Venezuela, viaje de no retorno

Será difícil para el progresismo latinoamericano deshacerse del lastre del autoritarismo venezolano. La Revolución Bolivariana basó su legitimidad en buena medida en los procesos electorales que tuvieron al constituyente primario como protagonista. Hugo Chávez se cansó de ganar elecciones desde aquella de 1998 que cambaría la historia venezolana y buena parte de la latinoamericana. La Constitución de 1999, el referendo revocatorio de 2004 y las relecciones que renovaron el poder de convocatoria de Chávez, fueron el sello de un proceso que despertó al tiempo y de forma caótica admiración, curiosidad y rechazo en el globo. El chavismo se pensaba imbatible en las urnas hasta que en 2007 pretendió una de las transformaciones más radicales al apostar por la adopción de un Estado socialista. Por un estrecho margen la oposición obtuvo la primera victoria de su historia sobre el chavismo que el entonces comandante caprichosa y puerilmente calificó “de mierda”. Aun con semejante reacción, se le reconoció al oficialismo la aceptación de un resultado adverso. Parece extraño hoy a la luz de esta dramática coyuntura, pero no fue la única vez. En 2015, Venezuela atravesaba por un proceso de violencia enmarcada en las llamadas “guarimbas” que dejaron decenas de muertos cuya responsabilidad el oficialismo le endilga a la oposición y parecía imposible el desbloqueo. Ese año, no obstante, con facilitación de la Unasur se llevó a cabo la última elección en la que de manera plena participó la oposición -antes del pasado domingo-. Ese 6 de diciembre llegando casi a la medianoche, el país estaba en vilo con la especulación de que el oficialismo no reconocería el triunfo opositor. Sin embargo, el resultado llegó con contundencia y ésta se hizo con el control de una mayoría calificada. De nuevo el chavismo reconocía una derrota, aunque valga decir que posteriormente terminó quitándole esos espacios a la oposición a través de maniobras jurídicas (impugnación de resultados de algunos diputados) y en 2017 despojado de cualquier formalismo democrático procedió a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, un excéntrico proyecto que no terminó en nada. Tal vez haya sido el único caso de un cuerpo que no terminó redactando un texto para someter al pueblo. Fue evidente que se trató de arrebatarle el mandato a la entonces Asamblea Nacional opositora.

Basado en esta evidencia empírica pensé (con permiso del lector paso a la primera persona por la reflexión que pretendo poner a su consideración) que el pasado domingo el oficialismo estaría en disposición de reconocer un nuevo revés y entregar el poder siempre y cuando el pueblo así lo decidiera. En algunas columnas y programas de opinión expresé que esta situación me parecía equiparable a la de Nicaragua en 1990. En aquel entonces ese país venía de la elección de 1984 que no contó con la participación opositora y que le permitió al sandinismo gobernar a sus anchas, tal como ha sucedido en Venezuela desde 2018, últimos comicios presidenciales. Para comienzos de los 90 se pensaba que era imposible que Ortega entregara el poder, pero contra todo pronóstico reconoció la derrota con un resultado calcadamente inverso al que actualmente reivindica Maduro, 54% contra 40%.

Por eso no parecía cándido esperar mesura por parte del oficialismo venezolano y no revindicar ninguna victoria hasta conocer con detalle el resultado, tal como había ocurrido en los comicios previos, incluidos aquellos donde resultó derrotado. La lección democrática hubiese sido histórica. Al momento de escribir esta columna no puedo dar por descontada la tesis del fraude que la oposición de manera irresponsable puso a circular antes de la elección. También debo decir que tal apresuramiento por declararse vencedor desde tempranas horas del domingo deja serias dudas. En esa lógica, flaco favor a la oposición hacen los gobiernos de Argentina, Panamá y Perú que reconocen a Edmundo González como ganador sin tener pruebas contundentes de su victoria. Algo análogo se puede plantear para aquellos que en la otra orilla han hecho lo propio con Maduro. Apoyar una transición pacífica en Venezuela y alejarse de la tentación de instrumentalizar su coyuntura en favor de intereses electoreros y pasajeros es un deber de todos los sectores políticos colombianos. La derecha que hoy se muestra tan democrática, debería recordar que por años apostó por las salidas de facto y unilaterales en el vecino. Hoy Venezuela paga caro esa osadía.