¿En qué va el Acuerdo de paz después de siete años?
Acuerdo de paz
Foto: x: Claudia López

¿En qué va el Acuerdo de paz después de siete años?

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Se cumplen siete años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y el panorama es agridulce. ¿Cuáles han sido los avances y los atrasos?

Sergio Arrieta*

Siete años y tres gobiernos después

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 fue una esperanza para las comunidades más afectadas por el conflicto. En ella, vieron una oportunidad para mejorar la seguridad de sus territorios y superar las brechas de pobreza.

Tras siete años, conviene hacer un balance de las disposiciones, metas y plazos del Acuerdo. Es necesario insistir en la importancia de ampliar el plazo de cumplimiento de estos compromisos. Respetar la palabra del Estado es clave para mantener y afianzar su legitimidad, especialmente ante las negociaciones con otros grupos armados. Honrar la palabra es esencial para mantener viva la confianza de quienes han vivido y resistido el conflicto.

Después de siete años, el Acuerdo ha pasado por tres gobiernos:

  • el primero gastó su capital político negociando y no tuvo suficiente impulso para ejecutar lo acordado en medio de una grave polarización;
  • el segundo, elegido con las banderas del “No” del plebiscito, prometió hacer trizas lo pactado;
  • el tercero, el de un presidente “amigo” del Acuerdo, decidió volcar sus esfuerzos en una política de paz más ambiciosa que ha opacado la importancia de ejecutar los compromisos asumidos en 2016.

El panorama del Acuerdo es agridulce.

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Los avances

Hay avances que se deben reconocer y esfuerzos que mantener.

Gracias al Acuerdo de Paz se logró que la guerrilla más antigua del continente, con aproximadamente 13 000 miembros, dejara las armas y comenzara su proceso de reincorporación.

También permitió el desarrollo de procesos participativos históricos que resultaron en la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un instrumento de planeación participativa en los territorios más afectados por la guerra.

la política de reincorporación social, política, económica y comunitaria —pensada para implementarse en ocho años— está muy lejos de dar resultados sostenibles que les permitan a los reincorporados construir un proyecto de vida lejos de las armas

Acuerdo de paz
Foto: Minvivienda - Aunque durante estos años se han logrado grandes avances en la disminución de la pobreza multidimensional, no se ha logrado la meta de disminuir la pobreza extrema.
El Acuerdo también llevó a la creación y funcionamiento de un sistema de justicia transicional sui generis, que combina mecanismos judiciales y extrajudiciales para satisfacer los derechos de las víctimas, basados en un paradigma de justicia restaurativa.

Los atrasos

Pero existen compromisos que están lejos de convertirse en realidades:

  • Un grave deterioro de las condiciones de seguridad en algunos territorios y un fortalecimiento de los grupos armados que ocuparon las áreas que dejaron las FARC;
  • Los procesos de acceso a la tierra y reparación de las víctimas han avanzado muy lentamente;
  • El proceso de reincorporación sigue enfrentando desafíos de seguridad y de sostenibilidad;
  • Colombia sigue afectada por el problema de las drogas ilícitas que el Acuerdo trató de solucionar.

Sin duda estamos lejos de hacer los cambios reales que se esperaban del Acuerdo de Paz.

Hay un atraso significativo en el acceso a la tierra y el cierre de las brechas entre campo y ciudad. De 3 millones de hectáreas que debían ingresar al Fondo de Tierras en 12 años, han ingresado cerca de 2,2 millones, pero solo se han entregado cerca de 20 000 hectáreas, es decir, menos del 1 %. A esto se le suma que buena parte de la tierra ingresada al Fondo ya está ocupada o no es adjudicable, según la Procuraduría.

También se ha incumplido el Plan de Zonificación Ambiental y el catastro multipropósito, que debían haberse ejecutado en su totalidad en los primeros dos y siete años, respectivamente, y que fueron ideados para delimitar la frontera agrícola y reducir los conflictos de uso y propiedad de la tierra. Desde la firma del Acuerdo, apenas el 16 % de los municipios tiene catastro multipropósito actualizado y el Plan de Zonificación Ambiental adoptado por el Ministerio de Ambiente no tiene el suficiente detalle para incidir en el ordenamiento ambiental subregional y municipal.

Por otra parte, los PDET y los Planes Nacionales Sectoriales tienen resultados ambiguos. Sobre la meta de reducir la pobreza multidimensional a la mitad en 15 años, se logró un avance mayor al esperado hasta 2022, pues el Índice de Pobreza Multidimensional fue del 27,3 %, es decir casi 8 puntos porcentuales por debajo de la meta esperada para ese año, que era del 35 %. Sin embargo, no se lograron avances para frenar la pobreza extrema, en parte debido a la pandemia. De hecho, en 2020, el indicador de pobreza extrema se ubicó en 17,6 %, 5 puntos porcentuales por encima de la meta prevista.

