Pese a la solicitud del Fiscal, el gobierno se opone a reiniciar las fumigaciones. Pero el cultivo sigue siendo rentable para los campesinos y sigue siendo la base de una industria criminal.
Sergio Uribe*
¿Volver a fumigar?
El fiscal Néstor Humberto Martínez abrió la caja de Pandora al solicitar al gobierno nacional que reinicie las fumigaciones de cultivos ilícitos. Los ecologistas, liderados por los ministros de Medio Ambiente y de Justicia, no tardaron en condenar esta propuesta alegando que el ambiente se antepone al crimen organizado y a la seguridad nacional. Como si fuera poco, el presidente Santos también se manifestó en contra de reanudar las fumigaciones.
Está claro que en un intento de desorientar a la opinión pública los opositores de la fumigación han apelado a propagar dos mitos:
- Que la carta del fiscal hablaba de regresar al glifosfato (aunque dicha palabra no se mencionó en la misma); y
- Que el desarrollo alternativo es una opción viable.
Las reacciones iniciales ante las declaraciones del fiscal dejan entrever que este tema se debate más con pasiones irracionales que con políticas integrales.
Además, también han entrado en escena aquellos que argumentan que el cambio de política antidrogas en 2012 fue producto de la entrega de la administración Santos en los diálogos de La Habana.
Contra la fumigación
 Narcotráfico y puntos de cultivos ilícitos en Colombia, bajo fuerzas armadas en el país. Foto: Centro de Memoria y Reconciliación |
La posición de los ministerios de Justicia, Medio Ambiente y Salud, es la de un pasional “no” a las fumigaciones por múltiples razones:
- El Ministerio de Justicia argumenta que los acuerdos con las FARC propiciarán una estrategia de desarrollo rural integrado (otro nombre para el fracasado “desarrollo alternativo”) que contribuirá a la disminución de los cultivos. Sin embargo, después de más de 27 años de iniciarse el primer proyecto de sustitución de cultivos en el Cauca, se puede decir que esta estrategia no ha funcionado.
- El Ministerio de Medio Ambiente argumenta que regresar a las fumigaciones es un atentado contra nuestros recursos naturales, aunque la frontera agrícola y los parques nacionales sigan siendo los lugares preferidos para la instalación de nuevos cultivos de coca y amapola.
El ELN y las bacrim están comenzando a copar las áreas de cultivos antes controladas por las FARC.
- El Ministerio de Salud dice que debe acatar el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según el cual el glifosfato es nocivo para la salud humana. Sin embargo este Ministerio hace caso omiso a los informes de la OMS donde dice que el consumo de 50 gramos diarios de encurtidos puede causar cáncer de colon rectal en el 18 por ciento de los casos.
- Finalmente, el presidente Santos rechaza el regreso a la erradicación aérea argumentando que esta no funcionó. En este caso se puede decir que la apreciación de la situación depende de si se ve el vaso medio lleno o medio vacío. Lo cierto es que para el momento en que el gobierno abandonó su estrategia antidrogas en 2012:
1. El costo de seguir sembrando se había elevado, lo que causaba el abandono de la plantaciones, y
2. Aunque en algunos casos las fumigaciones no acabaron con las plantaciones, sí lograron reducir su productividad. Según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en 2006, de una hectárea de coca se producían 7,94 kilos de cocaína al año, mientras que en 2012 esta cifra se había reducido a 5,39, y para 2015 había vuelto a aumentar hasta 6,73.
Está claro que las posiciones contra las fumigaciones, aunque son políticamente correctas, acabarán por favorecer al crimen organizado y, a largo plazo, condenarán al fracaso los ahora eventuales acuerdos de La Habana. Por ejemplo, los medios ya están informado que el ELN y las bacrim están comenzando a copar las áreas de cultivos antes controladas por las FARC.
Debido a la tormenta política y a la inminencia de otra reforma tributaria, el gobierno Santos parece preferir escudarse con argumentos pasionales en lugar de hacer caso a los argumentos racionales sobre este tema, que suelen ser más impopulares.
Por el contrario, el fiscal antepone lo que él considera el interés nacional, pues las ganancias producidas por los cultivos de coca y amapola sirven para poner en entredicho la legitimidad del Estado e interferir en el desarrollo de una sociedad moderna y democrática. Los cultivos se han convertido en la fuente de la cual beben las actividades criminales, la corrupción y la violencia en el campo y las ciudades. Lastimosamente, este problema ha pasado a un segundo plano ante el acuerdo con las FARC.
