
Una política agraria sin campesinos
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El gobierno de De la Espriella propone sustituir a los campesinos por «empresarios del campo», suspender la compra de tierras y reducir el presupuesto agrario. ¿Qué pasará con los derechos conquistados y con la reforma agraria?
Campesinos o empresarios del campo
El reconocimiento del campesinado colombiano es resultado de una larga lucha social. La palabra campesino expresa una identidad cultural, una relación particular con la tierra y unos derechos que el Estado se comprometió a proteger. Cambiar la manera de nombrarlo puede convertirse en una forma de desconocer esos derechos. La reducción del presupuesto, la suspensión de la compra de tierras y los recortes de personal agravan esta amenaza.
El Acto Legislativo 01 de 2023 reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Tres años después, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció ante las comisiones económicas del Congreso que dejaría de llamar campesinos a quienes ahora denomina «empresarios del campo». También anunció que en 2027 se suspenderán las compras de tierras, que el presupuesto del sector disminuirá y que dejarán de renovarse unos 10.000 contratos de prestación de servicios.
El gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) reactivó una reforma agraria que llevaba años estancada. Sus logros merecen ser reconocidos, al igual que sus limitaciones.
La nueva orientación del gobierno amenaza con debilitar los derechos conquistados y reducir la capacidad de acción del Estado en un país donde la propiedad de la tierra ha sido una de las causas principales del conflicto armado.
Los avances de la reforma agraria
En agosto de 2023, desde Sincelejo, el entonces presidente Petro firmó el decreto que reglamentó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, organizado en ocho subsistemas a cargo de varios ministerios. El Gobierno reconoció así una deuda pendiente con el campesinado desde la Ley 160 de 1994.
En febrero de 2025, en Chicoral, delegados del campesinado y de los pueblos étnicos formularon con el Gobierno el Pacto por la Tierra y la Vida, compuesto por doce puntos que sirvieron de base al Plan Decenal de Reforma Agraria. En 2026, el Conpes 4184 proyectó esta política a diez años, con un costo aproximado de 18,6 billones de pesos.
Los resultados muestran avances importantes en el primer punto del Acuerdo de Paz. Según el balance publicado por Rocío Londoño en Razón Pública, entre 2017 y junio de 2026 se incorporaron 2.717.568 hectáreas al Fondo de Tierras. El gobierno Petro aportó 808.081 hectáreas, equivalentes al 29,74 % del total. En materia de formalización, el 84 % de las 2.284.306 hectáreas tituladas correspondió a ese cuatrienio. Además, se entregaron 351.009 hectáreas distribuidas en 15.517 predios.
También deben reconocerse las limitaciones. La asignación de tierras apenas alcanzó el 11 % de la meta del Acuerdo de Paz, el 58 % de las asignaciones sigue siendo provisional y la Procuraduría advirtió que predominan los microfundios. Estos resultados muestran la necesidad de profundizar y corregir la política agraria.
Otro avance importante fue la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Esta figura existe desde la Ley 160 de 1994. Antes del gobierno Petro había siete zonas y durante su administración se constituyeron o se aprobó la constitución de otras veinte.
También hubo cambios legales. El Decreto 1147 de 2024 actualizó la reglamentación de las ZRC y la Ley 2294 de 2023 convirtió sus planes de desarrollo sostenible en determinantes del ordenamiento territorial. Por su parte, el Decreto 780 de 2024 creó los Territorios Campesinos Agroalimentarios, con al menos cien iniciativas identificadas en 2024.
Los derechos que están en juego
El Acto Legislativo 01 de 2023 modificó el artículo 64 de la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, con una relación particular con la tierra basada en la producción de alimentos. También estableció el deber del Estado de promover su acceso progresivo a la propiedad.
La reforma ordenó garantizar sus derechos individuales y colectivos para alcanzar la igualdad material, con enfoques de género, edad y territorio. Además, dispuso la creación de un trazador presupuestal que permita identificar el gasto público destinado a esta población. Antes de esta modificación, el artículo 64 se refería a los trabajadores agrarios, sin reconocer expresamente al campesinado como sujeto con una identidad propia.
El reconocimiento tuvo también una dimensión internacional. Colombia se abstuvo en 2018 durante la votación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. A finales de 2022, el Estado envió una nota diplomática al secretario general de las Naciones Unidas para manifestar su decisión de apoyarla y aplicarla.
Por eso importa la discusión sobre las palabras. El ministro Dangond considera despectivo el término campesino y, según reveló La Silla Vacía, los contratistas de la Agencia Nacional de Tierras recibieron instrucciones de utilizar la expresión «productores rurales».
Al resolver una tutela, el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al ministro disculparse y aclarar que las palabras campesino, campesina y campesinado seguirán formando parte del lenguaje del Estado. La sentencia también reconoció que un campesino puede ser productor o empresario rural y que el Gobierno puede utilizar estas categorías para fines económicos.

