Timochenko candidato y exguerrilleros al Congreso: un escándalo insensato - Razón Pública
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Timochenko candidato y exguerrilleros al Congreso: un escándalo insensato

Escrito por Hernando Llano
Candidato presidencial, Rodrigo Londoño.

Candidato presidencial, Rodrigo Londoño.

Hernando LlanoParece obvio que no podrían aspirar a cargos públicos sin antes pagar sus deudas con la justicia.  Y sin embargo el análisis sereno muestra que esta exigencia sería un error histórico y moral. La verdadera solución está en la mano de ciudadanos como Usted.

Hernando Llano Ángel*

El dilema

La postulación a la presidencia de la República de Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, ha desatado la predecible tormenta de reacciones adversas en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Esta tormenta se refiere también a la postulación al Senado y la Cámara de algunos de los miembros del que fuera el Secretariado de las FARC.

Estas postulaciones plantean una especie de encrucijada o dilema político existencial entre la paz y la justicia, porque la paz supone que los exguerrilleros puedan participar en la política, pero la sociedad colombiana tendría que exigir que ellos se sometan primero a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Pero este paso previo por la JEP y sus sanciones implicaría una demora de años para poder presentarse como candidatos y –para todos los efectos prácticos- sería tanto como prohibir que los exguerrilleros pudieran acceder a cargos de elección popular.

O sea, simplemente, que se estaría incumpliendo el compromiso de cambiar los balazos mortales de las FARC como guerrilla,  por unos cuantos e inofensivos votos que obtendría la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las elecciones del 2018, al postular o inscribir candidatos de tan nefasta recordación para millones de colombianos.

Pacta sunt servanda

Senador Álvaro Uribe Vélez
Senador Álvaro Uribe Vélez
Foto: Concejo de Manizales

Pero en primer lugar y por supuesto, los compromisos del Estado son para cumplirlos, y el Acuerdo con las FARC – suscrito por el Ejecutivo, ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional- establece de manera inequívoca el derecho de esa guerrilla desmovilizada a participar en política sin previa sujeción a la JEP. 

Hay que poner fin a esa combinación de las formas de lucha –balas con votos-  sea ella guerrillera, paramilitar o gubernamental.

Dice el punto 36 del Acuerdo Final (página 150) que  “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Estas “reformas pertinentes” ya fueron tramitadas mediante:

  • El Acto Legislativo 01 de 2017, que en su Artículo 20 transcribe literalmente la ya citada frase del Acuerdo;
  • El Acto Legislativo 02 de 2017, que obliga a todas las autoridades del Estado a respetar los compromisos del Acuerdo, y en especial aquellos referentes a los “derechos fundamentales definidos en la Constitución Política”, uno de los cuales es el de elegir y ser elegido (Artículo 40 de la Constitución).
  • Y el Acto Legislativo 03 de 2017, cuyo Artículo 1, numeral 5, permite a las FARC “inscribir candidatos en las mismas condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos políticos”. Pero además este Artículo dejó zanjada la discusión al añadir de inmediato que “Sin perjuicio de lo anterior, los candidatos que hubieren sido miembros de las FARC-EP, deberán, en el momento de la inscripción de los candidatos, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el SIVJRNR, contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017”.

Así las cosas, tendríamos que reconocer algo que lapidariamente escribió Ferdinand Lasalle hace ya casi dos siglos: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen”.

De las tumbas a las urnas

Y, sin duda, es preferible que dichos factores reales de poder se decidan en las urnas –como aconteció con la “séptima papeleta” que dio origen a la Constituyente de 1991 – y no en las tumbas, como sucedió después del bombardeo a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990.

Hay que poner fin a esa combinación mortal de las formas de lucha –balas con votos-  sea ella guerrillera, paramilitar o gubernamental: de eso se trata en las próximas elecciones del 2018 para Congreso y Presidencia de la República.

No olvidemos: en política somos los ciudadanos, con nuestro voto, los jueces de última instancia. Allí decidiremos quienes merecen la representación de nuestros valores o intereses o, por el contrario, nuestra censura. La paz política es un asunto de todos, no sólo de los jueces, por constitucionales y encumbrados que ellos sean.

Es la segunda oportunidad histórica que tendremos el próximo año: decidir en las urnas si derrotamos definitivamente la guerra y sus partidarios, sean de extrema izquierda o extrema derecha, dándole por fin una oportunidad al debate creador de las ideas y no al combate aniquilador de las armas. Hay que darle una oportunidad a quienes ayer fueron letales y crueles en el campo de batalla, para que nos demuestren sí también pueden ser  vitales y justos en el campo de la política.

