¿Qué hacen y cuántos son los contratistas privados del Pentágono en estas guerras internas? ¿Por qué surgieron y qué implican? ¿Cuáles son sus peligros y cómo controlarlos? Resumen de un estudio de la Universidad Externado de Colombia.
Fernando Estrada Gallego*
¡Perdónalos, Señor, porque saben lo que hacen!
Karl Krausf
Del mercenario clásico a las compañías militares de seguridad
Tanto en Colombia como en Irak se ha producido una transformación silenciosa en la forma de intervención de Estados Unidos en los conflictos internos que implican intensificación de las acciones insurgentes en las fronteras. Se trata de una privatización de la guerra o de la expansión sin precedentes de las compañías militares de seguridad privada –CMSP.
De aquella imagen legendaria del aventurero de la Legión Étrangère que combatía en África o de la del mercenario vagabundo a lo Yair Klein, hemos pasado a compañías militares con una amplia oferta en los mercados de seguridad. Las CMSP diversificaron sus fuentes de crecimiento, ofreciendo planes e intervenciones "estratégicas", adiestramiento en nuevas tácticas de combate, apoyo logístico y asesoría técnica.
Los contratistas en Irak
Aunque las cifras no son precisas, en Irak los contratistas representan un porcentaje significativo de la presencia militar estadounidense. Hacia noviembre de 2007 el total de fuerzas norteamericanas en este país estaba alrededor de 180.000 personas, de los cuales cerca de 49.500 -incluidos 120 colombianos- eran empleados de las 180 CMSP contratadas por el Pentágono. Esos "contratistas" suman una cantidad muy superior a las tropas enviadas a Irak por el conjunto de los países aliados de Estados Unidos (9.700 soldados).
Los contratos con estas compañías han significado grandes cantidades de dinero. En un informe presentado al Congreso de los Estados Unidos se calcula que entre el 2003 y el 2007 hubo un gasto de entre 3 mil y 6 mil millones de dólares por este concepto. En el 2005 un reporte de la U.S. Government Accountability Office (GAO) -la Oficina de Auditoría General del Gobierno federal estadounidense – añadía que en más de la mitad de los casos el sobrecosto o utilidad para la compañía privada representaba más del 25% del valor del contrato. Sólo Halliburton – KBR en el verano de 2007 se guardaba 20.100 millones de dólares. Una cantidad que triplica los gastos que Estados Unidos realizó en la guerra del Golfo en 1991.
También los costos humanos han aumentado significativamente en el caso de Irak. Luego de cinco años de ocupación, los militares de Estados Unidos han sufrido más de 33.000 bajas – 4.000 muertes y 29.000 heridos-. Por demandas instauradas por abogados de familiares de contratistas hasta abril de 2008 se cuentan 1.292 muertos y 9.610 heridos. Las CMSP han padecido más pérdidas en Irak que el resto de la coalición de naciones juntas.
Los contratistas en Colombia
Durante las décadas siguientes a los años 80, las CMSP habrían de encontrar un mercado natural en Colombia, con la expansión del paramilitarismo, con los recursos derivados del Plan Colombia y con la campaña antiterrorista de los Estados Unidos.
Desde comienzos de los años 90, en Colombia han operado 77 CMSP. Su misión ha consistido en prestar servicios de seguridad a la Embajada de Estados Unidos, en proteger al personal de campo en zonas de erradicación de cultivos ilícitos, en cuidar oleoductos y en escoltar a ejecutivos de empresas multinacionales.
Entre las CMSP con presencia en Colombia se destaca Dyncorp International, una compañía con ingresos anuales reportados de 2 mil millones de dólares, el 96% de los cuales provienen del Pentágono y que, además de Colombia, ha intervenido en los conflictos de Afganistán, Kosovo, Kwait, Bosnia, Somalia, Angola, Haití y Bolivia. Según informes del Times en mayo de 2001 en Colombia ya trabajaban 200 contratistas de Dyncorp y esta cifra se acercaría hoy a los 1.000 hombres en distintas tareas. Los tres norteamericanos en poder de las Farc durante "1.967 días" y que fueron liberados en la Operación Jaque eran empleados de Dyncorp.
Un buen negocio de lado y lado
La tradición mercenaria y la decisión gubernamental de contratar compañías militares privadas responden a una lógica económica y política muy claras:
– En vez de arriesgar su vida gratuitamente, el soldado – contratista recibe ingresos enormes y puede jubilarse en pocos años, mientras que los accionistas de la CMSP acumulan las ganancias del tamaño mencionado.
