Colombia va mal en temas de seguridad y la percepción ciudadana también empeora. La apuesta de seguridad humana del gobierno todavía tiene mucho camino por recorrer y vacíos que llenar.
Andrés Felipe Ortega Gómez*
La inseguridad sobre el tapete
Durante los últimos 25 años el concepto de seguridad ha sido objeto de nuevas formulaciones conceptuales, con dimensiones que han pasado al frente de la agenda pública.
Formadores de opinión, académicos, tomadores de decisión, y el público en general ha tomado conciencia de la seguridad como un tema de debate. No es un hecho aleatorio. Los problemas de seguridad pública y ciudadana están a la orden del día, sea por hechos aislados de violencia, la insuficiencia del sistema judicial o por problemas de inseguridad.
En días recientes, la alcaldesa Claudia López criticó, una vez más, al presidente Petro por el manejo de la seguridad. La encuesta Invamer, presentada en octubre de 2023, señaló que la sensación de que las cosas están empeorando en el campo de la seguridad bordea el 85 %.
actualmente asistimos a un cambio en los repertorios de violencia, así como de sus actores en un contexto donde se crean y consolidan gobernanzas armadas que pretenden regular y ejercer control social a partir del manejo de economías ilícitas
En la reciente competencia electoral, el tema de la seguridad ocupó —junto a la movilidad (y como viene sucediendo hace varios años)— el interés de los candidatos que, a decir verdad, no destacaron por proponer soluciones novedosas al tema. Como lo mostraron reportajes periodísticos y comentarios de centros de pensamiento.
Las formas de la violencia
Como se sabe, Colombia ha enfrentado diversos problemas de seguridad a lo largo de los años; entre estos problemas se destacan,
- El conflicto armado interno entre el Estado, grupos guerrilleros y paramilitares. Aunque se han logrado avances significativos en la reducción de la violencia relacionada con el conflicto, persiste el control de algunos grupos armados ilegales en ciertas áreas del país, configurando lo que analistas llaman gobernanzas armadas.
- Narcotráfico. Colombia ha sido un importante productor y exportador de drogas ilegales, principalmente cocaína. El narcotráfico ha contribuido a la violencia y la inseguridad, ya que varios grupos armados controlan las rutas de tráfico de drogas y las áreas de cultivo, a pesar de las transformaciones de la cadena de valor del negocio.
- Crimen organizado. Además del narcotráfico, otras formas de crimen organizado, que controlan las economías ilícitas, como el contrabando, la extorsión y el secuestro, han sido problemas persistentes en algunas regiones de Colombia.
- Violencia urbana. Algunas ciudades colombianas enfrentan desafíos relacionados con la violencia y problemas de seguridad ciudadana, incluyendo la delincuencia común, el robo y el homicidio.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?
La Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Humana del Ministerio de Defensa Nacional ha tratado de abordar de manera integral estos problemas, siguiendo el marco referencial de la seguridad humana.
Por eso sus prioridades son la protección del agua y la biodiversidad, junto con el control y la regulación de la deforestación, así como una nueva política de drogas y de seguridad ciudadana, donde los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) serán claves.
Como señalé a principio del año, Petro ha dado prioridad a las acciones persuasivas antes que al uso de la fuerza. Por eso han aumentado las acciones que involucran a otro tipo de instituciones; la fuerza se ha tratado como el recurso de última instancia y solo para casos importantes.
Pero actualmente asistimos a un cambio en los repertorios de violencia, así como de sus actores en un contexto donde se crean y consolidan gobernanzas armadas que pretenden regular y ejercer control social a partir del manejo de economías ilícitas.
Los retos y oportunidades
Bajo estas nuevas circunstancias, la política de seguridad enfrenta nuevos desafíos de carácter estratégico y operacional.
El reto para el Sector Seguridad y Defensa es desarrollar acciones centradas en la persona humana, que protejan la vida en entornos urbanos y particularmente rurales, mediante la prevención, la disuasión, la persecución o el combate al control social que ejercen las organizaciones criminales nacionales o transnacionales. Estos asuntos están delineados en la ya dicha Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Humana, que está apenas comenzando a ejecutarse.
El gobierno tiene la oportunidad de consolidar sus apuestas de seguridad y defensa en torno a la política de Paz Total y la política de Seguridad Humana. Pero hasta este momento no ha trazado agendas, políticas, procedimientos y lineamientos estratégicos que combinen ambas apuestas.
La elección de los nuevos gobernantes pone de presente la necesidad de una estrategia de empalme para estos en términos de la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Lamentablemente, en los últimos meses hemos visto las consecuencias de no integrar ambas políticas.
Entre los retos que afrontará el gobierno está el atender las demandas crecientes de la ciudadanía en cuanto a la inseguridad. Este problema se volverá fatal para el gobierno si no le da respuesta inmediata ya adecuada.
Reconociendo la competencia que la ley atribuye a los alcaldes como responsables del orden público en su ciudad, es clave fortalecer las relaciones nación-territorio con las autoridades locales recientemente elegidas.
De allí la importancia de diseñar y ejecutar políticas basadas en evidencia, que permitan acciones de verdadera eficacia. La elección de los nuevos gobernantes pone de presente la necesidad de una estrategia de empalme para estos en términos de la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Por último, habría que garantizar la capacidad técnica local para el diseño de políticas y recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de los planes y políticas.
