El crecimiento extraordinario de la economía mundial y la “seguridad democrática” mejoraron el clima de inversión y aumentaron la riqueza de unos pocos, pero las cifras muestran que el desempleo, la precariedad laboral, la pobreza, la inseguridad social y la concentración del ingreso siguen iguales o han empeorado durante estos años.
Ricardo Bonilla González
El septenio: crecimiento concentrador sin empleo
En vez de "Estado Comunitario: Desarrollo para todos", el Plan Nacional de Desarrollo bajo el gobierno (los gobiernos) Uribe ha debido llamarse "Desarrollo para unos: Crecimiento concentrador y sin empleo".
Y es porque en efecto, la principal característica del septenio ha sido el apoyo irrestricto a la inversión y la seguridad empresarial, con estímulos a la modernización en maquinaria y equipo que sustituye mano de obra y permite el aumento de las ganancias. Como paliativo, el gobierno se dedicó al asistencialismo y la construcción de una clientela electoral lubricada con subsidios y favores populares.
El balance social es contradictorio con el momento excepcionalmente bueno que vivió la economía, luego de la severa recesión de 1998 – 1999. Al Presidente Uribe le correspondió toda la fase de recuperación y crecimiento del último ciclo económico mundial, así como la rápida descolgada del último año, hasta la recesión actual. Pues bien: desde el punto de vista social se desaprovecharon los años de bonanza y no se crearon los mecanismos que habrían permitido atenuar los efectos de la crisis que, como todas, agudiza las desigualdades sociales.
Este balance social contempla los siguientes aspectos: (1) empleo, (2) calidad del empleo; (3) pobreza e indigencia, (4) distribución, (5) seguridad social, (6) apoyo a la vejez, (7) seguridad ciudadana y confianza inversionista.
1. Empleo y desempleo: ni el reto ni la promesa
El gobierno Uribe heredó la catástrofe de la recesión que había hecho llegar la tasa de desempleo abierto hasta un máximo de 18% en el año 2000; Uribe la encontró en su fase descendente, pero aún en un muy alto nivel de 15%. Su compromiso fue aprovechar "las sinergias del crecimiento y la responsabilidad social empresarial" para generar empleo y reducir la tasa de desocupación, llevándola a los niveles previos a la recesión, es decir, al 7.2% del año 1994. Para esto su gobierno propuso una nueva reforma laboral – Ley 789 de 2002 – donde se eliminaron algunos pagos y se abarató el costo de la mano de obra, profundizando la "flexibilización" que había iniciado la Ley 50 de 1990 (de la cual fue ponente Álvaro Uribe).
En materia de empleo el resultado no es satisfactorio: sin duda hay más personas trabajando pero seguimos lejos del 7% prometido y el crecimiento económico no generó los puestos de trabajo necesarios para cambiar la faz del mercado laboral.
En efecto: Colombia tiene que generar oportunidades para las 300 mil personas que cada año ingresan al mercado de trabajo, simplemente por efecto demográfico, y para los 2.5 millones de ciudadanos represados en el desempleo desde hace una década. Durante el septenio Uribe llegaron 2.2 millones de personas adicionales y hoy trabajan 2.4 millones más de las que lo hacían en el 2002, lo cual podría considerarse un éxito con fondo de de fracaso, porque no se cumplió el compromiso ni se estuvo a la altura del reto.
– El reto no se atendió porque durante estos siete años había que crear 4.7 millones de puestos de trabajo y solamente se creó la mitad: los 2.3 millones de personas restantes siguen siendo desempleadas.
– Tampoco se cumplió el compromiso porque la tasa de desempleo durante el septenio nunca bajó hasta el 7% y ni siquiera estuvo por debajo del 10% – y esto a pesar de que el crecimiento económico de 2005 a 2007 fue aún mayor que el de1993 – 1995. La "sinergia entre crecimiento y responsabilidad empresarial" no fue suficiente para retornar al nivel de desempleo "anterior a la recesión" dado que volver al 7.2% del año 1994 habría significado crear un millón más de puestos de trabajo.
2. Calidad del empleo: entre el rebusque y los contratos temporales
Más grave aún, la responsabilidad social empresarial quedó en deuda con Colombia. El septenio fue testigo de un retroceso en las conquistas laborales, de un aumento en el empleo temporal o precario, y de una multiplicación de los enganches sin contrato de trabajo.
Los empleos generados no son de buena calidad y se deterioró la de los puestos ya existentes. Los contratos de trabajo permanentes fueron reemplazados por contratos temporales. Algunas plantas de personal fueron eliminadas y sustituidas por diferentes tipos de subcontratación, reduciendo el tamaño de las empresas grandes o medianas. Los contratos permanentes quedaron reducidos a su mínima expresión, con lo cual se erosiona la base potencial de los sindicatos y las "convenciones colectivas" son cambiadas por los "pactos colectivos" u otorgados liberalmente por las empresas. Así se eliminan las capacidades de organización y de reivindicación por parte de los trabajadores.
