Un procurador cuestionado, pero casi re-elegido - Razón Pública
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Un procurador cuestionado, pero casi re-elegido

Escrito por Libardo Espitia
Libardo Espitia

Libardo-EspitiaAnte la inminencia de la reelección del procurador Ordóñez, la Red de Veedurías Ciudadanas denuncia un hecho sorprendente: en cuatro años se han acumulado 84 demandas en su contra, y solo diez contra su antecesor en ocho años. Sus jueces naturales las han desestimado todas, pero sí lo postularon.

Libardo Espitia *

Prohibida toda reelección

En 1991, la Asamblea Nacional diseñó una de las constituciones más democráticas del continente, y adoptó los postulados del Estado Social de Derecho para reemplazar la Carta conservadora de 1886.

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Los partidos que integran la Unidad Nacional salieron a expresar su apoyo,  sin ni siquiera conocer los nombres de los demás integrantes de la terna.
Foto Procuraduría

 

La Constitución estableció un cuidadoso mecanismo de pesos y contrapesos para garantizar la separación y el equilibrio de poder entre las tres ramas, mediante debates de control político, regímenes de inhabilidades y conflictos de intereses, autonomía y fortaleza de los organismos de control disciplinario y fiscal. Y sobre todo, fijó los períodos para los funcionarios titulares, evitando con ello las reelecciones.

En efecto, ese espíritu de equilibrio entre poderes prohibió la reelección presidencial y consagró el Título X a los dos organismos de control — la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación — que ejercen funciones de carácter administrativo, sin ser parte de ninguna rama del poder público, aunque para la postulación y la elección de sus dignatarios esas ramas tengan una participación decisiva.

Si bien tanto el Contralor como el Procurador son elegidos para períodos individuales de cuatro años — igual que el del presidente de la República — las ternas son elaboradas mayoritariamente por las altas Cortes: para el caso del Contralor, es conformada por candidatos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; para el Procurador, por el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el presidente de la República.

La Constitución prohíbe tajantemente la reelección del Contralor y -si bien no lo señaló de forma explícita para el Procurador – es apenas lógico que se aplique la misma regla.

Los constituyentes fortalecieron y dieron autonomía tanto a la Contraloría como a la Procuraduría para vigilar el período constitucional del presidente de la República y así dar cumplimiento a los principios rectores de la función administrativa: la igualdad, la economía, la publicidad, la celeridad, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad.

Las proposiciones presentadas por los constituyentes en todo momento prohibían tajantemente la reelección, tanto del Contralor como del Procurador, e inclusive también la del Defensor del Pueblo. Tuvieron conocimiento de las proposiciones presentadas Fernando Carrillo, Alfonso Palacios, Antonio Navarro, María Teresa Garcés, Horacio Serpa y Juan Carlos Esguerra, entre otros.

Finalmente, la proposición elaborada por Antonio Navarro y Alfonso Palacios — presentada el 3 de junio de 1991 — donde se prohibía la reelección del Procurador General de la Nación y la del Defensor del Pueblo fue aprobada por una votación de 53 a favor y un voto en contra.

En síntesis, la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente fue prohibir la reelección de estos altos funcionarios, incluyendo la del Procurador. Aunque de manera explícita no figure así en el artículo 276, esto no significa que se permitiera la reelección, puesto que el mandato primario fue repudiar esa posibilidad.

Si se hubiera querido aclarar cualquier duda, lo correcto para cualquier magistrado que interviniese en la postulación de los candidatos -y más aún para los honorables congresistas a cuyo cargo está la elección- hubiera sido consultar los archivos de la Asamblea Nacional Constituyente.

Desde luego, Maya Villazón y Ordóñez Maldonado estaban enterados de estas disposiciones constitucionales, dado que antes de acceder al cargo venían de ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, respectivamente.

84 quejas contra Ordóñez, todas desestimadas

En el frente disciplinario, es decir, en la vigilancia del ejercicio diligente de sus funciones administrativas, el juez natural del Contralor es el Procurador, mientras que para este último quedó dispuesto que sea la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Plena.

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Durante los ocho años de la gestión de Edgardo Maya, fueron presentadas ante el Consejo de Estado diez quejas disciplinarias que no dieron mérito.   Foto: Procuraduría
 

En el año 2000, Edgardo Maya Villazón, de filiación liberal, fue postulado por la Corte Suprema y resultó elegido por el Congreso para el período constitucional 2001–2004; la situación se repitió para el período 2005–2008, por lo cual su juez natural fue el Consejo de Estado a través de su Sala Plena.

Para el siguiente período constitucional, el magistrado del Consejo de Estado Alejandro Ordóñez Maldonado — de extracción conservadora — fue postulado por este mismo organismo y elegido para el período 2009–2012, por lo cual su “juez natural” ha sido la Corte Suprema de Justicia.

Cabe indicar, como bien lo señaló la jurisprudencia de la Corte Constitucional — sentencia C- 594-96 — que la competencia atribuida a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, según sea el caso, es netamente de naturaleza judicial y por ello la intervención de la Sala Plena de uno de los órganos judiciales por sí misma es prenda de garantía no solo en los derechos del Procurador investigado, sino también de los quejosos, dando pleno cumplimiento a los principios que rigen la administración de justicia como son la celeridad, la autonomía y la eficiencia.