La diferencia tiene consecuencias jurídicas y materiales.
—En primer lugar, la Constitución reconoce al campesinado como titular de derechos especiales. La categoría de productor agrario describe apenas una parte de su realidad, pues deja por fuera sus dimensiones culturales, organizativas y territoriales, como explica Marta Saade.
—En segundo lugar, está en juego el seguimiento del gasto público. El trazador presupuestal debe identificar los recursos destinados al campesinado y, como recuerda Carlos Quesada, esta obligación constitucional no puede eliminarse mediante un decreto. Hasta ahora se desconoce cómo funcionará el trazador durante el gobierno de Abelardo de la Espriella y cómo se identificarán sus beneficiarios en un país donde más de once millones de personas se reconocen como campesinas.
—En tercer lugar, están las personas que esperan acceder a la tierra. Hasta 2025, el Registro de Sujetos de Ordenamiento de la Agencia Nacional de Tierras reunía más de 2,2 millones de inscritos que aspiraban a recibir tierras o títulos de propiedad.
Quesada advierte que los instrumentos que el ministro pretende conservar, especialmente el crédito y el riego, favorecen a quienes ya tienen un negocio que capitalizar o una tierra que regar. Mientras tanto, se suspende la compra de tierras, el instrumento que permite redistribuir la propiedad.
Llamar empresario a quien carece de tierra puede convertirse, en la práctica, en una manera de excluirlo de la reforma agraria.
Menos presupuesto y menos Estado
El recorte anunciado por el ministro Dangond refuerza esta orientación. Según el análisis de Óscar Gutiérrez Reyes en La Silla Vacía, la inversión del sector disminuirá cerca del 44 %.
Dangond anunció que dejarán de renovarse 10.000 contratos de prestación de servicios, cuyo costo asciende a 540.000 millones de pesos. También planteó eliminar hasta 18.000 cargos para ahorrar un billón de pesos en gastos de funcionamiento, con ajustes en entidades como la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
El Gobierno sostiene que hay un millón de hectáreas sin utilizar en el Fondo de Tierras y que buena parte de las tierras entregadas carece de proyectos productivos.
Estas dificultades exigen una respuesta.
Es necesario financiar los proyectos, corregir las irregularidades y garantizar que las familias beneficiarias puedan aprovechar efectivamente sus tierras.
Como señala Carlos Quesada, la compra de tierras, el crédito y el riego son instrumentos complementarios. Suspender el único que permite redistribuir la propiedad por la existencia de irregularidades puntuales constituye un error de diagnóstico.
La reducción del personal también tiene consecuencias. Los equipos que llevan años trabajando en la reforma agraria han acumulado conocimientos sobre el funcionamiento del Estado y las necesidades de los campesinos en los territorios. Su salida masiva puede destruir una experiencia difícil de recuperar.
La tierra y el conflicto armado
Estas decisiones son especialmente graves en un país donde la concentración de la tierra ha estado estrechamente relacionada con el conflicto armado.
Según el informe de Oxfam sobre la desigualdad rural, elaborado a partir del Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 1 % de las explotaciones de mayor tamaño concentra el 81 % de la tierra. La desigualdad en su distribución aumentó durante el último medio siglo.
La Comisión de la Verdad concluyó que el abandono y el despojo contribuyeron a aumentar la concentración de la propiedad y la desigualdad rural. También señaló la responsabilidad directa del Estado en el surgimiento y la actuación del paramilitarismo.
Por eso, la política agraria tiene consecuencias que van mucho más allá de la producción agropecuaria. La distribución de la tierra, la protección de los derechos campesinos y la presencia efectiva del Estado están relacionadas con las posibilidades de construir una paz duradera.
Cuatro exigencias al Gobierno
Frente a la nueva orientación de la política agraria, es necesario exigir cuatro medidas.
—La primera es mantener el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Las categorías económicas pueden complementar ese reconocimiento, pero deben respetar su identidad cultural, social y territorial.
—La segunda es garantizar el funcionamiento del trazador presupuestal, con indicadores claros que permitan identificar cuánto dinero se destina al campesinado, cómo se utiliza y cuáles son sus resultados.
—La tercera es auditar los procesos de adjudicación en curso, corregir sus irregularidades y llevarlos a buen término. La entrega de tierras debe acompañarse de proyectos productivos, asistencia técnica y condiciones que permitan a las familias beneficiarias aprovecharlas.
—La cuarta es incorporar a la planta de personal a los equipos que durante años han trabajado en la reforma agraria mediante contratos de prestación de servicios. Su experiencia constituye un patrimonio público que el Estado debe conservar.
La reforma agraria necesita tierras, recursos, funcionarios capaces y campesinos reconocidos como sujetos de derechos. Reducirla a una política de apoyo a los empresarios rurales dejaría por fuera a buena parte de quienes más necesitan la acción del Estado.
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Acerca del autor

María Teresa Gutiérrez
*Profesora asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.
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