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Vivienda gratuita para pobres: ¿continuidad o ruptura en la política?

Escrito por Ismael Molina
Ismael Molina vivienda Anyelik

Ismael Molina vivienda Anyelik

 

Ismael MolinaEs un viraje de fondo en la política social para atender, por fin, a los muy pobres. Pero supone ajustes y controles importantes, tanto del lado de los beneficiarios como de los constructores. Y sobre todo no parece sostenible. Un análisis suscinto y comprensible de las variables técnicas debajo del anuncio del gobierno.

Ismael Molina Giraldo *

Ismael Molina casas
Las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) quedaron por fuera del mercado. Foto: elretiro-antioquia.gov.co

Primero los bancos

Los anuncios recientes del gobierno nacional de un programa para entregar vivienda gratuita a los más pobres permiten vislumbrar un cambio profundo en las políticas de vivienda de interés social.

Desde el 2002 en adelante, ante el descalce entre las exigencias para entregar el subsidio familiar de vivienda (SFV) -que daba prioridad a los más pobres-, y las exigencias del crédito complementario -que da la prioridad a la capacidad económica del beneficiario- el gobierno nacional optó por dar más peso a las exigencias del sistema financiero, dejando por fuera del subsidio — y por lo tanto de la solución habitacional — a los hogares que no tenían capacidad de endeudamiento.

Sólo cuando los beneficiarios del SFV contaban con recursos complementarios — ya fueran recursos propios u otros subsidios de los entes territoriales — los hogares de menores ingresos podían acceder a la oferta de vivienda de “interés social”.

Más pobres que los desplazados

En el 2007, como efecto de la sentencia 025 de la Corte Constitucional sobre el disfrute efectivo de los derechos de la población desplazada, se reformaron algunos procedimientos en la asignación de subsidios y se aumentaron los recursos destinados al SFV, pasando de cerca de 200.000 millones de pesos a poco más de 600.000 millones de pesos anuales y focalizando el esfuerzo nacional casi exclusivamente a la población desplazada.

Desde la perspectiva de la demanda, ambas situaciones dejaban por fuera a la población en pobreza estructural:

  • cuando no se conseguía el apoyo financiero de los entes territoriales;
  • cuando daban la prioridad a la población en condiciones especiales (es decir, desplazada) o a la población formal con ingresos de 2 salarios mínimos mensuales o más y con acceso al crédito bancario.

Dada esta situación, los oferentes naturales de viviendas eran los constructores formales (ya fuera de manera independiente, asociados con las Cajas de Compensación Familiar o en uniones temporales con los municipios) pues solo ellos tenían la capacidad de gestionar créditos bancarios para sus compradores.

Ismael Molina vivienda
Toda la oferta se concentró en la vivienda de 33 millones de pesos o más.   Foto: lapromotora.gov.co

Pero otros oferentes, como las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), quedaban por fuera del mercado. Esta realidad se aprecia en el salto del precio de la vivienda de interés prioritario (VIP) en 2010: toda la oferta se concentró en la vivienda de 75 salarios mensuales mínimos legales vigentes (smmlv) -unos 33 millones de pesos- pues se eliminó la vivienda de 50 smmlv, aproximadamente 24 millones de pesos .

Era pues claro que los recursos destinados al SFV estaban llegando a un segmento de población que, aunque pobre, tiene capacidad para ser atendido por los mecanismos propios de la economía de mercado: solicitantes con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos y con vinculación laboral formal.

Los únicos segmentos de pobres absolutos atendidos con el SFV eran quienes recibían un doble subsidio proveniente de las entidades territoriales o quienes lograban acceder al ahorro programado en las condiciones establecidas por el Fondo Nacional de Ahorro [1].

Viraje notable

Frente a esta realidad, el gobierno ha anunciado las siguientes acciones en el marco de su nuevo Programa de Vivienda Gratuita:

  • Eliminación del ahorro programado como condición de acceso al SFV.
  • Eliminación de la necesidad de cierre financiero para acceder a SFV.
  • Entrega gratuita de vivienda a la población con ingresos de menos de 1,7 smmlv.
  • Disponibilidad de recursos para el programa por 4 billones de pesos, con una duración de seis años.
  • Contratación de la oferta por medio de subasta.
  • Construcción de 100.000 viviendas de interés prioritario.
  • Llamamiento a municipios y departamentos para acompañar este programa.

Suponiendo que efectivamente se cuente con los recursos presupuestales para el programa, es clara la intención gubernamental de llegar a los sectores de pobreza estructural que históricamente han sido excluidos de la política de vivienda.