Quizá sea esa una forma paradójica y éticamente desafiante de expresarse la justicia restaurativa. Intentando restaurar en la arena política lo que se arruinó en los campos de batalla. Por eso se denomina justicia transicional, pues permite el tránsito de las armas y la violencia a los votos y la controversia.

Error jurídico, político y moral

Sería un error inadmisible impedir que los miembros del antiguo Secretariado de las FARC sean candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con argucias leguleyas. Argucias no solo antipolíticas sino también inconstitucionales.

Sería un error estratégico, porque con eso les estaríamos dando nuevos argumentos a quienes dicen que en Colombia es imposible el surgimiento de una auténtica oposición política legal.

Y lo anterior es un horror histórico, que nos ha dejado una estela de aproximadamente medio millón de muertos –entre la Violencia y el conflicto armado interno— por ser incapaces de romper el vínculo fatal entre la política con las armas y la política con los votos.

Casi la mitad de los senadores de Colombia consideran que no están exentos de relaciones con la violencia y el crimen. 

Más todavía: condicionar los derechos políticos de los exguerrilleros a su previa absolución  por parte de la justicia, sería una postura ética inadmisible, pues con este rasero no se habrían podido firmar los numerosos pactos que pusieron fin a las guerras civiles del siglo XIX, ni tampoco el acuerdo más importante del siglo XX – el del Frente Nacional, que puso fin  a la violencia interpartidista.

Es más, hoy por hoy tendrían que inhabilitarse los muchos congresistas que se encuentran sub-judice, empezando por el senador Álvaro Uribe con sus cerca de trescientas investigaciones congeladas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Seguramente por eso se han declarado impedidos ¡44! senadores para votar la ley estatutaria de la JEP y ya  han sido aceptados 12 impedimentos. La mayoría de estos senadores pertenecen al Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y Opción Ciudadana, por sus vinculaciones con familiares condenados por parapolítica o investigaciones en curso donde algunos parecen estar implicados.  

Congreso por cárcel

Lo cual significa que casi la mitad de los senadores de Colombia consideran que no están exentos de relaciones con la violencia y el crimen.

Y esto ya de por sí es la prueba palmaria de la urgencia de que nuestra política sea depurada del odio y de la codicia, los genes que se transmiten de generación en generación y de partido en partido. Será por eso que hoy uno de sus más conspicuos representantes, Vargas Lleras, recurre a las firmas para lavar y lanzar su candidatura a la Presidencia.

Así las cosas, llegaríamos a la conclusión paradójica de que la JEP puede acabar  condenando a los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al Congreso por cárcel, como curiosamente sucede hoy con más de un honorable senador en ejercicio, cuya impunidad e intocabilidad por la justicia son proverbiales. Con razón Uribe, siendo presidente, pedía a los miembros de su bancada que votaran rápido sus proyectos de ley, antes de ir a la cárcel. En ocasiones es difícil discernir, en esta transición, los límites entre un régimen parlamentario y uno penitenciario.

Por una política sin maniqueísmo

Exguerrilleros de las FARC-EP.
Exguerrilleros de las FARC-EP.
Foto: Presidencia de la República

Para lograr la urgente distinción entre el Congreso y la cárcel se podría proponer -desde un exigente horizonte ciudadano de la ética pública- que se inhabilitaran de por vida todos aquellos que desde el gobierno o la insurgencia tienen las manos manchadas de sangre.

Desde Uribe hasta Timochenko, con sus incondicionales y furibundos seguidores.

Pero ellos no se darán por aludidos, porque tienen la conciencia muy limpia y muy tranquila. Han sustituido la ética por el maniqueísmo. El primero, con su “seguridad democrática” y, el segundo, con la “justicia social”. Y quienes no compartan esas banderas, son “terroristas”, “apátridas” o “paracos”.

En fin, “buenos y diestros ciudadanos” contra “malos y siniestros ciudadanos” o viceversa.

En pocas palabras, una ética a la medida de sus simpatías y antipatías, de sus intereses y  valores discutibles.

Por eso, quienes tenemos la última palabra somos los ciudadanos y ciudadanas que –más allá o sin necesidad de la justicia, ordinaria o transicional- podemos inhabilitar con nuestro voto a todos quienes han ejercido, legitimado o azuzado la violencia como recurso político.

Que cada quien haga un ejercicio público de su conciencia. Sólo así la política algún día podrá salir del lodazal del odio y la codicia en que se encuentra atrapada y ejercerse, más allá del bien y del mal, en un horizonte de reconciliación y controversia siempre presentes, sin necesidad de recurrir a “héroes” y “caudillos vengadores” y mucho menos a “revolucionarios justicieros”, pues millones de víctimas y ciudadanos ya conocemos de sobra sus ejecutorias y alcances.

*Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

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