Entre obstáculos y dudas avanza el proceso de negociaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Estos son los retos de un proceso que busca traer paz a los territorios.
Kyle Johnson*
Un proceso lleno de obstáculos
En dos eventos accidentados, el gobierno y la disidencia que se autodenomina FARC-EP anunciaron la instalación oficial una mesa de negociación y un cese al fuego que durará tres meses.
Acordar el cese al fuego fue una gran dificultad para el evento del 8 de octubre en Tibú (Norte de Santander). Las dos partes no podían llegar a un acuerdo, hasta que un miembro del equipo negociador del comúnmente llamado “Estado Mayor Central” (EMC) planteó una solución para comprar tiempo, aceptable para ambos equipos negociadores: suspender las acciones ofensivas mientras acababan de pactar el cese bilateral.
Este proceso ha estado lleno de obstáculos que han frenado el avance de la negociación:
- Demoras en lograr las reuniones pactadas.
- El rechazo del fiscal general a levantar órdenes de captura para algunos miembros de la disidencia.
- El asesinato de los jóvenes indígenas por parte del Frente Carolina Ramírez, ante lo cual el gobierno optó por suspender el cese bilateral en cuatro departamentos.
- El final del cese bilateral el 30 de junio, que llevó a un aumento de violencia por parte de este grupo armado, principalmente en Cauca y Nariño.
- El anuncio de Gustavo Petro de una ofensiva militar por parte del gobierno en el Cañón de Micay y la falta de una línea clara del presidente sobre el proceso.
Además, la violencia del EMC y sus enfrentamientos con otros grupos armados ilegales han minado la confianza en el proceso.
Sin embargo, los eventos de las últimas dos semanas muestran que las partes han encontrado formas de avanzar a pesar de estos problemas en el camino.
Si bien parece que se ha formado un ala “pro-paz” dentro de la organización, esto implicaría que existe otra ala, por lo menos, escéptica frente al proceso.
Los protocolos del cese bilateral, hasta ahora conocidos, son mucho más robustos que los acordados en febrero de este año. Además, algunos elementos, aunque mínimos, del diseño del proceso ya están plasmados.
Por otra parte, también existe un acuerdo especial para un proceso participativo con el fin de sustituir la coca en el Cañón del Micay, entre Argelia y el Tambo, Cauca (uno de los lugares más conflictivos y con mayor densidad de cultivos de coca en el país).
Las partes acordaron respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en su totalidad y la disidencia está dispuestas a recibir capacitación técnica en el tema – como la Fundación CORE y otros actores han recomendado –, lo que es un paso positivo.
Los retos por delante
Pero siguen existiendo muchas dudas sobre el proceso. La expansión del “EMC” en términos de la cantidad de territorio donde tiene injerencia y la creación de nuevas unidades este año han puesto en tela de juicio su voluntad real de negociar.
Aunque esta expansión no va con la misma velocidad que durante los años del gobierno Duque, el anuncio de frentes como el Iván Díaz y el Darío Gutiérrez en Huila, el Gaitán Gutiérrez en Meta y el Amazónico han alimentado el argumento de que el grupo está aprovechando las negociaciones para fortalecerse militarmente.
Aunque en general se ve como positivo el hecho de que se incluyó explícitamente el compromiso de respetar al DIH en su totalidad, muchos analistas y veedores del proceso dudan de la capacidad del “EMC” para hacerlo.
Lo mismo ocurre con el compromiso de no obstaculizar el acceso humanitario a zonas afectadas por los conflictos armados: el aumento de restricciones impuestas sobre las organizaciones humanitarias en los últimos 18 meses ha generado escepticismo al respecto.
Al mismo tiempo, la violencia en el Cauca, el asesinato de los jóvenes indígenas entre Putumayo y Amazonas y reportes de posibles violaciones del cese bilateral entre febrero y junio de este año han alimentado la idea de que hay divisiones dentro de las autodenominadas “FARC-EP” frente a las negociaciones, las cuales disminuiría la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo.
Si bien parece que se ha formado un ala “pro-paz” dentro de la organización, esto implicaría que existe otra ala, por lo menos, escéptica frente al proceso.
Por otra parte, el balance de poder interno regional entre el suroccidente, el Magdalena Medio y los llanos y Amazonía también es cambiante. Frente a lo anterior, alias Iván Lozada ha jugado un papel importante en mantener alineados a todos.
Aunque el grupo no se ha consolidado del todo internamente, está en ese camino y la negociación le está ayudando a acelerar el proceso. Esto puede resultar siendo un gana-gana para el grupo, pues estar más cohesionado le sirve para negociar mejor, pero también le es útil en caso de que el proceso no funcione y se regrese al conflicto pleno.
