Tres condenas recientes en casos de alta visibilidad, muestran que en Colombia la justicia llega tarde, es deficiente y no protege a las víctimas.
Manuel Alberto Restrepo Medina*
Las tres decisiones
La semana pasada, la justicia nacional e internacional tomó tres decisiones históricas:
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya;
- Un juzgado de Bogotá condenó en primera instancia a un coronel y otros integrantes de la Policía por haber alterado la escena del crimen en el homicidio del grafitero Diego Becerra; y
- El Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia a varios exoficiales del ejército por la desaparición forzada de tres personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Los tres casos ocurrieron hace más de diez años y han tenido un amplio cubrimiento mediático. Aunque parecen una victoria para la justicia, en realidad son una muestra de la inoperancia de nuestras instituciones.
Jineth Bedoya vs. Colombia
En este caso, la CIDH encontró que el Estado colombiano fue responsable por la violación de los derechos a la integridad, la libertad personal, la honra, la dignidad y la libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima.
El 25 de mayo de 2000, Bedoya fue interceptada y secuestrada por paramilitares a la entrada de la Cárcel Modelo y posteriormente fue torturada y sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento. La CIDH afirmó que la periodista tuvo que declarar en doce oportunidades durante la investigación penal, y tuvo que adelantar pesquisas por su cuenta para aportar pruebas con destino al proceso. Sin esos esfuerzos de la propia víctima, hubiera sido imposible condenar a tres personas por estos hechos, en 2016 y 2019.
Por eso, la condena de la CIDH deja muy mal parada a la justicia colombiana, en especial a la Fiscalía General de la Nación. El fallo pone el dedo en la llaga sobre las graves deficiencias de las entidades encargadas de garantizar y proteger los derechos de sujetos especialmente vulnerables, tanto por su oficio como por su género.
Pero además de condenar al Estado por la omisión de proteger a Bedoya, la CIDH lo condenó por revictimizarla: como ya dije, la justicia la obligó a repetir su relato en más de una decena de oportunidades y fue ella misma quien se encargó de buena parte de la investigación que llevó a las condenas contra los autores materiales de los hechos. La primera condena llegó 16 años después y, a la fecha, no se ha podido determinar quiénes fueron los “autores intelectuales” y coautores de los delitos.
Los tres casos ocurrieron hace más de diez años y han tenido un amplio cubrimiento mediático. Aunque parecen una victoria para la justicia, en realidad son una muestra de la inoperancia de nuestras instituciones.
Por eso, la CIDH ordenó que se promuevan y continúen las investigaciones necesarias para determinar, juzgar y, en tal caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió Bedoya. En ese sentido, la sentencia es una oportunidad para que la Fiscalía asuma su deber constitucional y lleve a juicio a todos los responsables.
El grafitero Diego Becerra
En el segundo caso, un juzgado de Bogotá condenó en primera instancia a varios integrantes de la Policía por haber alterado la escena del homicidio de Diego Becerra y por idear un montaje para hacerlo pasar por un delincuente.
Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 por el patrullero de la Policía Wílmer Alarcón, quien fue sentenciado por este hecho en 2017. Los ahora condenados fueron juzgados por fraude procesal, falsedad en documento, ocultamiento y destrucción de documentos que pueden servir como pruebas, fabricación, porte y comercialización de armas y favorecimiento del homicidio.
Los uniformados construyeron la versión de que el joven había intentado robar un bus de servicio público y que, por eso, había sido asesinado en medio de una persecución policial. Para hacer el montaje, los uniformados alteraron la escena del crimen y pusieron un arma de fuego en el sitio.
Como en el caso de Jineth Bedoya, la justicia para Diego Becerra tardó más de una década. Además, debe tenerse en cuenta que este es apenas el fallo de primera instancia: aún resta el tiempo que tome el trámite de la apelación para que esa decisión quede en firme.
Llama la atención que, en 2012, la Fiscalía ya había capturado al autor material del homicidio, pero el patrullero fue condenado apenas en 2017. En 2012 y 2013 también habían sido detenidos los autores intelectuales y materiales tanto del montaje como de la alteración de la escena del crimen, cuya condena en primera instancia recién se produce.
Tanto el caso de Bedoya como el de Becerra muestran una justicia tardía, deficiente e incapaz de cumplir con su mandato constitucional. Hace cerca de dos décadas, el sistema penal fue reformado con la promesa de agilizar y hacer más eficientes los procesos, pero en la práctica esto no ha ocurrido.
Los desaparecidos del Palacio de Justicia
Por último, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de cuarenta años de prisión a varios exoficiales del ejército por la desaparición de Irma Franco Pineda, integrante del M-19, y de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, durante la retoma de noviembre de 1985.
Los tres casos resueltos esta semana son un recordatorio de las fallas de la justicia y de la negligencia institucional imperante en Colombia.
En 2014, la CIDH había declarado responsable al Estado colombiano por once desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia. En ese entonces, el fallo resaltó que las instituciones colombianas no habían esclarecido los hechos ni condenado a los responsables, por lo que se había incumplido la garantía del plazo razonable para investigar lo ocurrido. En ese sentido, la sentencia de la CIDH sirvió para dar un impulso a las investigaciones en Colombia.
Pero la reciente condena de segunda instancia es agridulce, porque solo se sentenció a los responsables de tres de las once desapariciones. Además, el fallo llegó siete años después de que al Estado se le hubiera reprochado internacionalmente su falta de diligencia. Por eso, la condena es una pálida muestra del compromiso del Estado con las víctimas y con el sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad por las ocho desapariciones restantes, que fueron comprobadas por la CIDH, sigue sin ser esclarecida y cinco de los once desaparecidos siguen sin ser localizados.
Por lo tanto, estas condenas no dejan mucho que celebrar. Los tres casos resueltos esta semana son un recordatorio de las fallas de la justicia y de la negligencia institucional imperante en Colombia.