Miles de vidas se habrían salvado en Turquía y Siria si los constructores no hubieran incrementado sus ganancias a costa de la seguridad de la gente ¿Cómo están las cosas en Colombia?
Gustavo Wilches Chaux*
Noticias de Turquía y de Siria
No sobra insistir en que los desastres no son naturales.
De ahí la importancia de identificar y actuar sobre quienes, por acción u omisión —y especialmente por corrupción—, crean condiciones de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las comunidades, y reducen la capacidad de los territorios para resistir el impacto de los fenómenos naturales.
Desde que el 6 de febrero se produjeron los dos primeros grandes terremotos y después las más de mil réplicas registradas que a partir de esa fecha vienen azotando la zona limítrofe entre Turquía y Siria, no ha pasado un día sin que los medios de comunicación nos traigan a Colombia y al resto del mundo, nuevas y cada vez más dramáticas noticias sobre este desastre en pleno desarrollo, que sigue causando grandes pérdidas humanas y materiales.
Si bien era inevitable que un terremoto y una cantidad de réplicas de esas características, produjeran daños muy grandes, a las pocas horas de ocurrido el sismo principal, y cuando el suelo todavía se sacudía, ya varios especialistas exponían su certeza de que de haber sido construidos los edificios con el pleno cumplimiento de las normas de sismo-resistencia vigentes, estos habrían aguantado o, por lo menos, habrían quedado en condiciones de permitirles a sus ocupantes evacuar la estructura.
En medio de ese enorme dolor, propio de todas las situaciones de desastre —ya sean causadas por fenómenos naturales, antrópicos, o por una combinación de ambos—, siguen aflorando también las evidencias de la Berraquera de la Vida. Esa que se manifiesta en la capacidad de muchas personas de distintas edades que, contra todas las posibilidades “lógicas”, han logrado sobrevivir tras permanecer varios días atrapadas bajo los escombros. Esa Berraquera también se expresa en la entrega de quienes se dedican a rescatar y acompañar a esas personas.
Si bien —no me canso de repetirlo— la principal característica de un desastre es que es un desastre (lo cual podría parecer una tautología gratuita pero no lo es), otra característica es que en estas situaciones aflora tanto lo mejor como lo peor de la especie humana. Lo anterior lo hemos aprendido in situ quienes de una u otra manera hemos vivido dichas situaciones.
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Una noticia “inédita” y sus lecciones
En medio de todas las noticias que nos llegan desde esa parte del mundo (y de otros países que en este momento también están siendo afectados por desastres), aparece una que —hasta donde yo recuerde— es “inédita” en estos escenarios: la pronta identificación de los factores y sujetos que causaron las condiciones de vulnerabilidad de las cuales dependió que el terremoto produjera un desastre de semejante intensidad, y el consecuente señalamiento de quienes se consideran los causantes del riesgo.
Si bien era inevitable que un terremoto y una cantidad de réplicas de esas características, produjeran daños muy grandes, a las pocas horas de ocurrido el sismo principal, y cuando el suelo todavía se sacudía, ya varios especialistas exponían su certeza de que de haber sido construidos los edificios con el pleno cumplimiento de las normas de sismo-resistencia vigentes, estos habrían aguantado o, por lo menos, habrían quedado en condiciones de permitirles a sus ocupantes evacuar la estructura.
Apenas tres días después del terremoto principal, la BBC publicó esta noticia titulada “Los edificios que no deberían haberse derrumbado en el terremoto de Turquía”, la cual recomiendo leer en su totalidad. Allí, como en muchas otras noticias que denuncian la misma situación, se indica que desde tiempo atrás se viene advirtiendo el peligro que representa que: “El gobierno haya concedido ‘amnistías de construcción’ periódicas —en la práctica, exenciones legales con el pago de una tasa— a aquellas estructuras construidas sin los certificados de seguridad exigidos. Se vienen aprobando desde la década de 1960 (la última en 2018). […] Hasta 75.000 edificios en la zona afectada por el terremoto en el sur de Turquía —dice la noticia— han recibido amnistías de construcción”.
