El gobierno Santos tiene buenas intenciones, pero complejos retos en el objetivo de reducir la desigualdad y la pobreza en Colombia.
César González Muñoz *
En estos días se mantiene el caudal de buenas noticias que salen de las altas cumbres del poder político formal. Buena noticia es que el Presidente Santos quiera ser juzgado, al final de su administración, por su habilidad para unir a Colombia en pro de un país “con menos desempleados y menos pobres, un país con una democracia fortalecida, un país en paz”
Buena noticia, también, es que el Presidente haya instado a los miembros y allegados de la ANDI a construir un programa público – privado, con metas concretas, para la reducción del desempleo y la pobreza. Estas son palabras mayores, que corren alto riesgo de ser sólo palabras al viento. En primer lugar, no es fácil sentar a los dueños del capital a concertar en serio con el gobierno sobre los modos de corregir el rumbo. En segundo lugar, la sola determinación de metas en esta alianza público – privada plantea muchas dificultades. En tercer lugar, ¿pueden los gremios comprometer cambios culturales, modificaciones de prácticas, metas cuantitativas específicas, en nombre de los sectores empresariales que representan? Y, en cuarto lugar, ¿Qué pasaría si los eventuales compromisos no se cumplen? ¿Sólo el mutuo reproche público?
No obstante, es alentador que el gobierno salga del partidor con propósitos como estos. Lo que Colombia necesita es el compromiso real de las élites económicas, políticas y culturales (y no sólo de los estamentos gremiales) sobre su aporte intelectual, ético y en moneda contante y sonante, al logro de los objetivos históricos de la sociedad colombiana. Éstos coinciden con los propósitos enunciados por el Presidente.
Es bueno reiterar que en empleo, pobreza y desigualdad Colombia falla seriamente. El Plan de Desarrollo 2006 -2010 señalaba que al finalizar la segunda administración Uribe el índice de pobreza se debía reducir al 39.6%, partiendo del 49.2% en 2006. En el 2008 el DNP, en su rendición de cuentas, declaró que las metas firmes para 2010 eran el 35% y el 8%.
Pues ya sabemos. Los números son: indicador de pobreza por encima del 45% e indigencia del 18%. Y Colombia sigue en el podio latinoamericano en desigualdad de ingresos.
El Plan 2006 – 2010 concentraba sus estrategias contra la pobreza en el lenguaje de los subsidios, de la Red de Protección Social, del “acompañamiento para emprender proyectos de vida y su inserción autónoma en procesos productivos y de emprendimiento y a los demás componentes del sistema de protección social”
En la misma norma legal se dice que “La reducción de la pobreza dependerá en buena medida del cumplimiento de otras metas, especialmente en el área social, pero también en infraestructura, vivienda, seguridad y justicia, entre otros” (íd.). Estábamos ante una visión asistencialista del progreso social. Esa opción ha fallado. Entre tanto, el desempeño de la economía y el tamaño y la calidad de la inversión pública eran vistos en el Plan de Desarrollo anterior como asuntos mencionables sólo de paso como factores claves de la lucha contra los peores males de esta sociedad.
Ahora estamos, parece, al comienzo de una nueva era; seguirá siendo necesaria una estrategia de asistencia social a los pobres; para que ésta sea eficaz y sostenible, debe tener claridad de enfoque y de gestión, y debe contar con los recursos financieros necesarios. Este es un punto central de la alianza del gobierno con la gente rica en esta nueva era: Una alianza para construir un régimen tributario que atienda a la igualdad y a la justicia. Y el compromiso no debe ser sólo de los empresarios: No se pueden quedar por fuera los sectores terratenientes, cuyas propiedades aportan una porción ridículamente baja de los recursos tributarios.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