Las nuevas oportunidades de trabajo contribuyeron a este deterioro. En efecto: (a) Poco más de un tercio de los 2.4 millones de nuevos empleos corresponden a contratos temporales ó por días, con evasión de la seguridad social y bajo la condición de que el trabajador se halle cobijado por el régimen subsidiado de salud, y (b) Poco menos de los dos tercios restantes son auto empleados o "trabadores por cuenta propia" sin derechos, que viven del subcontrato o del rebusque.
La subcontratación y el auge del cuenta-propismo van de la mano. Ya hay 7.9 millones de trabajadores independientes ó por cuenta propia, superando en 600.000 personas al número total de los asalariados.
El gobierno de Uribe es buen amigo de la subcontratación y la estimula de distinta maneras. En el campo laboral se trata de las "Cooperativas de Trabajo Asociado" y las "Órdenes de Prestación de Servicios", promovidas ambas como encarnación de las políticas de "emprendimiento" y de la búsqueda de un "país de propietarios". Este tipo de emprendimiento es el de subsistencia y con trabajadores que no tienen otra alternativa, por lo tanto, es precario y con pocas posibilidades de desarrollo empresarial. En cuanto a propietarios, los trabajadores siguen siendo dueños de lo único que tienen, su capacidad de trabajo, solamente que ahora no se la pagan con un salario sino con una compensación ó bonificación y deben agradecer a quien se la da.
3. La pobreza y la indigencia: tendremos que esperar durante décadas
El desempleo y la precariedad laboral por supuesto inciden sobre las tasas de pobreza e indigencia; pero en Colombia estas tasas son materia de bastante controversia.
En lo que atañe a la información estadística, el gobierno de Uribe en general se ha caracterizado por la búsqueda del unanimismo y el rechazo de los datos independientes o poco favorables al gobierno (número de secuestros, población desplazada, datos de empleo, reinsertados, censo electoral…). Las cifras de pobreza han sido fuertemente controvertidas y dieron lugar a dos "misiones" oficiales de estudio: la Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD) para diseñar una metodología de medición, y la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) para resolver las disparidades metodológicas entre los varios instrumentos de recolección de datos. Como consecuencia hay dos series incompletas de medición de la pobreza por ingresos.
El compromiso del gobierno es acogerse a los Objetivos del Milenio, cuya meta principal es reducir la pobreza a la mitad, tomando como referencia una línea de base. La meta para Colombia es reducir la pobreza al 28% y la indigencia al 8% en el año 2015; para lograr estas metas deberíamos entonces encontrarnos en la senda de un descenso paulatino.
Pero los resultados no son halagadores. Para el 2008, la MESEP acaba de estimar que el 46% de la población es pobre y el 17.8% indigente, es decir que, a siete años de la meta, quedarían por reducir 18 puntos en pobreza y 10 en indigencia.
¿Será posible hacerlo? Según los datos de la misma MESEP, entre 2002 y 2008 la pobreza se redujo en 7.7 puntos y la indigencia disminuyó en 2 puntos; a este paso se habrían necesitado otros 16 años para alcanzar la meta en pobreza y 30 años para la de indigencia. Pero además resulta que la bonanza ya pasó y que tanto la pobreza como la indigencia muy probablemente han comenzado a aumentar en vez de reducirse.
En este punto es necesario advertir que no se sabe cuál fue el impacto real de la última bonanza sobre el nivel de pobreza en Colombia: la MESEP concluyó que esta tasa se encontraba dos puntos por debajo de la que había sido reportada bajo el método anterior, pero no existen resultados consistentes para los años 2006 y 2007.
Sabemos, eso sí, que la pobreza medida por ingresos tiende a cambiar con el ciclo económico: se reduce durante las bonanzas y aumenta en tiempos de recesión porque el mercado laboral se expande o se contrae y el ingreso familiar crece o decrece según las fases del ciclo. Y en estas circunstancias hay que concluir que el crecimiento económico del septenio produjo una pequeña reducción de la pobreza y que la mejoría bien puede revertirse con la actual recesión.
4. Distribución del ingreso: pocos dueños del "país de propietarios"
El grado de desigualdad en la distribución del ingreso suele medirse con el "coeficiente Gini", cuyo valor mínimo – 0,0- indicaría que todo mundo tiene el mismo ingreso y cuyo valor máximo – 1,0- querría decir que una sola persona tiene todo el ingreso del país.
Pues bien, la propia MESEP midió el coeficiente Gini de Colombia y concluyó que es uno de los más desiguales del mundo: en 2002 fue de 0,59 y en 2008 tuvo exactamente el mismo valor. O sea que en este septenio no se hizo nada por redistribuir la riqueza y que el programa de un "país de propietarios" no es otra cosa que repartir más pobreza.