Por otro lado, frente a este tema, las últimas noticias, vía CNN, mencionan que, mientras escribo esto, las autoridades turcas han arrestado a 120 personas vinculadas con la construcción de edificios destruidos por el terremoto.
La experiencia colombiana
Cuando ocurrió el terremoto de Popayán, en 1983, se hizo evidente que el desplome de algunos edificios modernos, en donde hubo un número significativo de pérdidas humanas, se debió, entre otras razones, a que los amarres de las estructuras metálicas de las columnas no se habían realizado con varillas de hierro del calibre indicado, sino con alambre de púas.
En ese momento no se señalaron culpables, pero por lo menos —o más bien: por lo más— de allí surgió el primer Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes (Decreto Ley 1400/1984), que estuvo vigente hasta cuando en 2010 fue reemplazado por una norma más avanzada.
En teoría —y uno confía que en la práctica también—, las construcciones que se ponen en marcha hoy en Colombia cumplen al pie de la letra esa legislación. Sin embargo, no dejan de aparecer evidencias lamentables de que eso no siempre es así, como ocurrió, por ejemplo, con las Torres Space de Medellín, que ni siquiera necesitaron de la ayuda de un pequeño temblor para desplomarse.
Finalmente, de acuerdo con esta noticia de El Tiempo, “tres años y medio después del desplome de la Torre Seis de la urbanización Space en El Poblado, en Medellín, que dejó 12 muertos, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) profirió las sanciones a los profesionales que tuvieron que ver con el diseño, la construcción y supervisión de dicho edificio.”
Por otro lado, tras la destrucción de Armero, el desastre desencadenado por un fenómeno natural que más víctimas humanas ha producido en Colombia, se expidió el Decreto 919 de 1989. Así se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que fuera actualizado por la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Cuando ocurrió el terremoto de Popayán, en 1983, se hizo evidente que el desplome de algunos edificios modernos, en donde hubo un número significativo de pérdidas humanas, se debió, entre otras razones, a que los amarres de las estructuras metálicas de las columnas no se habían realizado con varillas de hierro del calibre indicado, sino con alambre de púas.
Así mismo se tomó la decisión —hasta ahora sin reversa— de no volver a construir esa ciudad en el mismo lugar donde había sido destruida por el mismo fenómeno dos veces antes de 1985, y además se dotó al país de un sistema de monitoreo de nuestros volcanes activos, gracias al cual, es muy probable, que se logre evitar que lo que sucedió en Armero vuelva a ocurrir.
¿Se siguen cumpliendo las normas?
Sin embargo, es obligatorio preguntarse hoy —y obtener respuestas ciertas— si pasados 40 años del terremoto de Popayán las normas de sismo-resistencia se siguen cumpliendo con el mismo rigor y, sobre todo, si las autoridades correspondientes siguen vigilando cuidadosamente que esas normas se apliquen efectivamente en el momento de diseñar y de construir.
Dos ejemplos más de preguntas que deben formularse:
- ¿En el desarrollo de las ciudades del Eje Cafetero se ha tenido en cuenta el “ordenamiento territorial” que de manera contundente establecieron los terremotos de 1995 y 1999, o se han vuelto a llenar de edificios las cañadas y otros espacios en donde quedó muy claro que allí no se podía construir?
- En la reconstrucción de Providencia se han tenido en cuenta los resultados de la auditoría que se tuvo que hacer a las malas por el huracán Iota, a falta de un adecuado ordenamiento territorial.
En caso de que no haya sido así, y de que en estos y otros territorios del país vuelvan a ocurrir desastres como consecuencia de acción, omisión o corrupción de quienes toman las decisiones del desarrollo y/o de quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas legales, ¿qué sanciones administrativas, económicas y penales van a imponerse?
