Breve historia de por qué la televisión en Colombia no es un servicio público sino un gran negocio privado. El proceso de adjudicación del Tercer Canal revela la debilidad del Estado ante los verdaderamente poderosos, quienes lograron impedir por ahora que les entre competencia.
Germán Yances *
Resistencia inicial a los privados
Privatizar la televisión nunca fue una decisión fácil en Colombia.
Durante más de cuarenta años, cada cierto tiempo alguien presionaba para que se adjudicaran canales privados. Durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, en 1966, la periodista Consuelo de Montejo, por ejemplo, consiguió que le entregaran TeleTigre (Canal 9), una licencia para Bogotá que debió devolver al quinto año por problemas de financiación.
La resistencia a autorizar canales privados tenía que ver con consideraciones políticas e ideológicas respecto del papel del Estado.
La resistencia a autorizar canales privados tenía que ver con consideraciones políticas e ideológicas del momento respecto del papel del Estado y con el poder bien real de ACOTV, el sindicato de trabajadores de Inravisión, que se oponía de manera rotunda a perder el monopolio de la emisión y de la transmisión.
Un negocio redondo
Durante la presidencia de César Gaviria se replanteó la función del Estado y en medio de tanta apertura y privatización, el gobierno se dio la pela de autorizar la emisión de los noticieros desde sus propios estudios. Lo demás ya es historia reciente.
La Constitución de 1991 en su Artículo 20 consagró la libertad de fundar medios de comunicación, y seis años más tarde la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) en desarrollo de ese mandato constitucional, adjudicó dos canales privados nacionales y posteriormente uno local, en Bogotá.
El Estado ha tratado la adjudicación de la operación de uno o varios nuevos canales privados como un tema puramente económico y no como una necesidad de servicio. Igual sucedió a finales de los años 90, cuando se adjudicaron los canales RCN, Caracol y CityTv. Estos se entregaron para satisfacer la demanda de crecimiento de los concesionarios de espacios de los dos grandes grupos económicos, sin consultar las consecuencias reales que esa medida tendría para el servicio.
Y como a los grupos económicos les alcanza el poder para hacerse blindar legalmente, dejaron en los contratos una cláusula de exclusividad por diez años, y en la ley la obligación para el Estado de que la adjudicación de nuevos canales privados estuviera condicionada al crecimiento económico y a la capacidad del mercado publicitario
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No se entiende que el Estado quede obligado a garantizar la rentabilidad de inversionistas privados, pero esa ha sido la constante en la ejecución de los contratos de los canales privados. Tanto así que en una década, varios cientos de miles de millones de pesos de los presupuestos de la televisión pública les han sido entregados a los operadores privados, atendiendo conciliaciones en tribunales de arbitramento.
Acceso restringido
En la práctica, ha podido más la tentación de los gobiernos de mantener el control sobre la televisión que la fuerza del mandato constitucional de garantizar la libertad de fundar medios de comunicación.
Bajo un régimen legal sin duda más moderno y democrático, que reconoce en la televisión un servicio público vinculado intrínsecamente a los procesos de formación de opinión pública y a la cultura del país — o quizás por eso — se ha restringido por la vía de las condiciones macroeconómicas el acceso de los colombianos a la prestación del servicio.
El Gobierno ha logrado todo eso, de consuno con el Congreso de la República, mediante el sometimiento de la autoridad que debería regular al sector en forma autónoma.
La Constitución de 1991 en su Artículo 20 consagró la libertad de fundar medios de comunicación. Seis años más tarde se adjudicaron los canales RCN, Caracol y City TV.
A pesar de que la necesidad de ampliar el espectro informativo en la televisión es un hecho protuberante — en especial dado que la privatización concentró las audiencias y redujo sustancialmente el pluralismo informativo — la adjudicación de una o más licencias ha estado amarrada a escenarios económicos, como si desconociera la inteligencia del capital privado para calcular sus propios riesgos.
Lo anterior aplica también para el servicio en la modalidad de televisión paga. La ley establece el número de operadores bajo el criterio de garantizar el negocio de los particulares, y por ese camino tener mayor control sobre los propios operadores.
Pelea de pesos pesados
 Desde el 2009 se discute la conveniencia de un tercer canal de televisión abierta de cubrimiento nacional. |
El viacrucis que desde el año 2009 se vive en el empeño por licenciar un nuevo operador de televisión abierta privada de cubrimiento nacional es una radiografía del peso de los intereses privados del sector y de la existencia de zonas oscuras en el ejercicio del poder político y de la información.
Ayer como hoy, tampoco la adjudicación del canal local de Bogotá fue fácil. RCN y Caracol trataron por todos los medios de impedirlo, pero la Casa Editorial El Tiempo (CEET) no era ningún pintado en la pared, había cumplido los requisitos y la CNTV no tuvo más remedio que adjudicarlo en medio de la reacción descompuesta de los conglomerados.
Pero nunca antes se había visto una coreografía tan acompasada y uniforme como la que montaron para presionar una decisión de Estado respecto del proceso licitatorio que entregaría una licencia para explotar un tercer canal nacional de televisión:
- desde una esquina, los canales privados RCN y Caracol, con su gran plataforma de medios electrónicos e impresos;
- desde la otra, CEET con sus filiales y sus socios en Canal 3 Televisión de Colombia S. A.
