Uber, Rappi y otras “empresas colaborativas”: ¿cómo va su regulación en Colombia?

Aunque las llamadas economías colaborativas benefician al consumidor, tienen problemas serios en materia laboral, de competencia desleal y de responsabilidad social. ¿Cómo estamos en Colombia? *.

Ómar Vanegas** y Andrés Camacho Murillo***

¿Qué es la economía colaborativa?

Es una nueva forma de hacer negocios por medio de plataformas digitales, que crean un mercado abierto para la compra y venta de bienes y servicios ofrecidos frecuentemente por particulares (restaurantes, alojamientos, oficinas…).

Algunos ejemplos de las economías colaborativas son Uber, Rappi, Airbnb, Spotify y WeWork.

Cada uno de esos negocios tiene su propia propuesta de valor, pero tienen también algo en común: la capacidad de brindarles a sus usuarios bienes y servicios sin necesidad de intermediarios. Esto se conoce como los negocios llevados a cabo por redes o peer to peer (P2P) que traduce ‘red entre iguales’.

Ventajas y desventajas

A pesar de los beneficios que traen las empresas colaborativas a los clientes finales, estas tienen grandes problemas en materia laboral, de competencia desleal y de responsabilidad social.

Una de las preguntas más frecuentes es si la persona que trabaja bajo plataformas digitales tiene realmente un jefe. Muchas de estas empresas colaborativas sostienen que ellas no tienen empleados, sino personas emprendedoras —en el caso de Uber, conductores asociados— que deciden utilizar sus aplicaciones para conseguir dinero extra en sus tiempos libres.

De esta manera, la economía colaborativa trajo consigo soluciones a problemas de los usuarios y de los proveedores. Por ejemplo, en el pasado no existía una forma rápida —distinta de llamar directamente— de hacer pedidos a domicilio a una gran variedad de restaurantes.

Las aplicaciones de transporte han sido reprochadas por su competencia desequilibrada con los taxistas.

Además, este modelo de negocio ha formado nuevos hábitos de consumo entre sus clientes, debido a la mayor oferta de servicios de distinta índole —financieros, de transporte, vivienda, alimentación, entre otros— a través de plataformas tecnológicas.

Sin embargo, prosigue el debate sobre el futuro de estos tipos de emprendimiento, en especial en temas como la seguridad social de las personas que trabajan tiempo completo en estos aplicativos y respecto de la presunta competencia desleal frente a actores económicos que prestan un servicio similar.

Lea en Razón Pública: Rappi: ¿unicornio dorado o esclavitud moderna?

Las empresas Fintech en el mundo y en América Latina

El nacimiento de distintos startups que prestan servicios financieros por medio de plataformas tecnológicas (fintech, el acrónimo usado en inglés) ha permitido que los sistemas de crowdfunding, microcréditos, inversiones, seguros, entre otros, estén al alcance de cualquier persona que tenga acceso a un celular o a un computador con internet.

La historia de las fintech no es tan corta como parece. Desde la aparición de las tarjetas de crédito (en la década de 1950), los cajeros automáticos (década de 1960), el comercio de acciones electrónicas (década de 1970), los sistemas de datos financieros más sofisticados (década de 1980) y los modelos comerciales electrónicos (década de 1990) —y desde la pérdida de credibilidad de los bancos por la crisis económica del 2008—, tomaron fuerza las aplicaciones tecnológicas de préstamos y gestión de dinero.

Rappi ha afirmado reiteradamente que no hay una relación laboral con los ‘rappitenderos’

En Latinoamérica, el mercado fintech ha crecido de manera significativa en los últimos años. Brasil y México son los líderes del mercado en la región, seguidos de lejos por Colombia, Argentina y Chile.

• En Brasil, el mercado fintech no está regulado; sin embargo, en abril del 2018 el Consejo Monetario Nacional adoptó una regulación para las compañías p2p que faciliten créditos entre pares.
• En marzo del 2018, México también presentó la “Ley Fintech” con la cual se buscó principalmente 1) prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, 2) permitir la inversión de instituciones financieras en las fintech y 3) crear un espacio en el cual el sector privado esté en constante comunicación con el sector público sobre las innovaciones en materia de tecnología financiera.

