La Renta Ciudadana que propone el gobierno implicaría cambiar el sistema de subsidios monetarios que hoy existe. Cuáles son esos cambios y hasta dónde serían eficaces.
Mónica Uribe-Gómez*
Las transferencias
El modelo de transferencias monetarias ha sido el eje de la política social latinoamericana para disminuir la pobreza desde hace poco más de veinte años.
Este sistema consiste en entregar subsidios monetarios a los hogares con hijos menores de edad que han sido previamente clasificadas en situación de pobreza o pobreza extrema.
Además de disminuir vulnerabilidad económica de los hogares beneficiados, estos programas ayudan a aumentar el capital humano, estimulando la permanencia escolar de los menores de edad y los controles de salud durante los primeros años de vida.
Pero no se puede decir que se haya roto la transmisión generacional de la pobreza. Pese a los años de vigencia del programa FA y a la legitimidad que ha ganado entre los grupos más vulnerables, el número de personas en condición de pobreza sigue siendo muy alto.
En Colombia la estrategia fue adoptada en el año 2000 a través de los programas, Familias en Acción (FA), Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario (IS).
Estos programas en efecto han reducido la vulnerabilidad económica de los beneficiarios y han ayudado a acumular capital humano.
Pero no se puede decir que se haya roto la transmisión generacional de la pobreza. Pese a los años de vigencia del programa FA y a la legitimidad que ha ganado entre los grupos más vulnerables, el número de personas en condición de pobreza sigue siendo muy alto, como se puede observar en la Gráfica 1.
Lo anterior implica grandes desafíos para un gobierno que ha puesto la disminución de la pobreza y la desigualdad en el centro de su agenda. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo se propone hacer que al menos 3 millones de colombianos salgan de la pobreza monetaria y otros 4 millones de la pobreza extrema.
Renta Ciudadana
El 29 de abril comenzó a funcionar una nueva modalidad de subsidios bajo el programa Renta Ciudadana (RC), que hace parte de las apuestas del gobierno Petro para redireccionar los programas sociales.
Según el Plan de Desarrollo, los enfoques de seguridad humana y justicia social serán los ejes rectores de estas iniciativas, que implican “la transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social”.
RC se proyecta como un programa de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que, en el mediano plazo, deberá armonizarse con los demás programas de transferencias. Su desarrollo estará a cargo del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS).
¿Qué se mantiene?
RC mantiene un enfoque focalizado en los más pobres y vulnerables, propone ir incluyendo a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica de mamera gradual y progresiva.
También permanece su carácter de condicionalidad, puesto que los beneficiarios deben comprometerse a participar en programas de salud, educación y empleo. El cumplimiento de estas condicionalidades será evaluado periódicamente.
Por el momento, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor siguen estando en vigencia.
¿Que cambia?
El nuevo programa se inspira en propuestas de justicia redistributiva, como la renta o ingreso básico que llegaría a 3,3 millones de hogares vulnerables con un subsidio de hasta 500 mil pesos mensuales —un aumento notorio en el monto de los subsidios —.
Pero los críticos han señalado que RC tendría menor cobertura que FA con sus 1,9 1,9 millones de hogares beneficiarios, y que IS que alcanzó cerca de 4 millones de hogares. Es decir, hay muchos que quedan por fuera de este beneficio.
El monto de las transferencias dependerá del número de integrantes del hogar, la clasificación socioeconómica del Sisbén, la zona que habite la familia beneficiaria y el ciclo de vida de sus miembros.
La ayuda irá si son adultos mayores, mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años o adolescentes, y se dará prioridad a la población en condición de discapacidad, víctimas del desplazamiento, hogares indígenas y afrocolombianos en condición de pobreza.
Por otro lado, la inversión pasa de 1,7 a 7 billones de pesos. Otra novedad es que los giros no se harán a través de la banca privada sino del Banco Agrario.
Aunque la cobertura de RC tiene un alcance nacional, la prioridad serán 466 municipios especialmente afectados por la pobreza extrema y la desnutrición infantil.
Según la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, “el espíritu de la Renta Ciudadana es ser un sistema que permita dignificar este tipo de beneficios y de ayudas, en la medida en que se trata de ingresos que están por encima de la línea de pobreza, algo que no se había hecho históricamente”.
Los desafíos
Más allá de los prejuicios que rodean a este tipo de programas entre quienes los ven como “limosnas” o como incentivos, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que veamos en Colombia la disminución radical de la pobreza, —menos aun la corrección de la desigualdad en distribución del ingreso —.
Las cifras sobre población en pobreza monetaria y multidimensional siguen siendo preocupantes en un país que ocupa el segundo lugar en el ranking de desigualdad en la región más desigual del mundo, como lo muestran las cifras de la Gráfica 2.
El coeficiente GINI del ingreso del hogar es una medida estándar de desigualdad que los países tratan de acercar a cero. En el caso colombiano, ese índice alcanzó 0,53 en 2019, mientras que, en el país más equitativo de la OCDE, Eslovaquia, fue del 0,24.
Las brechas de ingresos suelen trasmitirse de una generación a la siguiente, por lo que sería prudente darles tiempo a iniciativas como la RC que tal vez no acaben con la pobreza, pero a lo mejor llevarían a un escenario donde las diferencias no sean tan abismales.
El reto no es estar a favor o en contra de una política, sino abrir la discusión sobre los límites éticos y morales que podemos soportar como sociedad que ha normalizado vivir en mundo cada vez más desigual.
Además, no podemos olvidar que como estas desigualdades persistentes han generado círculos viciosos que reproducen más desigualdad y tiene costos y consecuencias económicas, políticas y sociales de largo plazo.
Esos cambios necesitan de Estados con capacidad financiera para redistribuir rentas, aumentando el recaudo fiscal para desarrollar políticas sociales de carácter universalista. Para esto es necesario contar con democracias más fuertes y ciudadanías más activas.
El reto no es estar a favor o en contra de una política, sino abrir la discusión sobre los límites éticos y morales que podemos soportar como sociedad que ha normalizado vivir en mundo cada vez más desigual.
Como nos recuerda esa frase de autoría desconocida que se hizo viral durante la emergencia de la pandemia por Covid-19, “No estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”.
