En un país con legisladores serios el presupuesto es un tema de primer orden; pero en Colombia no.
César González Muñoz*
Este es el primero de varios comentarios sobre el presupuesto público 2010.
Una nación con otra historia, con otra estructura del poder político, con una mirada distinta sobre sí misma, más democrática en la sustancia y no sólo en las formas y los discursos, se aprestaría ahora para que la institución legislativa realice su debate más importante: El del presupuesto nacional del año próximo. Pero la realidad es otra: La ley del Presupuesto pasará, como ha pasado tantas veces, sin mayor debate, con poca a nula atención a los intereses y necesidades de las mayorías ciudadanas representadas, supuestamente, por los Honorables Congresistas. Salvo por unas pocas exposiciones juiciosas hechas por miembros de la oposición, el presupuesto hará su tradicional trámite, silencioso para los oídos de la ciudadanía. Agitación habrá, sin duda, entre los miembros del Congreso. Pero no en los recintos del Capitolio sino en los despachos ministeriales y en la Casa de Nariño, en busca de mejorar algún rubro de interés local, o particular. Entre tanto, la cosa electoral es lo más emocionante, el asunto que aguza más intensamente el intelecto colectivo del Congreso.
En verdad, hay muchas cosas qué decir sobre lo que contiene el proyecto de ley de presupuesto: la estructura de las rentas públicas, la destinación de los gastos, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, la eficiencia de los gastos de funcionamiento y de inversión del sector público, la suficiencia y la calidad de las fuentes de financiamiento del saldo negativo. Algunos aspectos saltan a la primera vista.
El proyecto de Presupuesto 2010 suma 148.3 billones de pesos. Prevé que los ingresos corrientes de la Nación llegarán el año entrante a 70.8 billones de pesos. De esta suma, los ingresos tributarios serían 70.3 billones. Es bueno notar que los impuestos han llegado a ser menos de la mitad del presupuesto. El crecimiento de estos ingresos públicos es del 3.3% sobre lo que se espera para 2009. Ello significa una caída del recaudo tributario nacional en términos reales: la inflación será más alta. El Ministerio de Hacienda dice que ello "obedece a los efectos del choque negativo causado por el comportamiento que registra el ciclo económico a partir de 2008, especialmente sobre los ingresos de origen petrolero y por la reducción en el impuesto del timbre nacional."
El aumento nominal de 2.2 billones de pesos que se espera del recaudo tributario en 2010 incluye 1.4 billones que, se espera, habrá de producir la gestión de la DIAN contra la evasión fiscal, y alrededor de 0.7 billones producidos por la disminución del 40 al 30% de la deducción por adquisición de activos productivos planteada en el proyecto de "ajuste" tributario. En otras palabras, será nulo en 2010 el aumento del recaudo vinculado a la expansión de la economía. ¿Designio, o azar?
Aquí no hay designio alguno, en el marco de la política fiscal de corto plazo. No estamos ante una estrategia fiscal contra la recesión, montada sobre una reducción de impuestos y un gasto público deficitario para estimular la demanda interna.
En buena medida, el fisco de Colombia es propio de una nación petrolera, sin los recursos petroleros suficientes y sin las instituciones adecuadas para manejar esa bendición mixta, que bien puede llegar a ser una maldición. Lo que tenemos es una estructura impositiva que muestra las marcas del impacto fiscal de Ecopetrol y del sector petrolero. Ese sí es el resultado de un designio: El de dejar que las rentas petroleras se vuelvan decisivas para el desempeño fiscal, al tiempo que se le hacen insólitos regalos tributarios a sectores sociales que deberán estar contribuyendo más, no menos.
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