Los campesinos y la coca
 Campesinos Colombianos, cultivos nacionales. Foto: Urna de Cristal |
Hace unos meses presenté en Razón Pública cifras basadas en los datos del SIMCI. Según estos números, cada una de las 74.000 familias dedicadas al cultivo de coca en el país mantiene y cosecha al menos 1,29 hectáreas de coca.
Según las cifras del SIMCI cada familia produce 8,76 kilos de base por hectárea al año, que vende por 17,5 millones de pesos, los cuales significan unos dos salarios mínimos mensuales urbanos.
Para analizar mejor la situación, debemos entender la estructura de costos del cultivo de la hoja de coca: para llegar a niveles de producción de hasta 8,76 kilos, hay que invertir mucho en mano de obra (la preparación y siembra de 1,29 hectáreas de coca pueden demandar unos 100 jornales).
Dependiendo de las condiciones climáticas, a los 10 o 12 meses se inicia la cosecha y se sigue cosechando cada 90 días hasta que a los 24 meses se debe llegar a los niveles máximos de producción de hoja. Durante esta fase de producción las labores culturales y de cosecha demandan en promedio 25 jornales por cosecha cada 90 días, más el valor de los insumos (herbicidas, insecticidas y fungicidas).
De los casi 600 días “laborables” que se requieren para alcanzar los mencionados 24 meses, un cultivador ha dedicado a su coca (12.900 metros cuadrados) en promedio no más del 50 por ciento de sus jornadas de trabajo. El resto del tiempo se lo “vende” a sus vecinos o a actividades que pueden o no estar relacionadas con la coca.
A partir de los 24 meses (dependiendo del clima y de las labores agrícolas conexas) se llega a la producción máxima de hoja. Estos niveles se deben mantener por otros 24 meses antes de que se inicie la caída y se necesiten resiembras parciales.
Durante esta fase la familia campesina le dedica no más de 150 días al año (incluyendo la cosecha) a su cultivo de coca, el cual demanda relativamente poco: una fertilización entre cosechas, un deshierbe (se alterna glifosfato con trabajos manuales) y algunas actividades relacionadas con el control de plagas. Solo al final es necesaria la contratación de mano de obra adicional para la cosecha.
Sigue siendo el negocio
A las 74.000 familias que viven de la coca no les interesa dejar sus cultivos pues su trabajo está atado a ella. Suponiendo que las 1,29 hectáreas de cada familia requieran una inversión en insumos (20 por ciento del ingreso por venta) y la contratación de mano de obra para la cosecha (30 por ciento del ingreso por venta), la utilidad neta sería de 8,75 millones de pesos por año.
Si dividimos esta utilidad entre los 150 jornales que pone la familia del productor encontramos que la ganancia de cada día es de unos 58.000 pesos. ¿En cuál otra actividad agrícola le pagarían este jornal a un campesino en el Guaviare? ¿Qué otra actividad agrícola puede desarrollarse en Argelia, Barbacoas, Iscuande, Santa Bárbara, Guapi, El Capricho, Puerto Cachicamo o Puerto Ospina, incluso con productos valorados por la agroindustria?
Los cultivos se han convertido en la fuente de la cual beben las actividades criminales
Será difícil que los programas de desarrollo rural puedan ofrecer salidas económicas al cultivo de la coca en estas condiciones.
Además, desde mediados de la década pasada se detectó que las organizaciones criminales, para garantizar tanto la calidad del producto como un máximo rendimiento en la extracción del alcaloide de la hoja, prefieren comprar la hoja y hacer todo el proceso en sus instalaciones. Esto ha llevado a que se mantengan grandes instalaciones para el procesamiento de hoja cerca de las zonas productoras. En Colombia se procesa hoja fresca, lo que hace que se deba picar, “salar” e iniciar el proceso de extracción del alcaloide dentro de las primeras 12 horas después de su cosecha para evitar la degradación.
Se ha podido determinar que este cambio ha llevado a que a los campesinos se les pague por arroba de hoja (12,5 kilos) el equivalente a lo que se le hubiese cancelado por el gramo de base que podían extraer en su finca. Esto va en función de la variedad de coca sembrada (entre variedades, híbridos y “cultivars”, hay no menos de 15 tipos de hojas que se siembran actualmente en Colombia y el contenido de cada una varía según la pericia del procesador).
Este es un muy buen negocio tanto para el campesino, que no tiene que arriesgar mucho (compra de insumos y contratación de personal) como para el comprador, que dispone de una infraestructura que le permite una gran efectividad de los procesos y la pureza de los precursores.
El gobierno, los campesinos y los narcotraficantes rechazan la posición de la Fiscalía sobre las fumigaciones tal vez porque tener la razón no siempre quiere decir que uno está haciendo lo correcto. La política antecede a lo moralmente correcto.
Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.
@suribe52