Durante los ocho años de la gestión de Edgardo Maya, fueron presentadas ante el Consejo de Estado diez quejas disciplinarias que no dieron mérito, según el análisis efectuado, a la apertura formal de investigación disciplinaria alguna.

Estos procesos fueron del conocimiento de los magistrados Germán Rodríguez Villamizar (cuatro), Alejandro Ordóñez Maldonado (uno), Ramiro Saavedra Becerra (tres) y Luis Fernando Álvarez Jaramillo (dos).

Aunque las demandas fueron desestimadas, sí dieron lugar a que se presentaran y analizaran impedimentos en el seno de la Sala Plena. Entre ellos se pueden mencionar: Enrique Gil Botero, Rafael Ostau de Lafont Pianeta, María Nohemí Hernández Pinzón y Camilo Arciniegas.

Durante el período 2009–2012, hasta el día 20 de noviembre, se han presentado 84 quejas disciplinarias del conocimiento único de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Plena — regida a la vez por el Presidente de la entidad — y ninguna ha dado mérito para la apertura formal de investigación disciplinaria contra el procurador Ordóñez Maldonado.

Esta cifra no deja de sorprender teniendo en cuenta que han sido presentadas en apenas cuatro años, mientras que durante los ocho años de Maya Villazón el Consejo de Estado solamente conoció de 10.

Jueces que no juzgan, pero sí postulan

Frente al alto número de procesos disciplinarios instaurados ante la Corte Suprema de Justicia contra el actual Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, debe mencionarse que han sido de conocimiento de los siguientes presidentes del organismo y a la vez presidentes de la Sala Plena:

  • 9 procesos conocidos por Augusto Ibáñez, con impedimento.
  • 28 procesos conocidos y sustanciados por Jaime Arrubla Paucar.
  • 16 procesos conocidos y sustanciados por Camilo Tarquino.
  • 26 procesos conocidos por Javier Zapata, con impedimento, que han pasado a ser de conocimiento de José Luis Barceló Camacho.
  • Los demás procesos pendientes de reparto.

Cualquier ciudadano del común queda atónito ante el hecho de que siendo la Sala Plena de la Corte Suprema el juez natural del Procurador y teniendo conocimiento de las 84 quejas disciplinarias instauradas contra Ordóñez Maldonado, hubiese procedido el pasado 30 de agosto de 2012 (Acta No. 29 sesión ordinaria), de manera rápida y sin ningún tipo de convocatoria pública, a postular a quien debían estar investigando.

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La voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente fue prohibir la reelección el Procurador, aunque de manera explícita no figure así en el artículo 276.
 

La sesión contó con la asistencia de los siguientes magistrados: Javier Zapata Ortíz, José Luis Barceló Camacho, Jorge Mauricio Burgos Ruíz, Margarita María Cabello Blanco, Fernando Alberto Castro Caballero, Elsy del Pilar Cuello Calderón, Ruth Marina Díaz Rueda, Rigoberto Echeverry Bueno, Fernando Giraldo Gutiérrez, María del Rosario González Muñoz, Luis Gabriel Miranda Buelvas, Carlos Ernesto Molina Monsalve, Francisco Javier Ricaurte Gómez, Luis Guillermo Salazar Otero, Ariel Salazar Ramírez, Julio Ernesto Socha Salamanca, Arturo Solarte Rodríguez y Jesús Vall de Ruten Ruíz. No asistió José Leonidas Bustos Martínez, por incapacidad médica.

Los magistrados María del Rosario González, Arturo Solarte y Jesús Vall de Ruten insistieron en que el proceso debió haberse efectuado mediante convocatoria pública.

En la referida sesión, los magistrados Javier Zapata, Ruth Marina Díaz y Jorge Mauricio Burgos solicitaron a la Plenaria que les aceptaran los impedimentos para votar por la postulación de Alejandro Ordóñez Maldonado por tener familiares laborando en la Procuraduría; la Plenaria no aceptó los impedimentos y las tres Salas de Casación lo postularon con 17 votos.

A 20 de noviembre, ya han sido archivadas 24 quejas disciplinarias: desde luego, ya se advierte que nada pasará con las demás, como tampoco nada pasará con las que en el futuro sean instauradas ante el Consejo de Estado, porque a partir de enero del próximo año, éste será su “juez natural disciplinario”.

A comienzos de 2012, Ordóñez Maldonado manifestó su intención de seguir al frente de la Procuraduría y de manera casi inmediata, los diferentes partidos que integran la Unidad Nacional salieron a expresar su apoyo, sin ni siquiera conocer los nombres de los demás integrantes de la terna, contra todo principio ético y echando por tierra la transparencia que debe prevalecer en un proceso tan delicado. Apenas en septiembre y octubre fueron elegidos los demás integrantes de la terna, quedando obviamente sin margen de acción repitiéndose así la situación de hace cuatro (4) años.

Ordóñez Maldonado ha impuesto sus ideas ultraconservadoras en el más importante organismo de control disciplinario: la entidad encargada de velar por la protección de los derechos humanos, de hacer acatar la Constitución y las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, entre otros. No se puede olvidar tampoco que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público.

* Ingeniero industrial con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; candidato a Magister en Gestión y Auditorías Ambientales; con conocimientos del Estado y sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; conocedor y defensor de los derechos fundamentales y de los mecanismos de participación ciudadana plasmados en la Constitución Política de 1991. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos públicas y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones. Actualmente es el Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia.

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