– Del otro lado -y después de traumatismos como la guerra de Vietnam – el gobierno de Estados Unidos encontró en la industria militar privada una solución presuntamente "eficiente" y sobre todo sin costo político alguno. No había protestas cuando se llamaba a filas y se despachan tropas al extranjero. Las muertes de los contratistas no se contabilizaban en el cómputo oficial de víctimas, y esta pérdida de vidas no tenía impacto sobre los niveles de popularidad del presidente.
En la guerra de Irak, la administración Bush podría haber desplegado más de las 135.000 fuerzas regulares que se pensaron en un primer momento. No obstante, esto habría implicado admitir públicamente que la administración se había equivocado en sus estimativos sobre el tamaño y la duración del conflicto. La alternativa obvia era subcontratar la ocupación con las CMSP.
En el caso colombiano, una guerra difícil de entender y de explicar a los votantes norteamericanos, una guerra que – aunque untada por la droga – no amenaza la seguridad nacional ni otro "interés vital" de Estados Unidos, una guerra que lleva más de medio siglo y cuyos muertos son sobre todo campesinos de un país con mala fama o muy poco conocido.
¿Dónde están los problemas?
Tanto en Colombia como en Irak la lógica de los beneficios ha predominado sobre los principios. Sin embargo, los retos que siguen agudizan los pronósticos del impacto nacional e internacional que puedan tener las CMSP.
1. Incumplimientos y sobrecostos
Uno de los dilemas con alcance crítico global es la naturaleza de los contratos. En medio de una guerra civil o en regiones apartadas del país, los gobiernos no están precisamente en condiciones de administrar o supervisar debidamente los contratos. Esto ha dado pie a incumplimientos y a pleitos millonarios contra empresas como Blacwater o Dyncorp en Colombia y como Kellog Brown & Root-Halliburton o Custer-Battles en los Estados Unidos. Las compañías extranjeras que operan en zonas de conflicto cobran servicios que no prestaron o exageran precios por protección de las refinerías. La Agencia de Auditoria de Contratos de Defensa ha identificado más de 10.000 millones de dólares en costes cuestionables o no justificados.
En el renombrado caso de contratistas colombianos incorporados a través de Dyncorp para la guerra en Irak entre 2005 y 2006, un informe de la revista Semana destacó la distancia entre la oferta salarial de enganche (2.500 dólares mensuales) y lo que efectivamente les reconocían en Bagdad (34 dólares por día o mil dólares al mes). La queja tuvo repercusiones y finalmente Blackwater tuvo que facilitar la repatriación de un contingente de 32 hombres a Colombia.
La flexibilidad en materia salarial da cuenta de un fenómeno registrado en las modalidades de selección e ingreso a las CMSP: la subcontratación. En palabras de Singer: "Subcontratar un problema a otra compañía privada atiende a una lógica de la que el mismo Kafka se sentiría orgulloso, y, por otra parte, sólo sirve para alejar aún más a esas empresas de la vigilancia y la supervisión públicas"[1].
2. Paramilitarismo y violación de las leyes
Con la expansión de autodefensas y paramilitares en Colombia durante los años 80, y con la participación creciente de tropas irregulares en acciones contrainsurgentes, el mercado de la protección privada crecería de manera significativa. Los negocios de armas provenientes de las guerras civiles en el Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como los intercambios con narcotraficantes de la antigua Unión Soviética pondrían a disposición de los contratistas recursos y condiciones ideales. El reclutamiento de miembros activos y ex miembros de la fuerza pública por parte de los carteles de las drogas y la creciente necesidad que tenía el Estado de combatir a las guerrillas, impondría cambios irreversibles en el panorama del conflicto armado en Colombia.
Vistas en perspectiva, las CMSP han agravado muy seriamente la tensión entre eficacia de las políticas públicas de seguridad y los derechos fundamentales. Un bien público, la seguridad, se privatiza dentro de condiciones de un mercado sumamente desigual – o donde pocos consumidores concentran la mayor capacidad de pago.
Dicho de otra manera, una política pública termina desarrollándose por medios y métodos privados. Cediendo progresivamente, la sociedad no afectada directamente por la guerra traslada poderes más allá de los permitidos por los tratados humanitarios internacionales. En virtud de su poder económico, el gobierno de turno crea además condiciones para evitar o reducir el control político interno y por este camino llega a desbordar el marco legislativo.
