Topes al gasto electoral: reglas que los expertos saben cómo esquivar
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Las campañas ni siquiera han comenzado formalmente, y ya circulan rumores preocupantes sobre su financiamiento. Los topes legales no reflejan los costos reales y acaban siendo violados por los profesionales de la política.
Los límites legales 
Aunque la campaña por la presidencia no ha comenzado formalmente y aunque aún no conocemos la lista de candidatos que llegarán a la primera vuelta, ya se observan movimientos que despiertan preguntas sobre la financiación de estas “precandidaturas” y “precampañas”.
El asunto, por supuesto, no es exclusivo de Colombia, y por eso en muchas partes, como muestra el mapa adjunto, se ha establecido límites legales al gasto en las campañas políticas.
En este contexto, y a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una eventual sanción a la campaña Petro 2022 y a los partidos de su coalición por supuestas violaciones de los topes de gasto, conviene examinar el funcionamiento de esta figura jurídica, el papel de los “profesionales” de la política y las posibles consecuencias para las elecciones, los partidos y la legitimidad democrática.
El sistema de financiación política en Colombia ha intentado adaptarse a los escándalos que con frecuencia sacuden a la opinión pública. Estas normas ponen el acento en la igualdad entre candidaturas más que en la libre competencia.
Entre los instrumentos diseñados para evitar que el dinero determine los resultados electorales están los topes de gastos, establecidos por la Ley 996 de 2005 para campañas presidenciales y por la Ley 1475 de 2011 para las demás elecciones.
El CNE actualiza anualmente los valores para las campañas presidenciales utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC del DANE). Para las demás campañas, la actualización se basa en un Índice de Costos de Campañas elaborado por el DANE a partir de una canasta de gastos y una fórmula que combina diferentes variables. Por esto, los topes distintos de Presidencia suelen estar más ajustados a las realidades del mercado.
Desde 2017, la Ley 1864 incorporó en el Código Penal el delito de violación de topes de campaña, con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.
Los “profesionales” de la política
La división moderna del trabajo también alcanzó a la política. Por eso existen personas que viven de y para este oficio, y para ellas las campañas electorales son su actividad central.
Los partidos y las campañas funcionan como organizaciones cada vez más burocratizadas y especializadas que intentan ajustar sus decisiones al marco jurídico y a los recursos disponibles.
Sin embargo, cuando ese ajuste es difícil, los límites de gasto pueden incentivar la opacidad y la búsqueda de atajos. Y conviene recordar que los políticos profesionales viven precisamente de lo que ocurre en las campañas.
Las cuatro últimas elecciones
Los escándalos de financiación electoral son frecuentes y, por lo mismo, las campañas suelen enfrentar investigaciones administrativas ante el CNE.
Las campañas de Santos y Zuluaga en 2014, atravesadas por las sospechas regionales de la influencia de Odebrecht, fueron investigadas por el CNE. Aunque ambos procesos fueron archivados por caducidad —la autoridad electoral dispone apenas de tres años desde la elección para decidir de fondo—, los expedientes muestran varios elementos preocupantes.
Santos 2014
En la Resolución 2666 de 2021 aparecen tres líneas de investigación:
- La presunta contratación ficticia de Metra Petroleum Corp con Cooservipp y otras empresas, supuestamente para aportar recursos a la campaña.
- Los supuestos aportes de Pacific Rubiales a la campaña presidencial.
- Los aportes de Gistic Soluciones Integrales, que según Andrés Sanmiguel podían dirigirse a campañas políticas.
La Resolución pone de presente la complejidad de los mecanismos que habrían podido emplearse —si las sospechas fueran ciertas— para evitar el rastro del dinero. El Partido de la U reconoció haber recibido 50 millones de pesos de Pacific para una cuenta común usada en publicidad institucional del partido para las elecciones de Congreso.
Zuluaga 2014
En esta campaña se registraron pagos por 3.000 millones de pesos al asesor brasileño Duda Mendonça. Testigos del caso Odebrecht en Brasil señalaron un pago adicional de 1,6 millones de dólares con el mismo propósito. De haber sido así, la campaña habría destinado una proporción considerable del tope de gastos a un solo asesor.
Estos dos casos dejan dos enseñanzas:
- Los políticos profesionales pueden idear sistemas complejos —pero eficaces— para evadir las reglas de financiación.
- Los topes oficiales pueden estar lejos de los costos reales de una campaña presidencial.
Petro 2022
La investigación del CNE sobre la campaña Petro presidente 2022 que concluyó con la Resolución 05175 de 2024, encontró posibles incumplimientos de las normas de financiación y de topes en primera y segunda vuelta, por montos de al menos 3.700 millones y 1.600 millones de pesos respectivamente. La financiación habría provenido de personas jurídicas como FECODE, INGENIAL y la USO.
A diferencia de los casos de 2014 —donde se habría tratado de esconder la destinación de los dineros recibidos—, aquí los contratos coinciden con las necesidades de la campaña presidencial que con actividades partidistas o de las elecciones al Congreso. Un aporte de 500 millones del Polo Democrático Alternativo fue reportado en Cuentas Claras y luego retirado.
Sin anticipar la decisión final, parece evidente que la campaña Petro 2022 no contó con los profesionales capaces de diseñar complejas arquitecturas para evadir las normas sobre topes.
Las próximas elecciones, los partidos y la legitimidad democrática
Aunque la campaña Petro pueda convertirse en la primera en recibir sanciones administrativas o penales, es poco probable que esto disuada a otras campañas de eludir las reglas, por las siguientes razones:
- la lógica de la política profesional,
- la eventual desactualización de los topes,
- la posibilidad de que los procesos caduquen ante la jurisdicción contenciosa,
- el fuero presidencial y la tendencia de los congresos a favorecer la “estabilidad institucional”.
En el caso de los partidos, una sanción sí podría desestimular la proliferación de coaliciones electorales.
En cuanto a la legitimidad democrática, una decisión adversa podría fortalecer las narrativas de persecución política y aumentar la desconfianza en las autoridades electorales. De allí la necesidad de revisar las fórmulas de actualización de topes o incluso reconsiderar su utilidad, con el propósito real de mejorar la transparencia.
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Acerca del autor
Luis Alfredo Rodriguez Valero
*Estudiante de Doctorado en Derecho. Magister en Ciencia Política. Politólogo y abogado. Docente e investigador de la UNAD-Colombia. @rvluis1
1 comentarios
Escrito por:
Luis Alfredo Rodriguez Valero
*Estudiante de Doctorado en Derecho. Magister en Ciencia Política. Politólogo y abogado. Docente e investigador de la UNAD-Colombia. @rvluis1
Saludos fraternos y gratos desde México. Aquí también todos los partidos políticos incumplen los topes del gasto electoral. En toda Nuestra América existen hombres y mujeres que viven de la política e incluso se olvidan lo que quiere decir esa hermosa pero desgastada palabra: «Política». Ahora que son tiempos de Lectura y regresé contagiado de buenas lecturas de la pasada FIL de Medellín, Antioquia, Colombia, y, me preparo para la FIL de Guadalajara, Jalisco, México, invito a todas y todos los lectores de Razón Pública a leer obras de los clásicos de la Política. Le pido a Dios, El Creador, que Colombia llegue a ser un Escenario de Paz, Justicia Social y Amor. Atentamente, Fernando Acosta Riveros, Colombiano-Mexicano, lector del diario mexicano La Jornada y del semanario colombiano VOZ, la Verdad del Pueblo.