Trump-Petro y las drogas: anatomía de una política que no cambia

La reunión del 3 de febrero importó menos por lo que logró que por lo que reveló: en política de drogas, el margen real de cambio es muy limitado.

Una ventana inusual

El encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca fue un avance diplomático que conviene no medir con el rasero de tiempos normales. Trump ha reconfigurado las reglas del juego con prácticamente todos sus interlocutores. Las reuniones con Zelenski fueron públicamente ásperas, la relación con Sudáfrica se tensionó y el encuentro con el primer ministro de Canadá derivó en un desaire público.

Que Petro — sancionado, descertificado, incluido en la denominada «Lista Clinton» y amenazado tras la operación contra Maduro — haya sido recibido durante casi dos horas en la Oficina Oval no es comparable a las visitas rutinarias a Washington. Trump pudo haber escalado; eligió no hacerlo. El logro diplomático es real.

Para leer lo que la reunión dejó ver sobre la política de drogas, conviene distinguir dos niveles.

De politics a policy

El primer nivel es el de politics — la política como juego de poder: la agenda antinarcóticos como herramienta de presión, negociación e influencia. 

Durante buena parte de 2025, la política de drogas funcionó en ese registro. La descertificación y las sanciones personales no respondieron únicamente a preocupaciones sobre la producción de cocaína; también se jugaron en un tablero geopolítico que incluía a Venezuela, las deportaciones y el choque ideológico.

La reunión desactivó — al menos temporalmente — ese uso de la política de drogas como instrumento de confrontación e intervención directa. Dado lo que estaba en juego, eso no es menor. En politics, el avance fue evidente.

Pero hay un segundo nivel: el de policy — la política como acción pública: cómo se concibe, se implementa y se evalúa la lucha contra las drogas en el terreno. Aquí es donde la reunión se vuelve más interesante, no por lo que cambió, sino por lo que dejó al descubierto sobre un sistema que lleva décadas absorbiendo críticas sin transformarse.

Lo que la reunión reveló

No hubo declaración conjunta. No hubo metas compartidas formalmente anunciadas. No hubo una definición pública de qué significa «cooperación» en materia antinarcóticos. Lo que se sabe de la reunión proviene de declaraciones posteriores. Esas ausencias, en un tema en el que Estados Unidos ha exigido durante décadas indicadores precisos y resultados visibles, ya dicen algo. 

Pero lo más revelador no es lo que faltó, sino lo que apareció — no como juicio sobre las decisiones de uno u otro gobierno, sino como mapa de los límites dentro de los cuales cualquier gobierno termina negociando.

La paz total y la gravitación a lo conocido

La «Paz Total» de Petro ha sido señalada de otorgar beneficios y ventajas a grupos armados vinculados al narcotráfico. 

Pero en la segunda mitad de la administración, el enfoque se ha endurecido, echando mano de los instrumentos tradicionales de la lucha antinarcóticos: negociaciones condicionadas por la extradición, persecución de objetivos de alto valor cuando las mesas se salen de rumbo y reducción de hectáreas de coca como una de las principales metas. 

El gobierno abrió la puerta al glifosato tras haberlo rechazado durante años, la extradición de alias Pipe Tuluá se concretó el mismo día de la reunión — la número 810 del mandato — y en la propia cita Petro le prometió a Trump que capturaría a Iván Mordisco y a Chiquito Malo.

El gobierno puede argumentar que no hay contradicción: siempre sostuvo que iría contra los grandes narcotraficantes. También puede presentarlo como cálculo estratégico: usar las herramientas tradicionales para ganar margen en otros frentes. Pero, en la práctica, el resultado fue un alineamiento con los instrumentos de Washington. Un gobierno que llegó con una agenda alternativa acabó operando con las herramientas usuales. No solo hubo concesiones; también hubo coincidencias.

La pelea por los datos

El presidente Petro ha insistido en que la administración Trump operaba con datos incompletos y que el mandatario estadounidense estaba mal informado. 

La metodología de la UNODC para calcular la productividad de la cocaína ha sido señalada como la causa de la descertificación — y la propia UNODC reconoció en octubre que su sistema presenta limitaciones. 

Ambos acordaron avanzar hacia una verificación independiente — aunque sin definir cómo ni cuándo —, un reconocimiento implícito de que los datos actuales no son confiables. Pero la discusión misma mostró que los indicadores tradicionales — hectáreas, laboratorios, incautaciones — siguen siendo la brújula. Y cuando no hay datos compartidos, como ahora, la información deja de ser un insumo y se convierte en un campo de disputa.