En el caso de Colombia la tradición de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos ha permitido a los contratistas negociar sin mayor control: armamento sofisticado, dispositivos de inteligencia, logística de operativos y control de territorios. Las CMSP pueden utilizar la infraestructura de las brigadas, entrar y salir del país sin controles aduaneros. Ni los agentes ni las compañías tienen que rendir cuentas a los organismos de control del Estado colombiano. Por eso, entre otras, no resulta extraño que algunos miembros de estas compañías se encuentren involucrados en tráfico de drogas y estupefacientes, como sucedió con la firma Dyncorp en mayo del 2000.
¿Qué se puede hacer?
Los gobiernos de Irak y Colombia, con sus diferencias, deben reconocer sus responsabilidades como clientes y como reguladores del mercado de protección, una industria que ya ha producido cambios importantes en la geografía política de Oriente Medio y de América Latina.
Una responsabilidad de alcance general es descorrer el velo de ignorancia que cubre al mercado de la seguridad privada. Cada gobierno debe realizar estudios sobre el impacto de las CMSP, tanto en el plano de sus relaciones internacionales como en el de la política interna y, en especial, sobre las poblaciones y el medio ambiente de las zonas donde operan. Los desplazamientos de campesinos en Irak y en Colombia no han sido voluntarios. Dyncorp ha sido objeto de varias demandas internacionales por sus actividades de fumigación en Colombia. Los contratos entre las CMSP y los gobiernos deberían ajustarse a los respectivos planes de ordenamiento territorial POT. Los requisitos de transparencia y nombres propios para los cargos, oficios y funciones, deben establecerse abiertamente. Abusos como los sucedidos con los contratistas colombianos trasladados a Bagdad tienen que desaparecer.
La vieja doctrina militar en contratos de este tipo determinaba que si una función era "crítica para la misión" o "esencial para una emergencia", debía recaer sobre las fuerzas armadas. También mantenía que los civiles debían ir armados sólo en circunstancias extraordinarias, para protegerse en caso necesario. Debemos volver a respetar estas normas o bien crear nuevas y más claras directrices.
Para misiones especiales en zonas de conflicto el gobierno ha mantenido bajo reserva la participación de asesores estadounidenses y de CMSP. Este tipo de conducta gubernamental debe cambiar. Los contratos destinados a o emplear personal militar extranjero deben darse a conocer públicamente. Sin menoscabo de los principios básicos de seguridad nacional, deben reforzarse las normas sobre límites y condiciones de intervención militar en países con conflictos.
Según revelan Amr y Singer, "en 2007 el Pentágono concedió el nuevo Programa de Incremento de la Participación Civil en Tareas de Logística, con un valor que ronda los 150.000 millones de dólares, a Halliburton – KBR, Dyncorp y Fluor, compañías implicadas en 29 casos graves de mala conducta en la última década, incluidos delitos como el fraude y el soborno. Las restricciones en concesiones futuras de contratos enviarían una señal clara a las empresas y tendrían como consecuencia una mejor calidad y un mejor precio"[2].
Como muestra el caso del Vicepresidente Dick Cheney, la puerta giratoria entre lo público y lo privado debe controlarse para impedir más contratos dudosos entre gobiernos y CMSP. Una excesiva concentración de poderes en cargos públicos y una amplia flexibilidad normativa resultan ideales para mantener la irregularidad en la contratación y la falta de información sobre el mercado de mercenarios. Ampliar los mecanismos de participación y condicionar una mayor veeduría de las CMSP son condiciones apremiantes para mejorar la política de seguridad en los países que, como Colombia, están recibiendo ayuda militar directa de Estados Unidos.
* Politólogo, consultor e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos especiales CIPE de la Universidad Externado de Colombia.
** La lectora o lector interesados encontrarán el informe completo en nuestra sección de recomendados; allí también se pueden consultar las fuentes de otras afirmaciones en el texto.
Notas de pie de página
[1] "Nation Builders and Low Bidders in Iraq", The New York Times, junio 15, 2004
[2] Hady Amr y P. W. Singer, 2008, "To Win the ´War on Terror´, We Must First Win the ´War of Ideas´: Here's How, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science; 618; 212.
