Algo así como la JEP o el tribunal de Nuremberg para juzgar y condenar la corrupción en Colombia. ¿Cómo funcionaria el tribunal? ¿Hay opciones mejores para atacar en serio este flagelo?
Vivian Newman Pont*
La propuesta y sus críticos
Hace poco la fundación Paz y Reconciliación (PARES) y el Instituto Anticorrupción propusieron un juicio nacional contra la corrupción, inspirado en juicios internacionales como el de Nuremberg o nacionales como la JEP.
La intención es desmantelar organizaciones criminales mediante una terapia de choque.
Se trataría de una ley estatutaria y una sala transitoria de tres años integrada por 28 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, para juzgar la corrupción pública y privada. Además, se establecería una Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la impunidad (CICIC) para seleccionar, investigar y acusar macro-casos de corrupción en conjunto con la Fiscalía.
Con palabras rimbombantes, el fiscal Barbosa afirmó que la propuesta era una puñalada a la justicia y desconocía el trabajo previo contra la corrupción. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Idárraga, aseguró no haber dado aval previo al proyecto, pero aceptó que el gobierno estaba considerando una instancia similar a esa CICIC.
La iniciativa es bien intencionada y debemos recibirla como parte de un gran esfuerzo de la sociedad civil. Tiene propuestas en la dirección correcta, como la coordinación interinstitucional de los esfuerzos, la especialización en delitos financieros y la prioridad de desmantelar las organizaciones criminales y judicializara a los capos.
El ministro de justicia, Néstor Osuna, alegó que la propuesta de una sala transitoria podría desarticular y complicar los procesos judiciales existentes sin justificación suficiente. Además, esta debería ser precedida por una larga reforma constitucional.
Por su parte, la Corte Suprema rechazó la propuesta porque en su opinión atenta contra la democracia y la tradición jurídica nacional, las garantías procesales y los derechos a la verdad, justicia y reparación de las partes.
Un problema formidable
La corrupción es un mal que aqueja a Colombia y a muchas sociedades. Además de un problema ético, la corrupción impide el crecimiento económico, la consolidación del Estado y la democracia, y deteriora gravemente la confianza y legitimidad de las instituciones.
Para entender este flagelo y los factores culturales, institucionales o sociopolíticos que lo hacen posible, el economista Klitgaard propone una fórmula que, nos permite entender el fenómeno de forma sencilla; según esta fórmula, la corrupción (C) resulta del monopolio (M), la excesiva discrecionalidad (D), la falta de rendición de cuentas (A de accountability en inglés), así como de las dificultades en la investigación y sanción (S), todo lo cual a su vez depende del ambiente cultural permisivo de una sociedad.
La ecuación se formularía más o menos así: C= (M + D – A – S) cultura de ilegalidad.
La fundación PARES y el Instituto Anticorrupción ofrecen herramientas para mejorar las instituciones y combatir la corrupción, enfocándose en uno de sus principales factores: la “S”. La iniciativa se inspira en éxitos pasados de la Corte Suprema, como la lucha contra el paramilitarismo en el Congreso en los años 2000, y pretende ampliar las capacidades de investigación y sanción de la corrupción.
Aciertos y defectos de la propuesta
La iniciativa es bien intencionada y debemos recibirla como parte de un gran esfuerzo de la sociedad civil. Tiene propuestas en la dirección correcta, como la coordinación interinstitucional de los esfuerzos, la especialización en delitos financieros y la prioridad de desmantelar las organizaciones criminales y judicializara a los capos.
Pero, además de la posible inconstitucionalidad que implicaría cambiar el tribunal a posteriori, en mi opinión existen al menos tres dificultades.
En primer lugar, y al igual que los cambios normativos que vivimos proponiendo en el país, esta propuesta no incluye un análisis completo de sus requerimientos o alcances legislativos, ni evalúa la adopción de políticas previas o el actual sistema de justicia para justificar su ampliación.
El proyecto no explica cuánto cuesta ni de dónde sale el dinero para esta nueva burocracia, en un sector donde además el rendimiento o eficacia no se ha medido ni se mide con facilidad. Comienza entonces con pie izquierdo, pues para proponer un rubro nuevo en el presupuesto hay que justificarlo de manera integral.
En segundo lugar, una instancia con más magistrados (28) que la actual Sala Plena (23) afectaría gravemente el funcionamiento de la Corte Suprema.