Frente a este tema, es interesante ver la composición del equipo negociador del “EMC”. El Bloque Magdalena Medio tiene varios representantes, de los cuales el más importante es Andrey Avendaño, jefe negociador y comandante del Frente 33. Javier 33 también hace parte de ese frente.
El Bloque Occidental Jacobo Arenas también tiene varios representantes, incluidos Sebastián Martínez, cercano al frente Carlos Patiño y quizá su pensador político principal; y Ángela Izquierdo, quien ha jugado un papel de vocería en algunos momentos.
En el evento de 8 de octubre también estuvieron presentes en la tarima, por parte del “EMC”, Arley González y Daniel Chacal, del frente Franco Benavides, que opera en Nariño, y el Jaime Martínez, que tiene injerencia en el norte del Cauca, respectivamente.
Los nombres de ellos dos, sin embargo, no aparecen en los documentos firmados en la última semana. Diego Fernández, que es de Miranda, Cauca, se unió al Sexto Frente de las FARC en el 2014, pero no está del todo claro si actualmente opera en esa zona.
Por su parte, Alexander Farfán, conocido como Gafas, viene del Bloque Suroriental, donde se mueve Iván Lozada (también conocido como Mordisco). Leopoldo Durán viene del Bloque Jorge Briceño Suárez, y del frente que antes tenía ese mismo nombre, pero ahora parece llamarse Frente John Linares.
El avance del proceso
Los documentos de la mesa de la semana pasada incluyen “acuerdos de aplicación inmediata”, también llamados acuerdos parciales, lo cual se pensaba que sería la metodología única de la negociación.
Sin embargo, las partes resaltan que también buscarán una “agenda de cambios de fondo de mediano y largo plazo”, que posiblemente significarían acuerdos firmados en su totalidad al final del proceso, como normalmente se hace en los procesos de paz.
De ser así, representaría un ajuste metodológico que podría implicar un cambio en los incentivos para negociar, porque generaría un costo importante de levantarse de la mesa para ambas partes, pues al hacerlo se quedaría con una paz parcial cuando las comunidades que cada parte dice representar han exigido que no desistan en la búsqueda de la paz.
Pero lo que todavía no se ve es el tema de las armas. Aunque hay asuntos del proceso en sí que faltan por negociar, este asunto no puede quedar por fuera o sin mención alguna desde el comienzo.
Las partes también expusieron un listado largo de posibles temas por negociar en la mesa: “tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías hoy consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros”.
Será necesario o no discutir algunos de ellos o acotarlos muy específicamente. El tiempo del proceso – los menos de tres años que le quedan al gobierno de Petro – probablemente no dará para hablar de todos a profundidad.
Además, algunos pueden resultar políticamente sensibles, con un costo muy alto al discutirlos dentro de este proceso, dependiendo de cómo se definan. Si como parte del de “seguridad” se discute la doctrina militar, como lo ha propuesto el “EMC”, el costo político puede ser enorme.
Pero lo que todavía no se ve es el tema de las armas. Aunque hay asuntos del proceso en sí que faltan por negociar, este asunto no puede quedar por fuera o sin mención alguna desde el comienzo.
Aunque el “EMC” ha dicho que dejará las armas cuando el Estado termine de implementar lo acordado, y que es una “línea roja” política para ese grupo, no será aceptable para la sociedad colombiana un proceso que no incluya la dejación de armas transparente y clara a cambio de lo acordado. Además, una paz con armas simplemente no es una paz.
Sin embargo, lo acordado no se puede limitar a desarmar al “EMC” sin implementar lo pactado, pero tampoco puede dejarlo por fuera. Será fundamental encontrar una fórmula que permita una dejación de armas que lleve a la paz y que sea aceptable tanto para la opinión pública como para el “EMC”.
Vinculado a la dejación de armas está la reincorporación. Mientras se sabe que la disidencia, desde sus inicios, ha rechazado el modelo del proceso de las FARC-EP anterior, igual el grupo tendrá que ir pensando en qué modelo sería aceptable para ellos. Para eso, capacitación puede ser beneficiosa también.
El proceso de negociación con la disidencia autodenominada “FARC-EP” seguirá con dificultades y retos que las partes tendrán que enfrentar en el camino. Los anuncios accidentados de las últimas dos semanas son positivos en mostrar que las partes pueden avanzar a pesar de ellos.
Sin embargo, una agenda tan ambiciosa para los siguientes tres años, más los otros desafíos analizados acá, confirman lo que ya se sabía: el camino de la paz con este grupo armado está lleno de retos y riesgos. Superarlos será fundamental para llegar a algún tipo de acuerdo, como han exigido las comunidades afectadas por los conflictos armados en el país.