La Superintendencia Financiera de Colombia (sfc) no se ha quedado atrás y ha consolidado una estrategia para regular el sector de las fintech. El 26 de abril del 2018 la sfc presentó InnovaSFC: un espacio donde las empresas fintech se reúnen con el sector público para facilitar los procesos de innovación tecnológica. En este espacio, las fintech pueden hacer uso del Hub, la Arenera y el regTech para probar la efectividad que tendrían sus aplicaciones en la vida real. Ya en mayo de 2019 se aprobó el licenciamiento por etapas para aquellas empresas que deseen iniciar una actividad financiera vigilada permanentemente.

Aunque los avances han sido significativos en materia de licenciamiento y en estrategias de innovación, los retos en cuanto a la gestión de riesgos y nuevas tecnologías (biometría y roboadvisors) requieren mayor esfuerzo por parte del gobierno nacional para este 2020.

Uber y los taxis

A diferencia de las fintech, las aplicaciones de transporte han sido reprochadas por su competencia desequilibrada con los taxistas. Sin embargo, estas empresas argumentan que no prestan un servicio de transporte público sino de intermediación tecnológica entre el usuario y los socios conductores,

La salida de Uber del país el pasado 31 de enero no se debió a que las aplicaciones de transporte se hubieran prohibido; Didi, Beat y Cabify aún operan. En principio, esta prohibición obedeció a un fallo judicial a raíz de la demanda interpuesta por Taxis Libres y Cotech que acusaba a Uber de competencia desleal.

El regreso de Uber —bajo un modelo de negocio que busca conectar dos partes para celebrar un contrato de arrendamiento de vehículo— demuestra la urgencia de regular este tipo de plataformas.

La seguridad del consumidor con el nuevo modelo de Uber se ve amenazada, debido a que este (el arrendatario) acepta hacerse responsable de los deberes pecuniarios en caso de multas al vehículo arrendado.

Uber, sin embargo, mantiene la capacidad de revisar los antecedentes de conductores y de controlar qué conductores y consumidores entran en la plataforma. Por esto, la aplicación sigue teniendo el poder de sancionar a usuarios y proveedores del servicio que no sigan las reglas.

Puede leer: Volvió Uber a Colombia: una jugada a tres bandas

Rappi y los restaurantes

Por su parte, las aplicaciones de entrega de domicilios han sido reprochadas por las condiciones laborales que brindan a las personas que trabajan por medio de esta aplicación.

En julio del año pasado, varios ‘rappitenderos’ (domiciliarios) protestaron en las calles, alegando que Rappi no les ofrece condiciones laborales adecuadas: reciben bajos ingresos, no cuentan con afiliación a seguridad social, no les cubren los costos de su vehículo y no les ayudan con la adquisición de los uniformes.

Rappi ha afirmado reiteradamente que no hay una relación laboral con los ‘rappitenderos’, debido a que no hay una subordinación del domiciliario a la empresa: no se les determinan las condiciones sobre cómo deben prestar el servicio; no cumplen un horario laboral; no hay términos de exclusividad. Esta forma de vinculación implica que estas personas no reciben aportes al sistema pensional y que aquellos que aportaran recibirían una pensión menor de la que tendría quien cotice con un salario mínimo.

La economía colaborativa no se irá de Colombia, y esto implica grandes retos que el gobierno debe enfrentar. En el sector financiero, la economía colaborativa y la adopción de nuevas tecnologías han sido bien recibidas; no obstante, el sector transportador no ha aceptado el ingreso de estas aplicaciones móviles, ya que lo ven como una amenaza a los ingresos que tendrían sin su competencia.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

**Economista, Magister en Economía e Investigador de la Facultad de Economía de Universidad Externado de Colombia.

***Economista; doctor en economía de la Universidad de Massey, Nueva Zelanda. Es profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.