la experiencia y de saber que los cálculos egoístas suelen primar en la vida política, sin hacerse ilusiones utópicas.

La armonía es un estado de cosas que en realidad no se conoce en el mundo político, aunque tampoco podría decirse que todas las relaciones de poder conlleven un conflicto. El poder se manifiesta en transacciones entre actores que pretenden maximizar sus preferencias o minimizar el impacto negativo que sus antagonistas puedan tener sobre ellas.

Por eso es necesario desmitificar y redimensionar la conducta virtuosa que en teoría suele ser esperada de los dirigentes políticos -sin llegar a afirmar que no existan líderes con esta  virtud o que no debamos reclamarla, incluso cuando no haya mucha esperanza de que la practiquen-.

Esa “falta de virtud” es justamente la razón principal para establecer la separación de poderes, con la esperanza de que se den equilibrios entre ellos. Mediante un diseño institucional que contrapone intereses egoístas y agendas divergentes entre actores cuyo consentimiento es necesario para llegar a una decisión, estos actores se ven forzados a negociar y, por lo tanto, a moderar sus pretensiones o posturas.

De esta manera el proceso difícilmente conduce a la expresión o concreción de grandes ideales. Lo más común es llegar a decisiones “razonables” o medianamente satisfactorias a través de los acuerdos que se basan en intereses sectoriales.

Una muestra clara de lo anterior es el no muy admirable pero efectivo equilibrio de poderes que parece estar dándose hoy en día como consecuencia de las tensiones y disputas abiertas  entre el Ejecutivo y las mayorías legislativas, por un lado, y el poder judicial, por otro.

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: Iván Erre Jota

Ser más exigentes

El conflicto entre poderes que se está dando en Colombia no es el más deseable, como tampoco lo son el diseño de la Rama Judicial ni la reforma propuesta por el gobierno Santos.  

Por eso son acertadas las observaciones de Rodrigo Uprimny, quien critica el proyecto gubernamental por su talante conservador, pero también critica la situación actual al señalar que el autogobierno judicial no debe ser absoluto y que el sesgo corporativo es indeseable.

Uprimny agrega que el manejo de la Rama judicial sin participación externa (como existe hoy en  día y como quedaría incluso después de la eventual reforma) conduce a un círculo vicioso donde la administración y el nombramiento de los jueces dependen de intereses estrictamente gremiales o profesionales, pero no del interés o las necesidades de los usuarios del sistema judicial y de la sociedad en su conjunto. La situación real no es entonces de independencia judicial democrática, sino más bien un escenario opaco de corporativismo impermeable a la rendición de cuentas.

Evidentemente, podemos ser más exigentes. Pero también debemos ser realistas, porque la coalición “Ejecutivo/Legislativo” no parece dispuesta a convertirse en una “amenaza” seria para el corporativismo de la Rama judicial.  Aunque muchos magistrados sean “socios” del gobierno Santos, la resistencia de la Rama es evidente – aun después del golpe que significó el caso Pretelt, que crearía un clima favorable para la reforma-.

Mientras tanto -basado más en los defectos que en las virtudes de los jugadores y del sistema mismo- el equilibrio de poderes parece funcionar

Así pues aunque deberíamos ser más exigentes, no podemos dejar de lado el hecho que el poder Judicial es un actor político, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo. Lo es por naturaleza, no solo por ser una de las Ramas del poder público, sino por representar intereses sectoriales y corporativos. Esto se observa hoy más que nunca, al punto que se han unido  antagonistas de ayer en torno a una defensa que combina todos los recursos a su alcance.

¿Cuál será el será el resultado de la disputa? Pronto lo sabremos. Si las cosas siguen como van, seguramente se acabará en tablas. Ninguna de las coaliciones en confrontación parece perfilarse como la ganadora.

Mientras tanto -basado más en los defectos que en las virtudes de los jugadores y del sistema mismo- el equilibrio de poderes parece funcionar. En el actual escenario de disputa por la distribución formal del poder, nos guste o no el modo en que ocurre, es evidente la existencia de niveles de equilibrio razonablemente altos.

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia (Italia),  director de la Maestría en Gobierno y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali. 

twitter1-1 @MilangaCali

 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies