Las grabaciones de Óscar Iván Zuluaga han revivido el escándalo de Odebrecht. ¿Qué resultados ha tenido la investigación de esta cadena de sobornos millonarios, plata sucia en las campañas, funcionarios salpicados y hasta muertes misteriosas?
Carlos Mario Acero Castellanos*
El caso
La investigación de la Fiscalía sobre el caso Odebrecht estaba detenida, pero se ha reactivado desde que a principios de 2022 el FBI trajo a Colombia a un equipo de investigadores. Desde entonces, el caso ha tenido algunos movimientos importantes. Las noticias recientes ameritan un recuento de todo el caso.
Tal vez se trate de la trama de corrupción internacional más grande de la historia. Los altos directivos de Odebrecht confesaron en Estados Unidos haber sobornado a funcionarios en doce países de América y África, involucrando a presidentes, expresidentes, ministros y personas con alto poder económico.
A diferencia de Colombia, en otros países muchos peces gordos sí cayeron.
En Colombia las irregularidades salpicaron a ministras y viceministros de los gobiernos Uribe y Santos; a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga; al grupo AVAL y sus máximos dirigentes Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y José Elías Melo; y al poderoso abogado y ex fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez.
Desafortunadamente, este caso también dejó a una familia luchando jurídicamente para que se reconozca que a Jorge Enrique Pizano y su hijo los asesinaron en el marco de la operación para esconder el entramado de corrupción.
Financiación ilegal de campañas presidenciales
Las grabaciones de Óscar Iván Zuluaga no dejan lugar a dudas: a la campaña presidencial del Centro Democrático del 2014 sí ingresaron dineros ilícitos de la multinacional brasileña.
Tal vez la mayor coincidencia de ambos casos radica en que, a pesar de las demoledoras evidencias, ninguno de los dos cargos fue debidamente investigado por el Consejo Nacional Electoral.
Pero la campaña rival que resultó ganadora tampoco está libre de manchas: el gerente de campaña de Juan Manuel Santos está pagando su cuarto año de cárcel por ocultar que a esta también llegó dinero de Odebrecht.
Por el lado de Zuluaga, la Fiscalía está investigando a Daniel Arizabaleta, gerente de campaña. Por el lado de Santos, el exviceministro Luis Miguel Pico fue condenado a dos años de cárcel por recibir coimas para favorecer a Odebrecht.
Tal vez la mayor coincidencia de ambos casos radica en que, a pesar de las demoledoras evidencias, ninguno de los dos cargos fue debidamente investigado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, un magistrado santista y otro uribista, presidente del CNE y magistrado ponente del caso Zuluaga, se desempeñan hoy por hoy como Registrador General del Estado Civil y Defensor del Pueblo y, respectivamente: ¿un pago por ocultar las maniobras financieras de una y la otra campaña?
La Ruta del Sol II: Odebrecht y Grupo Aval
La Ruta del Sol II fue adjudicada a la Concesionaria Ruta del Sol, dentro de la cual Odebrecht controlaba el 62 %, Corficolombiana (Grupo Aval) el 33 % y el restante 5 % una firma minoritaria.
En 2016 Marcelo Odebrecht, cabeza de la corrupta transnacional, confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos por más de once millones de dólares en Colombia para obtener contratos de infraestructura. Los once millones en sobornos se repartieron así:
- Según el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior, él y el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, acordaron una coima de 6,5 millones de dólares para el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para obtener el contrato de la Ruta del Sol II.
- Los restantes 4,6 billones de dólares fueron entregados al senador Otto Bula, experto tramitador de favores en los ministerios.
Ante la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio, Bueno Junior dijo que Melo “iba a dar conocimiento al Dr. Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel”. A su vez, en la condena a doce años de cárcel contra de Melo, el juez penal 14 del Distrito de Bogotá le pidió a la Fiscalía investigar a Sarmiento Gutiérrez.
