Aunque Colombia estuvo en la primera Conferencia de las Partes (COP1) de Escazú, todavía no ha ratificado el acuerdo. Estos son los avances y retrasos del Acuerdo de Escazú en Colombia.
Lina Muñoz Ávila*
¿En qué va el acuerdo?
Han transcurrido más de cuatro años desde que el Acuerdo de Escazú fue adoptado por veinticuatro países. El camino trazado hacia sus firmas y ratificaciones demuestra que cada punto de llegada es un nuevo punto de partida, cuando se trata de protección ambiental y derechos humanos.
Si bien la puesta en marcha del tratado ocurrió en forma expedita y en los tiempos previstos, los procesos nacionales de ratificación son lentos —debido a que los países deben surtir diferentes y demorados pasos ante las ramas del poder público—. Por esta razón, aún varias ratificaciones siguen en trámite.
Aun así, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 con la ratificación de doce países, dentro de los cuales figuran Argentina y México —dos actores estratégicos del desarrollo regional—.
Democracia ambiental y desinformación
De igual manera, el Acuerdo de Escazú ha suscitado un intenso debate sobre las implicaciones de la democracia ambiental. Estas discusiones son fundamentales para la toma de decisiones, pero deben ser planteadas con transparencia y veracidad.
Por ejemplo, el gobierno de Colombia reconoció públicamente que hay desinformación e ignorancia sobre el Acuerdo, y, por ello, lo han dado a conocer en Bogotá y en distintas regiones del país.
Así mismo, la academia y la sociedad civil promueven espacios de educación ambiental sobre el Principio 10 de la Declaración de Río desde 2007, y sobre el proceso de negociación de Escazú desde 2014 —junto con el Ministerio de Ambiente—.
Con la adopción del tratado en 2018, y la firma de Colombia en 2019, los escenarios de formación han aumentado en los territorios. Periodistas, líderes ambientales, sector privado, universidades, autoridades regionales y organizaciones sociales son algunos de los capacitados.
De la misma forma, se han elaborado muchos estudios sobre las implicaciones del acuerdo, y estos han sido publicados en libros, artículos, revistas y redes sociales.
¿Qué es realmente el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es más que un tratado, pues involucra a más de 600 millones de personas en una región sumamente conflictiva en asuntos ambientales.
La actual crisis de biodiversidad y derechos humanos solo puede enfrentare mediante la cooperación y el multilateralismo. Por eso el Acuerdo se plantea como una plataforma de trabajo colectivo para tener sociedades más informadas, participativas y justas en asuntos ambientales.
Esta ya es una realidad imparable para Latinoamérica y el Caribe, pues entre el 20 y el 22 de abril de 2022 se adelantó con éxito la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) en la sede de CEPAL ONU en Santiago, Chile.
En esta reunión —convocada en el marco del día internacional de la tierra—, fue elegida una nueva Mesa Directiva del tratado, y fueron acordadas:
- Las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluidas las modalidades para la participación significativa del público (artículo 15.4a);
- Las disposiciones financieras para la adopción del Acuerdo (artículos 14 y 15.4b), y
- Las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18.1).
También se decidió iniciar los trabajos en materia de protección de las personas defensoras del ambiente.
Estos documentos fueron comentados por los países, por expertos y por el público en general. Incluso, en la reunión se discutió la experiencia de otros acuerdos multilaterales ambientales.
Colombia debe espabilarse
Ciertamente, la adopción del Acuerdo de Escazú comenzó con pie derecho y con compromisos vigorosos, pero Colombia tuvo una escasa presencia, apenas como signatario. Participar del tratado en esta condición es perder tiempo valioso para emprender acciones contundentes, e implica quedar por fuera de todas las ventajas de la cooperación —de las cuales ya disfrutan los Estados Parte—.
Además, demorar deliberadamente la ratificación es incoherente. El gobierno colombiano nunca ha tomado acciones de este tipo con tratados ambientales, ni siquiera con aquellos que tienen implicaciones económicas trascendentales, como el Acuerdo de París o el Convenio de Minamata —dos de los últimos ratificados por Colombia—.
Algunos de los cooperantes internacionales más importantes para Colombia, como la Comisión Europea, los gobiernos de Alemania y Francia y la banca multilateral, manifiestan su apoyo incondicional para la adopción del tratado.
Esas instituciones consideran que el Acuerdo impulsará el desarrollo de las naciones mediante cambios en las normas y en las prácticas que de otra manera no tendrían lugar. También sostienen que, desde el punto de vista económico, es más barato y eficiente promover la participación del público para tomar decisiones desde el inicio, que pagar luego para amortiguar el efecto de decisiones insostenibles.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que la ratificación y efectiva ejecución del Acuerdo proporcionará a Colombia un marco de políticas ambientales sostenibles. Esto será propicio para el desarrollo sostenible, la conducta empresarial responsable, y la protección de las personas defensoras del ambiente en la región.
Ya es hora de ratificar el acuerdo
En un país como Colombia, el Acuerdo de Escazú da una nueva oportunidad de aprovechar aquellos rubros donde ya somos fuertes —como el acceso a la información ambiental—. Colombia podría ser líder en la región y apoyar a los países que no lo son tanto.
En los temas que somos débiles —como en participación, justicia y protección a personas defensoras—, el Acuerdo tiene mucho para aportarnos. En el lugar más peligroso del mundo para la defensa ambiental, ninguna herramienta sobra para proteger a la biodiversidad y a las personas.
Por estas razones, es urgente que Colombia ratifique el tratado lo antes posible.
Además, Escazú tiene la capacidad de elevar los estándares ya alcanzados en el país para la protección del ambiente. El tratado es completamente compatible con la Constitución, y haría más efectivo el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
Finalmente, celebramos que el pasado 26 de abril, a pocos días de finalizada la COP 1, la Comisión Segunda del Senado aprobara el primer debate del proyecto de ley del tratado con seis votos a favor y uno en contra.
Aunque faltan otros tres debates —uno en plenaria de Senado, otro en comisión segunda de Cámara de Representantes, y otro en plenaria de la misma Cámara—, el legislativo dio un primer paso en la dirección correcta.
Ahora bien, para las próximas votaciones en el Congreso debemos preguntamos: ¿los legisladores se ubicarán del lado correcto de la historia?
