El periodismo, la democracia y los medios públicos se debilitan cuando un funcionario pretende interferir con la libertad de información. Así se vive el deterioro en Medellín y en muchas partes de Colombia.
Mario Morales*
Lo público no es propiedad del funcionario
No se sabe qué es peor: si la ignorancia por parte de algunos funcionarios sobre el papel de los medios públicos de comunicación, o su adscripción a la escuela del cinismo, que atropella impunemente el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos.
Hoy se oye decir que la culpa es de la tradición que introdujo en la ley la confusión entre lo público y lo que viene del Estado. Y además introdujo la idea de que esos medios se usen para satisfacer intereses politiqueros o propagandísticos de los altos funcionarios.
Esta normalización, acuñada en el origen de los medios públicos, disuelve los reclamos por el uso indebido del poder de presidentes, gobernadores y alcaldes, quienes imponen gerentes, directivos de medios y de sistemas informativos, y lineamientos sobre los principios informativos de canales y emisoras.
Además, los gobernantes quieren influir sobre las decisiones de medios privados y comunitarios a través de presiones, amenazas o chantajes.
Parece que ahora quieren acabar con los medios públicos —ya relegados por las mediciones de audiencia— o los quieren manejar sin responsabilidad para impedir críticas, disensos, o informaciones que los pongan en evidencia ante los ciudadanos.
Atados a una legislación del siglo pasado, los medios audiovisuales públicos en Colombia son apéndices de las administraciones de turno, y ni los organismos de control ni la sociedad civil toman acción al respecto. Sólo quedan algunas voces, como las fundaciones en defensa de la libertad de expresión, que hacen oposición a este exabrupto.
Clientelismo: un estilo de administración
El clientelismo de los medios públicos vuelve a ser tema de debate a raíz de las denuncias de cambios forzados en directivos administrativos y periodísticos del canal local Telemedellín. Esto, por la negativa de seguir presuntas directrices de la alcaldía, secretarías y otras entidades de esa ciudad.
Los gobernantes quieren influir sobre las decisiones de medios privados y comunitarios a través de presiones, amenazas o chantajes.
El exdirector del sistema informativo, Hernán Muñoz, y la exgerente Johanna Jaramillo, se vieron obligados a salir del medio porque, según ellos, no aceptaron las presiones de convertirlo “en el canal del alcalde” y, más que eso, “en el canal de Daniel Quintero”.
Incluso, el nuevo gerente, Deninson Mendoza, se refirió en Bluradio al canal como “una de las 37 empresas del conglomerado público de la alcaldía de Medellín”. Sea por desconocimiento o por cinismo, esta visión deformada arrebata a los ciudadanos el medio que debería expresar su voz, sus necesidades y sus preocupaciones.
De esta manera, los medios públicos acaban relegados a las decisiones burocráticas de la alcaldía, sólo porque el funcionario “no estaba de acuerdo con la línea periodística de Muñoz en el tratamiento de los temas sensibles de la ciudad”, pues afectaba la imagen del alcalde.
Esta y otras denuncias similares muestran que no se trata de coyunturas o reacciones aisladas, sino de un “estilo de administración”. Esto se ve cuando hablan, por ejemplo, de
- interferencias de las secretarías para presionar cubrimientos,
- decisiones de la primera dama,
- investigaciones sobre preferencias políticas de los periodistas, o
- monitoreo constante a sus publicaciones en diversas plataformas.
Este “estilo de administración” ya se había manifestado a mediados del año pasado, como lo documentó La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), cuando medios y periodistas denunciaron ser monitoreados por la alcaldía en redes sociales. En esa ocasión querían obstruir publicaciones sobre cargos de presunta violencia sexual.
Recientemente, el alcalde Daniel Quintero se pronunció contra del diario El Colombiano por las publicaciones críticas de su gestión. Según el mandatario y otros funcionarios la razón de estas críticas era la disminución de la pauta publicitaria oficial en ese medio.
Esta insinuación pone en entredicho la transparencia de las administraciones anteriores y el uso de la pauta oficial, pues esta vez el ataque de Quintero fue una forma de presión para obtener narrativas favorables por parte de los medios de Medellín. Como dice Luz María Sierra, directora de El Colombiano, este tipo de señalamientos quieren neutralizar el ejercicio independiente del periodismo.
En ese sentido, añade Sierra, el que haya o no haya pauta no puede considerarse como forma de presión, porque el periodismo se debe a sus lectores o audiencias, no al alcalde o a la administración que utiliza dineros del público para pagar la pauta en los medios que estime más adecuados.
Las declaraciones de la administración de Medellín se dan en medio de cuestionamientos por la partida de 160 millones de pesos mensuales para publicidad en veintiséis medios no tradicionales, con escasa experiencia o muy baja audiencia.
Los hechos recuerdan las denuncias sobre despidos de periodistas por contenidos de Teleantioquia que afectaban la gobernación en 2008; o en Canal Capital, cuyos periodistas fueron presionados por contenidos e invitados que tenían en 2013.
En cualquier caso, las presiones e injerencias en la línea editorial de los medios públicos configuran, como dice la FLIP, una forma de censura indirecta. Además, la censura se produce a través de otros tipos de ataques a la prensa, como decir, las estigmatizaciones, las amenazas o los despidos. Al final, esto se traduce en desinformación que limita la libertad de expresión y atentan contra principios democráticos como el pluralismo, la diversidad y la participación ciudadana.
La pretendida cooptación de los medios públicos por parte de los gobiernos es una constante en Colombia.
Pero, más que nada, la presión y estigmatización afectan la reputación del periodismo y su credibilidad, pues contribuyen a la pérdida de confianza en los medios. Así se confirma la conclusión de Reporteros sin Fronteras, según la cual: los principales artífices del desprestigio periodístico son, absurdamente, quienes están llamados a defenderlo: los gobernantes.
Un problema nacional
La pretendida cooptación de los medios públicos por parte de los gobiernos es una constante en Colombia. La saturación de programas informativos de carácter propagandístico, pero disfrazados de periodísticos, pone en entredicho el valor de la verdad.
Acciones similares se ven, por ejemplo:
- En las presuntas presiones del gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, denunciadas hace un año ante instancias como la FLIP. El director del sistema informativo Telecafé, Juan Manuel Lenis, denunció y lo hicieron renunciar hace ocho meses.
- En diciembre de 2018, cuando la gerencia de RTVC retiró la repetición de “Los Puros Criollos”, por la actitud crítica de su presentador, Santiago Rivas.
- Hace un mes, desde la emisora Radio de mi Gente, denunciaron presiones del alcalde de Chaparral, Tolima, por publicaciones críticas a la prestación del servicio de acueducto. Su director, Héctor Fabián Chila, recibió amenazas.
- Las intimidaciones y amenazas recientes en Puerres, Nariño, contra el reportero Andrés Benavides de la emisora comunitaria Paraíso Estéreo 96.3 FM, único medio de comunicación en esa zona.
Los medios privados no escapan a estas presiones. Así se observa en los ataques y publicaciones hostiles del Centro Democrático contra Caracol Noticias, por sus emisiones sobre los procesos adelantados por los falsos positivos.
Culpar al mensajero es la estrategia gubernamental perfecta para esconder los errores, la ineficiencia y la irresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos. Pero alinear el periodismo con la historia oficial atenta contra los derechos y las libertades de la ciudadanía.
No importa si un día muestran la máscara de la ineptitud y al día siguiente se burlan de los ciudadanos con la máscara del cinismo; estas actitudes son tan graves como lo que quieren ocultar.
