¿En qué va la ley estatutaria de educación? | Razón Pública 2024
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¿En qué va la ley estatutaria de educación?

Escrito por Laura Leon

Avanza el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. Este es un tema que une a las distintas corrientes políticas, pero con grandes retos para aumentar el acceso y mejorar la calidad.

Laura León*

El proyecto

La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley estatutaria que establecer a la educación como un derecho fundamental. Sin muchos detractores, pero con un debate álgido y tramitando más de 600 proposiciones de diferentes partidos, el texto aprobado pasará a debate en el Senado de la República. 

La apuesta del gobierno Petro es evitar que los avances del sistema educativo en términos de calidad, acceso, permanencia y pertinencia queden expuestos al vaivén de los cambios políticos.  

Los 47 artículos del proyecto se dividen en cinco líneas principales: redefinición del propósito de la educación como un derecho humano fundamental y un bien común; medidas concretas para garantizar el acceso universal y equitativo a la educación; promoción de la calidad educativa; mecanismos para adaptar el proceso educativo a las necesidades individuales y contextuales de los estudiantes; importancia de la participación de todos los actores en el proceso educativo. 

Parece ser que la educación es un tema que une y que permite, al menos por un momento, dejar de lado las tensiones políticas para garantizar un derecho universal. 

El aumento de cobertura de la educación inicial, la obligatoriedad de la media y la progresividad de la educación superior serán las apuestas de largo plazo atravesadas por las cinco líneas principales. 

¿Qué pasó durante el debate?

Con una votación de 136 a 0 el pleno de la Cámara respaldó la propuesta. 

Entre los puntos a destacar figuran los artículos que garantizan el derecho fundamental a la educación para personas con discapacidad, cuidadores, padres y madres de hogar y gestantes, con un enfoque diferencial para su acceso, permanencia y graduación dentro del sistema educativo. Además, se ratifican los compromisos del Acuerdo con las FARC sobre personas reincorporadas o en proceso de reincorporación. 

También hubo puntos controversiales, como la proposición del Centro Democrático para establecer la educación como un servicio público esencial, además de como un derecho fundamental. Esto es controversial porque los servicios públicos esenciales no pueden ser interrumpidos, y era un claro mensaje para prohibir la huelga en los escenarios educativos. Finalmente, el texto excluyó la palabra esencial.

El problema de la plata  

Pero cumplir esta ley será sumamente difícil. Los retos son diferentes para cada uno de los niveles y en cada uno de los aspectos de la educación que pretenden mejorarse. 

La ley habla de idoneidad y dignificación, de que los programas y la pedagogía sean adecuados, de promover la formación de los docentes, de la inspección y la evaluación de los resultados. 

La apuesta del gobierno Petro es evitar que los avances del sistema educativo en términos de calidad, acceso, permanencia y pertinencia queden expuestos al vaivén de los cambios políticos.

Foto: Alcaldía de Medellín - Se debe revisar la labor del docente para mejorar la calidad de la educación, pues es una profesión que se ha desvalorizado.

Pero semejantes metas encontrarán muchas dificultades, empezando por su financiamiento. 

Hoy Colombia destina el 4,1 % del PIB a la educación pública. Esta cifra es superior al promedio latinoamericano -3,6 %- pero inferior al promedio mundial de -4,8 %-. 

El reto financiero es siempre el gran dilema del sector: hacer lo mayor posible teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Y en el caso de la educación se trata además de distribuir los recursos entre niveles del sistema educativo y entre las varias regiones del país. 

La reforma del Sistema General de Participaciones, la tipología del Ministerio de Educación Nacional para calcular el valor por estudiante y la distribución de los docentes, entre otros, son discusiones que vendrán como consecuencia de este primer paso. 

Formación integral

La idea de la “formación integral” ha flotado durante mucho tiempo en las conversaciones sobre el tema. El proyecto de ley recoge esta idea de una manera retórica e incluso obvia, si se la compara con los demás ajustes que requiere el sistema.  

Entre estos figuran el pensar desde la oferta y no desde la demanda para no sacrificar la calidad de la educación, el lograr la cobertura nacional del acceso y el que se siga viendo como un derecho, porque hoy ese derecho no existe para todas las personas. 

Trabajar juntamente con el sector privado sin que esto signifique que el Estado se limite a atender sus peticiones o a ser su principal proveedor, sino más bien que el trabajo mejore la totalidad del sector y garantice el verdadero cambio hacia un sistema de formación integral de los estudiantes. 

El papel del docente

Otro punto crucial es la labor del docente. Los maestros en general no están muy bien formados, y la profesión no se vende como la más interesante o deseable. En un diálogo reciente decía Francisco Cajiao que la formación del maestro debe reunir tres elementos fundamentales: El primero consiste en la satisfacción y el bienestar profesional que brindan los comentarios positivos de quienes interactúan con el maestro, el segundo es la propia satisfacción con el deber bien cumplido, y el tercero es la recompensa material, consistente en el salario y las condiciones laborales que obtenga el docente. 

El reto financiero es siempre el gran dilema del sector: hacer lo mayor posible teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Y en el caso de la educación se trata además de distribuir los recursos entre niveles del sistema educativo y entre las varias regiones del país.

Dignificar la labor docente va de la mano de exigir más altos estándares de calidad y evaluación permanente del proceso pedagógico, una tarea que a lo largo de los años ha encontrado bastante resistencia de parte del magisterio. 

La tarea no es sencilla. La ley estatutaria es un primer paso para intentar los cambios de un sector que lleva décadas hablando de reformas para hacer efectivo el papel transformador, de motor social, de crecimiento económico y de generador de bienestar, que la educación siempre ha tenido en el discurso. 

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