Violencia policial y estallido social

Un estallido distinto

El 8 de septiembre se cumplió un año del asesinato de Javier Ordoñez. Este incidente desembocó en un estallido social que ni las autoridades distritales ni la Policía Nacional supieron controlar.

El estallido social fue consecuencia de varios hechos inesperados. Durante el 2020, la Policía tuvo que controlar los toques de queda, imponer las restricciones a la movilidad y mediar los conflictos sociales, debido al repliegue a la virtualidad de las instituciones civiles. Por esa época los miembros de la institución y sus capacidades estaban agotadas.

Pero a la sociedad le ocurría algo similar. La pandemia atenuó muchas fuerzas sociales emergentes que venían condensándose y acabaron explotando con el caso de Ordoñez. Además, la protesta social adoptó nuevas formas: el propósito ya no era conglomerarse en las calles principales, sino desplazarse hacia el interior de los barrios y ocupar los espacios cotidianos.

Por si fuera poco, la comunidad internacional impulsaba una lucha contra los abusos policiales, debido a la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, una ciudad de Estados Unidos.

La Policía no esperaba este escenario y su disposición no era la mejor; hizo acopio de sus capacidades no especializadas en el manejo de las manifestaciones y respondió de manera inadecuada. Lo mismo sucedió con los manifestantes, algunos de los cuales emprendieron acciones violentas contra el personal y los bienes de la institución.

Las malas circunstancias anteriores confluyeron en las noches del miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre de 2020. Según la ONG Temblores, en estas fechas se reportaron 13 homicidios con arma de fuego (10 en Bogotá y 3 en Soacha), 177 hechos de violencia policial y 271 víctimas; 139 de ellos de violencia física por parte de la Policía y 30 heridas con armas de fuego.

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Problemas en las investigaciones

Las investigaciones avanzan con lentitud y en medio de problemas:

• De las 68 indagaciones en curso, apenas cuatro tienen un fallo sancionatorio.
• Únicamente se imputaron tres policías por homicidio simple, que después siguieron en sus cargos.
• La fiscalía tiene posesión de apenas 37 armas de los 87 investigados por usar municiones.
• Preocupa además que de los uniformados investigados 44 tengan procesos disciplinares adicionales.

El primer problema destacado es la falta de actas del Puesto de Mando Unificado frente a las órdenes impartidas a los policías en las protestas sociales, así como la dificultad de recolectar pruebas por la orden de la administración distrital de limpiar los puntos de conflicto. El material probatorio está incompleto y hubo dificultades durante su recolección.

El segundo problema atañe a las instituciones disciplinarias de la Policía: la entidad encargada de estos casos es la Inspección General, una institución que funciona bajo las normas de la Policía Nacional y por eso no goza de real independencia. Existe un alto nivel de impunidad en cuanto a los abusos de la autoridad por parte de los policías.

Asimismo, el debate entre el fuero penal militar (del cual goza la Policía) y las instituciones civiles dificulta aún más los casos de violación de derechos humanos. Esto, sumado a la falta de credibilidad de la Fiscalía y la Procuraduría, conduce a pensar que las investigaciones no llegaran a buen término.

Finalmente, estos crímenes suelen pasar a segundo plano. Las instituciones oficiales no les dan prioridad y al final no hay responsables. Parece que la situación no cambiará desde el interior de la institución.

Propuesta

Pero es fundamental que la Policía cumpla con sus deberes constitucionales. Esta etapa está ligada a la provisión de seguridad ciudadana y este es un tema que le compete a la Policía Nacional.

Repensar la Policía implica considerar el diseño de las instituciones del sector seguridad y defensa en Colombia. Se necesitan cambios organizacionales y funcionales en dichas instituciones para que puedan cumplir las tareas que les dio la Constitución de 1991.

La Policía Nacional debe tener en cuenta:

• El servicio policial comunitario,
• La adaptación y cobertura institucional,
• El trabajo en áreas como la resolución de conflictos, provisión de información, orientación en torno a procesos comunitarios, diagnóstico de necesidades comunitarias, instrucción pedagógica sobre las reglas de convivencia con miras a recuperar la confianza de las personas en la institución y sus miembros,
• Desmilitarizar la seguridad, y
• Recordar su papel constitucional: un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Su fin primordial es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

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En síntesis, la Policía debe construir una identidad como cuerpo policial y refundarse sobre la base de recursos humanos capacitados académica y moralmente, respetuosos de los derechos y capaces de cumplir los propósitos de modernización, profesionalización y definición de un cuerpo de policía de carácter y bajo el control civil.