El vínculo que no se rompe

A pesar de la peor crisis bilateral en décadas, no hubo ruptura efectiva en la cooperación antinarcóticos. Los canales se mantuvieron. El consenso bipartidista en Washington sobre Colombia como aliado estratégico no se rompió — y el embajador de Colombia trabajó en ello y supo aprovecharlo. 

Petro, probablemente el presidente más crítico del rol de Estados Unidos en este tema, terminó en la Oficina Oval mostrando cifras de erradicación y extradiciones. 

Eso no es debilidad de un gobierno; es el peso del vínculo. Ningún presidente colombiano puede prescindir de esa cooperación — aunque tampoco es una relación de un solo sentido, ya que Colombia aporta inteligencia, capacidad operativa, conocimiento del terreno. La asimetría, sin embargo, es real: uno pone los términos, el otro intenta negociarlos.

Colombia en el tablero regional

La conversación sobre drogas no ocurre en el vacío. 

Para Washington, Colombia es un aliado clave en un entorno regional volátil — una valoración que excede el expediente antinarcóticos y que no es nueva. Durante décadas, Colombia ha sido socio en seguridad, receptor de millones de refugiados venezolanos y, cuando las circunstancias lo permiten, un canal indirecto hacia el régimen vecino. Y comparte con Estados Unidos preocupaciones que van más allá del narcotráfico, como los flujos migratorios, las crisis humanitarias y la gobernabilidad regional. 

Ese rol regional no elimina la asimetría ni convierte a Colombia en un mediador en igualdad de condiciones, pero sí ayuda a explicar por qué Washington suele optar por gestionar los desacuerdos antes que escalar la confrontación.

Ajuste, no transformación

Se especulaba que Trump presionaría por la aspersión aérea y la erradicación masiva. 

Petro llevó la conversación a otro plano: perseguir capos, proteger campesinos. Le entregó una lista de narcotraficantes que viven en Dubái, Madrid y Miami — una forma de decir que el problema no es solo colombiano. Trump acogió el argumento — lo que eso signifique en la práctica. 

Que se hable de sustitución y no de fumigación es relevante. Pero priorizar capos sobre cultivadores no desafía el marco de control de drogas; lo ajusta. Reconocer el movimiento no implica confundirlo con una transformación. Y las metas de sustitución, tal como fueron planteadas, resultan difíciles de cumplir dentro del tiempo que le queda al gobierno. 

El escenario cambia, la obra sigue

Nada de lo anterior era esperable que cambiara en una reunión de dos horas — menos aún en un momento en el que las coordenadas de la diplomacia internacional han sido redibujadas y en el que sostener una conversación productiva ya constituía un logro. 

Pero lo que la reunión hace visible no es un fracaso sino el funcionamiento normal del sistema.

Este momento es particularmente revelador. Trump representa una versión renovada y potenciada de la guerra contra las drogas — pero en esta reunión eligió el tono conciliador sobre la confrontación. Petro llegó al poder con una agenda que prometía romper con esa tradición — pero llegó a la Casa Blanca con cifras de extradiciones e incautaciones.

Quién gobierna importa. Pero el espacio de lo posible terminó siendo el de siempre. El escenario cambia, pero la obra sigue.

¿Por qué? Porque quien tiene el poder de cambiar el marco — Estados Unidos — no tiene incentivos para hacerlo. Y quien tiene incentivos para cambiarlo — Colombia — no tiene el poder para imponerlo. 

Esa arquitectura tolera disensos retóricos, admite acusaciones recíprocas y concede ajustes operativos. Lo que no hace es revisar sus premisas. La reunión Petro-Trump no es la excepción a esa lógica; es su ilustración más reciente.

En politics, hubo un avance real: la tensión bajó, la interlocución se recompuso, la presión cedió. Para un gobierno que llegó a esta reunión sancionado, descertificado y amenazado, eso no es poco. Colombia ha impulsado enfoques alternativos en foros internacionales y ha sido una voz activa a favor de la reforma; Petro ha sido uno de los presidentes más críticos del enfoque prohibicionista en la región. 

Pero la reunión expuso los límites de esa posición; en la relación bilateral, el gobierno terminó operando —por cálculo o por necesidad— dentro del mismo marco que alguna vez cuestionó. Al final, ahí parece estar el límite de lo posible. 

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