Desafortunadamente, la Fiscalía nunca le ha preguntado a Melo si le informó o no a los Sarmiento sobre la coima. Tampoco se interceptaron los correos electrónicos y mensajes entre los directivos del Grupo Aval para comprobar si sabían o si semejante cifra pasó desapercibida.
El papel de Néstor Humberto Martínez
El exfiscal aparece en este caso de principio a fin. Como abogado, en febrero de 2010, en agosto de 2012 y en julio de 2015, asesoró al Consorcio Ruta del Sol de Odebrecht- Aval (ver foto). Como ministro de Santos participó en la aprobación del Conpes 3817 de 2014, que dio viabilidad a la adición de la carretera Ocaña-Gamarra al contrato original de la Ruta del Sol.
Cuando se prendieron las alarmas en la Concesionaria porque el presupuesto público desaparecía para pagar sobornos, Martínez Neira fue el abogado del Grupo Aval para firmar un contrato de transacción con Odebrecht. A cambio de unos ajustes de cuentas, acordaron no llevar ante la justicia los desfases financieros. Un tribunal de arbitramento acabó declarando nulo el contrato por objeto ilícito.
Martínez se abstuvo de declararse impedido, pero ante los hechos anteriores, la Corte Suprema de Justicia tuvo que nombrar un fiscal ad hoc para investigar todo el caso Odebrecht. Su lugar lo ocupó Leonardo Espinosa, quien avanzó en la investigación hasta que Martínez renunció intempestivamente en mayo de 2019.
Una de las acciones del fiscal ad hoc fue compulsar copias para que se investigara a Daniel Hernández, fiscal de confianza de Néstor Humberto Martínez, por obstruir las pesquisas y permitir la fuga de Colombia de los altos directivos de Odebrecht.
Apenas la semana pasada, después de cuatro años, Hernández fue imputado por la misma Fiscalía conforme a la solicitud del fiscal ad hoc. La imputación también señala que Hernández amenazó a Otto Bula porque estaba “teniendo acercamientos con la justicia colombiana y el FBI para hablar de ellos” —del exfiscal Martínez y de Sarmiento—.
Jorge Enrique Pizano
Pizano fue el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol que alertó sobre las irregularidades y sobornos. El país recuerda bien su grabación donde Néstor Humberto Martínez dijo “Jijiji eso es una coima marica”. Y para que Pizano no investigara más le ordenó “quieto, quieto”.
Pizano pidió protección porque temía por su vida y la de su familia. Nunca tuvo respuesta y un día apareció muerto en su finca. Su hijo murió en circunstancias similares tres días después. La familia Pizano descarta tajantemente el suicidio del padre.
Ante la abrumante impunidad y la lentitud de la justicia, fueron la prensa y el control político quienes no dejaron que se tapara la corrupción de Odebrecht.
Sobre la muerte de Pizano la Fiscalía primero dijo que no había rastros de envenenamiento por cianuro, pero después se demostró que esta conclusión no se podía desprender del informe pericial; tal era el nivel de engaño que el director de Medicina Legal tuvo que renunciar a su cargo.
Como si fuera poco, los allanamientos de la Fiscalía a la finca de los Pizano no se legalizaron debidamente, motivo por el que dos jueces de control de garantías los declararon ilegales. La actuación de la Fiscalía destruyó la validez de las pruebas. Testigo y pruebas en la tumba.
Al César lo que es del César
Ante la abrumante impunidad y la lentitud de la justicia, fueron la prensa y el control político quienes no dejaron que se tapara la corrupción de Odebrecht.
Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Antonio Caballero (q.e.p.d.), José Roberto Acosta y Gonzalo Guilllén adelantaron valientes investigaciones para esclarecer la verdad. Por su parte, el exsenador Jorge Enrique Robledo adelantó magistrales debates de control político por la corrupción de Odebrecht. Sin sus plumas y sus voces reinaría la impunidad.
Este artículo fue posible gracias a la colaboración de nuestros lectores. Te invitamos a apoyar nuestra labor a través de una donación. #YoapoyoaRazónPública