Podría decirse que esos dos bandos sumaban la junta directiva del país. En el uno se ubicaban los primos Francisco Santos, entonces vicepresidente de la República, y Juan Manuel Santos, exministro del gobierno de Álvaro Uribe, ya por esos días candidato presidencial. Ellos mantenían alguna participación accionaria en CEET, según lo reveló hace poco La Silla Vacía.
También pertenecían a esa junta Patricio Wills, presidente de RTI, la productora de TV más antigua y reconocida del país; el periódico de mayor circulación en la Costa Atlántica, El Heraldo; el asesor de comunicaciones Darío Vargas Linares, a través de su empresa Contenido Ltda., quien le ha manejado la imagen a muchos gobiernos; Inversiones Casa Grande, de William Vélez Sierra, hombre muy cercano al expresidente Uribe y a su ex asesor José Obdulio Gaviria; y el Grupo Planeta, de España.
En el bando que se oponía a que el tercer canal fuera adjudicado, se sentaban los grupos Ardila Lülle (RCN) y Santo Domingo (Caracol), cuyos propietarios de manera recurrente clasifican en las listas Forbes de los más ricos del mundo y que en Colombia concentran la mayor cantidad de medios y de audiencia.
Todos ellos, los que matoneaban en defensa de un territorio que consideran suyo y los que querían entrar al negocio, organizaron una muy afinada coral informativa a lo largo del proceso, haciendo equilibrismo en la línea entre la libertad y el abuso.
Calvario jurídico
   En la puja por el tercer canal está la junta directiva del país: Francisco Santos, Juan Manuel Santos, Darío Vargas Linares, William Vélez Sierra, Ardila Lülle y Santo Domingo.
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Venciendo sus propios temores y ante la falta de argumentos para mantener el privilegio de tan solo dos canales privados en un país de cuarenta y tantos millones de habitantes y un ingreso per cápita anual de 5.166 dólares en 2009, la CNTV inició la Licitación Pública No. 001 de 2009 para adjudicar un tercer canal privado nacional, la cual debió ser suspendida cuando la Procuraduría General solicitó revocar el acto de apertura por razones que tenían que ver con la pluralidad de interesados y oferentes, el mecanismo de la subasta, la existencia de temas no resueltos y la maximización de recursos.
Siete meses después, en mayo de 2010, la CNTV abrió un nuevo proceso, que fue demandado por su acto de apertura y porque el pliego de condiciones permitía adjudicar aunque solo se hubiera presentado un proponente y éste cumpliera con los requisitos.
Luego de largos meses de estudio, el Consejo de Estado resolvió, a mediados de febrero de 2012, declarar la nulidad del numeral 4.11 del pliego de condiciones, que permitía adjudicar con un solo proponente, por lo cual se cayó la licitación.
Y es que a mitad de camino — luego de consultas, audiencias y modificaciones a los pliegos — dos de las empresas inscritas en el Registro Único de Proponentes: Pacsa (Grupo Prisa y Caracol Radio) y Grupo Rendiles (Cisneros) habían decidido retirarse del proceso, aduciendo falta de garantía jurídica y de transparencia.
Uno de los puntos sin resolver por parte de la CNTV, a juicio de los renunciantes, tenía que ver con los topes y condiciones que establece la ley colombiana para la inversión extranjera en la televisión abierta.
De igual manera, y considerando que tanto RTI como El Tiempo en la actualidad explotan concesiones de televisión, los renunciantes acusaron a la CNTV de no ser clara frente al mecanismo para la renuncia a esas concesiones, porque la ley prohíbe que un operador tenga más de un título habilitante.
Nuevos canales: ¿más de lo mismo?
Dos últimas consideraciones con respeto a un tema que tiene mucha tela que cortar.
La desaparición de la CNTV — un ente con autonomía constitucional — y su reemplazo en breve, por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) —un organismo más débil y vulnerable por su composición y su forma de elección— aumenta exponencialmente el riesgo de que la adjudicación quede en manos del Gobierno…de nuevo.
De hecho, el Ministerio de las TICs habla de la televisión y del futuro proceso licitatorio como si éste fuera de su entero resorte. Y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha anunciado que no se adjudicará uno, sino dos nuevos canales.
Con respecto al beneficio que para las audiencias representarían los nuevos canales privados, no hay razones para ser excesivamente optimistas. Si no vienen acompañados de un marco normativo que estimule la experimentación y premie la diferencia, nada asegura el aumento de las alternativas de entretenimiento.
Lo más probable es que la fuerza del mercado y los hábitos de las audiencias les impidan contraprogramar, y más bien se vean obligados a adoptar una parrilla tipo espejo, que refleje fielmente la programación de los canales actuales.
Quienes sin duda sí recibirán grandes beneficios son los anunciantes, que podrán acceder a audiencias más segmentadas y se liberarán de la dictadura de un mercado tan cerrado, dominado por RCN y Caracol.
* Comunicador Social y Periodista de la Universidad Javeriana. Fue director de la Especialización en Televisión de la Universidad Javeriana. Trabajó 15 años en El Espectador. Analista de medios. Ha sido crítico de televisión de El Espectador y El Tiempo. Defensor del televidente de Canal Capital. Asesor de la Comisión Nacional de Televisión. En la actualidad es el Director (e) del Archivo de Bogotá.
@geryances