Requisitos técnicos

Para poder cumplir con un compromiso semejante, sería preciso tomar otras medidas, tanto desde la perspectiva de los beneficiarios, como desde la óptica de la oferta de vivienda:

  • Respecto de los beneficiarios, hay que mejorar el proceso de selección, reduciendo los tiempos para comprobar requisitos y hacer los cruces con la Registraduría y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) que actualmente demoran demasiado. Además habría que vigilar en serio el compromiso de no comerciabilidad de la vivienda que haya sido entregada, un seguimiento que actualmente prevé la ley 3 de 1991, pero que no se cumple por parte del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).
  • Respecto de la oferta, se debe resolver ante todo el acceso a suelo urbano a precios asequibles y reducir al máximo la especulación por parte de terratenientes y constructores urbanos, aplicando más decididamente los instrumentos de gestión del suelo que contienen las leyes 388 de 1997 y 1469 de 2011.
  • Ismael Molina construccion
    El objetivo del nuevo programa es la entrega gratuita de vivienda a la población con ingresos de menos de 1,7 smmlv.
    Foto: pasto.gov.co

    Así mismo, es preciso definir las condiciones de calidad para cumplir con el precepto constitucional de una vivienda digna y para evaluar rigurosamente los costos de producción: excluyendo el valor de la tierra, no parece lógico que los costos de construcción del metro cuadrado sean menores en los municipios alejados como Puerto Triunfo o Barrancabermeja (del orden de 415.000 pesos por m) frente a los costos en ciudades mayores como Bogotá o Cartagena, donde son del orden de 850.000 a 900.000 por M2.

    Otro aspecto de gran importancia es la interventoría de las viviendas construidas, actividad realizada hoy por los propios constructores, pero que debe ser asumida por Fonvivienda. Es la única posibilidad efectiva de garantizar la calidad de las viviendas.

    Por último, si el gobierno aspira a que este programa sea realmente transparente, se hace indispensable resolver el montaje y el acceso al sistema de información del SFV, que el país ha esperado desde la desaparición del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), pero que aún no se encuentra en funcionamiento.

    ¿Oportunismo o mejor distribución de la prosperidad?

    Aún si los requisitos técnicos enumerados quedaran resueltos, habría que poner sobre la mesa el problema de la sostenibilidad financiera del programa.

    Según se ha anunciado, los recursos para las primeras 100.000 viviendas gratuitas están asegurados, ¿pero lo están para un programa permanente, tal como se requiere para resolver de veras el problema reducir el déficit habitacional de los más pobres?

    A juzgar por los antecedentes académicos y políticos del equipo económico del gobierno, la respuesta puede ser negativa, dejando la sensación de una acción importante, pero con grandes visos de oportunismo.

    Ismael Molina Ministro vivienda
    El Gobierno Nacional hizo un llamamiento a municipios y departamentos para acompañar este programa. 
    Foto: derechodeautor.gov.co

    Pareciera más sensato atender en forma permanente lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, en el sentido de que “el gobierno nacional implementará sistemas de financiamiento de largo plazo” que permitan hacer efectivo el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna.

    Ello implicaría crear o consolidar una entidad financiera para la vivienda de los más pobres, que no responda a la ortodoxia financiera de los acuerdos de Basilea — bajo los cuales se evalúan las actuales entidades bancarias por parte de la Superintendencia Financiera — sino bajo la lógica implícita del artículo constitucional, donde lo importante es hacer efectivo el cumplimiento de un derecho y no la tasa de rentabilidad del capital invertido.

    Probablemente una entidad así siempre dará resultados financieros negativos, pero tendrá un multiplicador social muchísimo mayor que el de un gasto sin recuperación económica, como se plantea en el programa.

    El gobierno nacional ha insistido en que el programa de vivienda gratuita es la prolongación de la política de subsidio, pero indiscutiblemente tiene mucho más de ruptura que de continuidad, pues rompe no solo con las prácticas propias de la política tradicional del SFV, sino también porque pone por encima de los intereses de los constructores y de los banqueros, el aseguramiento de un derecho constitucional para los más pobres y la posibilidad de distribuir mejor los dividendos de la “prosperidad económica”.

    * Economista de la Universidad Externado de Colombia, con postgrado en gestión de vivienda de bajo costo en la ENHAP de Río de Janeiro y en Población y Desarrollo de Celade (Universidad de Chile).

    Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número.

     

    Ismael Molina Anyelik

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