La reincorporación enfrenta un panorama similar. Si bien hay avances significativos, especialmente en la entrega de renta básica a los firmantes y en el desembolso de proyectos productivos, la política de reincorporación social, política, económica y comunitaria —pensada para implementarse en ocho años— está muy lejos de dar resultados sostenibles que les permitan a los reincorporados construir un proyecto de vida lejos de las armas. A esto se le suma que los firmantes siguen enfrentando amenazas de seguridad, lo que acentúa el riesgo de que la reincorporación no sea sostenible.

Las medidas para solucionar el problema de las drogas ilícitas fallaron. Aunque el Plan Marco de Implementación del Acuerdo planteó que para 2022 los territorios donde se ponga en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) estarían 100 % libres de cultivos ilícitos, hoy por hoy ha aumentado el número de hectáreas de hoja de coca. De hecho, en los municipios en los que se ejecutó el PNIS había 141 397 hectáreas de cultivos de coca para 2022.

Si bien los rezagos son transversales a todos los puntos del Acuerdo, en el caso de los compromisos étnicos se concentran en la Reforma Rural Integral, participación política y reincorporación.

Lo anterior se debe, en parte, a los incumplimientos del Estado en su compromiso de llevar a los territorios programas de desarrollo alternativo que generen ingresos para las familias campesinas que dependían de estas economías en el corto y mediano plazo. A esto se suma que el deterioro de las condiciones de seguridad en algunos territorios ha llevado al aumento de las economías ilícitas.

¿Qué ha pasado con las víctimas?

En materia de satisfacción de los derechos de las víctimas, los resultados son   ambivalentes.

Por un lado, aunque la Comisión de la Verdad necesitó unos meses adicionales, cumplió su meta de publicar un informe final sobre lo ocurrido en el marco del conflicto y produjo unas recomendaciones para la no-repetición. Asimismo, la JEP ha avanzado en su tarea de investigar los hechos más graves y representativos del conflicto con la apertura de once macrocasos, pese a los obstáculos que puso el gobierno anterior con las objeciones a la Ley Estatutaria. Sin embargo, tras cinco años de entrar en vigencia, este tribunal aún no ha emitido sanciones. Las víctimas y la sociedad civil exigen decisiones de fondo en el corto plazo y sancionar pronto a los máximos responsables de estos crímenes.

Frente a la reparación integral y la búsqueda de desaparecidos, el panorama es desalentador. Si bien se prorrogó la Ley de Víctimas, el plazo de 10 años de extensión es insuficiente para reparar integralmente a todas las víctimas. A este paso, se necesitarían 60 años para entregar apenas la indemnización a todos los beneficiarios.

Por su parte la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tiene un plazo de 20 años de funcionamiento, ha establecido un universo de más de cien mil desaparecidos,  pero, a cinco años de su creación, se han recuperado 1114 cuerpos y se han acompañado 235 entregas dignas y 15 reencuentros de personas encontradas con vida.

Los compromisos en materia de género y del enfoque étnico son los más rezagados. Por ejemplo, según el Instituto Kroc, mientras que el 31 % de las disposiciones del Acuerdo han sido completadas, apenas el 13 % de las disposiciones étnicas está en la misma situación. Si bien los rezagos son transversales a todos los puntos del Acuerdo, en el caso de los compromisos étnicos se concentran en la Reforma Rural Integral, participación política y reincorporación.

Las medidas del Acuerdo con enfoque de género enfrentan una situación similar, por lo que se prevé una gran dificultad para cumplir estos compromisos en los plazos acordados. A esto se le suma el reto de que, en cuanto al enfoque de género, falte capacidad de las entidades para ejecutarlo y ausencia de información precisa para determinar el avance en cumplir los compromisos.

Todos estos rezagos implican que el plazo previsto para cumplir el Acuerdo será insuficiente. Por eso importa abrir la discusión sobre las capacidades y tiempos que necesita el Estado para cumplir sus compromisos, porque una postura derrotista   frustraría las expectativas de quienes le apostaron a la paz. Y este sería el camino al fracaso para este y para futuros acuerdos.

Lea en Razón Pública: La violencia en el Cauca tras el acuerdo de paz

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Acerca del autor

Sergio Arrieta

* Psicólogo y comunicador social de la Universidad de la Sabana, magister en Construcción de Paz de la Universidad de Los Andes, investigador del proyecto Del Capitolio al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz.

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Sergio Arrieta

* Psicólogo y comunicador social de la Universidad de la Sabana, magister en Construcción de Paz de la Universidad de Los Andes, investigador del proyecto Del Capitolio al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz.

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