Aunque la nueva Sala liberaría a los actuales magistrados de la Corte que se ocupan de casos de corrupción, la mayoría para tomar decisiones podría cambiar los equilibrios y procesos actuales de discusión y decisión.
Esto incluiría la definición de conflictos de competencia que afecten a la Sala Plena Transitoria Anticorrupción. Aunque se propone que la nueva Sala se limite a la corrupción, preveo muchos conflictos de competencia porque el concepto de “corrupción” es muy amplio: desde el abuso de un poder delegado en beneficio personal, la corrupción electoral y hasta la apropiación indebida del patrimonio privado.
La nueva Sala entonces podría tener un espectro o un número de casos tan grande que vaciaría de competencias a la actual Corte Suprema y pondría en juego su independencia. Más aún si tenemos en cuenta que la Sala Transitoria tendría un poder preferente sobre los casos que no hayan tenido juicio oral.
Mi tercer punto se refiere a la cesión de competencias a una instancia internacional como la CICIC.
Me parece que en Colombia debemos reconocer que la Fiscalía no ha dado los resultados esperados por la ciudadanía, porque además de brillar por falta de eficiencia, prácticamente todos los fiscales han demostrado su falta de independencia (Odebrecht es un ejemplo).
Si no hacemos ajustes en la Fiscalía, desde el sistema de elección hasta la eficiencia para investigar la corrupción del Estado, o incluso si no pensamos en ampliar las salas de instrucción de la Corte Suprema, tendríamos que aceptar que necesitamos ayuda externa para llevar a cabo estas investigaciones.
Cualquiera de las dos opciones exigiría voluntad política, pero hasta ahora el gobierno no ha dado paso en una u otra dirección. En este contexto, la propuesta de la CICIC parece ser apenas una declaración de intenciones sin respaldo político.
Una propuesta alternativa
Tanto el ministro de Justicia como la Corte Suprema dieron la bienvenida a mejores herramientas institucionales para luchar contra el flagelo de la corrupción. Pero, ¿cuáles podrían ser las medidas eficaces, que además aceleren la resolución de esos casos?
La nueva Sala entonces podría tener un espectro o un número de casos tan grande que vaciaría de competencias a la actual Corte Suprema y pondría en juego su independencia. Más aún si tenemos en cuenta que la Sala Transitoria tendría un poder preferente sobre los casos que no hayan tenido juicio oral.
Para comenzar a responder, propongo que además de la experiencia de Pares y del Instituto Anticorrupción, recojamos avances previos en la materia. Es el caso de la Misión Anticorrupción de Fedesarrollo en el 2021, de la cual fui parte, que reconoce tres riesgos principales en el sistema de justicia y organismos de control de cara a la corrupción:
- Falta de independencia de intereses políticos y económicos, falta de transparencia y rendición de cuentas, mercantilización del oficio de abogado.
- Ineficacia e ineficiencia por debilidades para investigar la corrupción como un fenómeno complicado y de redes, poca priorización y contextualización.
- Incentivos perversos por diseño no óptimo, duplicidad de funciones y controles excesivos, desarticulados o poco eficaces.
Para atender algunos de esos riesgos, hicimos algunas propuestas prioritarias y complementarias de corto y mediano plazo que sugiero repasar:
- Mejorar las técnicas y capacidades de investigación usando ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis de redes y contexto, compartiendo material probatorio y creando carpetas digitales.
- Modificar el proceso de nominación de Fiscal, Procurador y Contralor, aumentando inhabilidades y evitando sobreposición de periodos con la Presidencia y el Congreso.
- Analizar y concentrar las funciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción.
- Escindir las funciones de auditoría y sanción fiscal de la Contraloría, crear una jurisdicción fiscal y eliminar las contralorías territoriales.
- Mejorar la independencia política, la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de sanción de los magistrados de las altas cortes.
- Evitar la “captura” judicial con rotación regional de jueces, mejoramiento de la carrera judicial, reducción de la provisionalidad y protección al denunciante en la Rama Judicial.
- Garantizar el cumplimiento en el registro y calidad de la información en la declaración de patrimonio y conflictos de interés a través de la Procuraduría.
- Promover el máximo intercambio de información entre la UIAF y la DIAN con los entes investigadores de la corrupción.
PARES y el Instituto Anticorrupción señalan acertadamente que hemos experimentado múltiples decepciones en la lucha contra la corrupción. Si trabajamos por un consenso con la rama judicial y la sociedad civil sobre éstas y otras propuestas habrá mayor solidez para desmantelar las organizaciones criminales que nos tienen sitiados.