Las desigualdades persisten y se profundizan, la tierra se ha seguido concentrando en pocas manos y los subsidios se reparten entre amigos del gobierno, al mismo tiempo que se desconocen los derechos de los desplazados. Los principales proyectos urbanos son de vivienda no social y el crédito se destina a quienes tienen menos necesidad de él. El crecimiento es concentrador y se basa en las exenciones entregadas a los grandes inversionistas, las mismas que se reflejan en la densidad accionaria y el control que mantienen los primeros mil accionistas del país.
5. Seguridad social: desigual e insegura
El acceso a la seguridad social es discriminatorio y no se corresponde con el pacto social para su financiamiento y cobertura que fue adoptado en Colombia hace más de medio siglo. Ese pacto fue un acuerdo para construir y mantener un régimen contributivo en salud y pensiones, financiado de manera compartida por empleadores y trabajadores. Con la subcontratación y la precariedad de los contratos laborales, el pacto tiende a diluirse y hoy predomina un ambiente de evasión y elusión del sistema.
Por lo pronto, el régimen contributivo está estancado, con alrededor de 16 millones de afiliados, entre cotizantes y beneficiarios, mientras el régimen subsidiado alberga a más de 24 millones de personas. Entre los dos regímenes media un Plan Obligatorio de Salud (POS) que discrimina en contra de los más pobres.
De los 18 millones de personas que hoy trabajan en Colombia, aproximadamente 9 millones corresponden al sistema asalariado (incluyendo trabajadores, patronos y jornaleros, menos servicio doméstico) de los cuales hay 6 millones inscritos y cotizando activamente en salud y pensiones. Sobre los 3 millones de asalariados restantes no se sabe nada, pero parece obvio que para ellos predomina la evasión mediante el truco ya dicho de pedirles que se afilien al régimen de salud subsidiada. Entre los "independientes" y los "subcontratados" probablemente se cuenten otros tres millones de colombianos a quienes se les niega la protección laboral y quienes son "empujados" al régimen subsidiado.
6. Tercera edad: ni ahora ni en 20 años
Actualmente hay 4,5 millones de personas que superan la edad de jubilación (55 años para las mujeres, 60 para los varones) y sin embargo solo 1 millón de ellas están pensionadas. Las demás dependen de su propio trabajo, de su familia, de la beneficencia privada o de la caridad pública – 200 mil ancianos reciben un subsidio monetario y a menudo en actos de proselitismo político.
El futuro no es halagador: apenas 6 de los 18 millones de trabajadores actuales están cotizando o están activos en el sistema de pensiones, de suerte que dos de cada tres colombianos no podrán disfrutar de su pensión. Peor todavía, la inestabilidad laboral y la precariedad de los contratos en tiempos de recesión harán aún más difícil conservar la fidelidad al sistema, de suerte que a buena parte de los cotizantes se les devolverá su ahorro y nada más. ¿De qué vivirán quienes lleguen a la tercera edad en veinte años?
7. Seguridad y confianza inversionista: no para todos
Los dos ejes centrales de la política durante este septenio han sido la seguridad ciudadana y la confianza inversionista. Pero ambas han tendido al beneficio de algunos con exclusión sistemática de muchos otros. Me explico.
– La seguridad ciudadana no cuenta para los desplazados, ni para los jóvenes convertidos en "falsos positivos", ni para los indígenas, ni para los afro descendientes, ni para los sindicalistas, ni para la oposición. El desplazamiento forzoso resulta de poner la sociedad civil en medio de un conflicto que el gobierno insiste en negar; más de 3 millones de personas (cifras oficiales) flotan entre su terruño y la búsqueda de un pacífico lugar de destino. Los territorios indígenas y de afro descendientes son objeto de la voracidad de los inversionistas y de los grupos armados. Sindicalistas y dirigentes o voceros de la oposición son objeto de espionaje, de campañas de desprestigio y de amedrantamientos. Los efectos finales son la redistribución de la tierra hacia los más fuertes, el ostracismo y la amenaza para quienes disienten y la "seguridad democrática" para los inversionistas.
– La confianza inversionista está diseñada sobre la base de otorgar exenciones y garantizar las ganancias. Sin cumplir el pacto social de la estabilidad de los contratos laborales y su contribución al financiamiento de la seguridad social, la política de infancia y la formación para el trabajo. El país necesita contratos de confianza inversionista sobre la base de garantizar las mismas reglas de juego para todos y el cumplimiento de los compromisos establecidos por la ley. En materia social, la mejor confianza inversionista es aquella que les garantiza a los empresarios su libre actividad y la obtención de ganancias razonables en medio de una agenda redistributiva donde cumplan el pacto social con la seguridad social y el trabajo decente.
* Profesor y Coordinador del Observatorio de Coyuntura Socio Económica (OCSE) del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.
** La imagen del artículo fue tomada de la página www.nuevoencuentro.com