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Tecnologías del engaño y corrosión de lo público

Escrito por Ricardo García
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ricardo garciaUna reflexión estructurada que trasciende lo anecdótico para explorar los mecanismos, los agentes, las tecnologías, las etapas y la articulación con el clientelismo y el patrimonialismo de este cáncer que corroe las entrañas de lo público.

Ricardo García Duarte*

Usurpación de lo simbólico

Todo acto de corrupción es un robo disfrazado. Constituye un saqueo material del Estado pero además –y sobre todo– le arrebata el sentido propio de la esfera inmaterial de lo público, base de la conciencia ciudadana en una democracia.

La corrupción nos pone pues ante una democracia corrupta, lo cual viene a ser un contrasentido porque la democracia en tanto tipo ideal –o sea el “gobierno del pueblo” – se apoya en otro ideal, la res-pública, la cosa del pueblo, la cosa de todos.

“Cosa de todos” significa que ningún individuo en particular puede apropiársela. Lo cual a su vez implica la existencia de una línea divisoria entre el mundo de los intercambios privados y el mundo de lo público, mundo este del cual nadie puede excluirse.

Finalmente, lo público legitima su existencia porque se dota a sí mismo de reglas y de procedimientos que garantizan la distribución de bienes como la justicia o los ingresos provenientes de la tributación que el estado les impone a las personas naturales o jurídicas.

Lo público y la virtud

Las cosas o las relaciones que hacen parte de lo público son objeto de un proceso de simbolización. Son sacralizadas, ya no de un modo religioso sino secular, de manera que se forja un cierto vínculo de veneración que une a los individuos con la esfera de lo público. Los ciudadanos interiorizan las cosas o relaciones propias de lo público bajo una ética del respeto y como si lo público formara parte de su identidad en tanto ciudadanos o sujetos políticos.

De ahí que la esfera de lo público sea el dominio privilegiado de la virtud. La del hombre político; la del ciudadano; virtud (vertú) contra la cual decía Maquiavelo que conspiran: a) la violencia de los unos contra los otros, b) la esclavización de la mayoría por parte de la minoría, y c) la corrupción que desdice o deshace la identidad simbólica –el alma– del ciudadano y la del funcionario que representa al Estado.

La democracia y el vicio

En la democracia colombiana el vicio compite ventajosamente por invadir la cosa pública. No solo por la violencia que destruye el tejido social, ni solo por la exclusión, que es la versión actualizada de la esclavitud, sino además y en especial por la corrupción, a punto tal que en las listas internacionales. Annual Report 2010 Colombia aparece como el número 78 entre 178 países ordenados según el grado de corrupción (ver en el gráfico)

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Fuente: Transparency International. Annual Report 2010.

Casos concretos

A juzgar por la cadena de escándalos que estallan un día sí y el otro también, el Estado colombiano sobreagua, apenas chapaleando, en un mar de corrupción disimulado por una débil capa de institucionalidad formal. El homo politicus y el homo œconomicus se ven sustituidos por el homo delinquens, que hoy por hoy aparece como el sujeto mismo de la vida pública.

Tales conductas han aflorado en casos recientes como los siguientes:

  • Agro Ingreso Seguro (AIS), que meses después de ser denunciado acaba de cobrar la cabeza de ministro del gobierno anterior, destituido por la Procuraduría y acusado por la Fiscalía que reclamó y obtuvo su prisión preventiva.
  • La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE);
  • El “carrusel” de la contratación en el Distrito Capital de Bogotá;
  • El caso de las Empresas Promotoras de Salud (EPS);
  • Los reembolsos ficticios sobre el IVA en la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN a partir de empresas exportadoras de fachada.

En todos estos (y en otros muchos) casos se ha presentado un desvío de recursos hacia las manos de particulares por medios ilícitos, que implican delitos como decir el fraude, la falsedad, el cohecho, la concusión y el peculado en su diversos tipos.

Estos delitos contra la administración pública implican que la soberanía de la ley ha ido dando paso a la emergencia de un Estado prevaricador, pues no se trata de incidentes aislados sino de prácticas recurrentes y generalizadas.

Tecnologías del engaño

Estas prácticas se incorporan a la subjetividad de los agentes hasta el punto de parecer reacciones automáticas cuando en efecto son verdaderas tecnologías que cobran vida en los intercambios de favores y en la búsqueda de beneficios ilícitos.

Trasplantadas a la esfera de lo público –sin otra lógica que el beneficio particular y la riqueza privada– esas tecnologías se convierten en sustentos del engaño y de la trampa como resortes de la vida pública. Deslizadas entre los pliegues que dejan los usos tecnocráticos, acaban entrelazadas con ellos. Aprovechan sus vacios; se encubren bajo sus formalismos; mimetizan sus códigos perversos a la sombra de los racionalismos administrativos.

Las tecnologías del engaño se reproducen como la maleza porque apelan crudamente a la lógica mercantil que es valorada por la sociedad. Cada vez que se corona un negocio de este tipo, sus actores obtienen un enriquecimiento rápido y capaz de seducir a más de uno y de arrastrarlo a la comisión del delito, tanto más si puede quedar cobijado por la impunidad.

Corrupción, clientelismo y patrimonialismo

Para hacer prosperar la trampa, estos incentivos deben pasar por las formas históricas bajo las cuales opera el modo de producción política: esto es, las relaciones en el ejercicio del poder, los modos de representación y las maneras particulares de gobierno.

En la constitución de este modo de producción política, han intervenido históricamente relaciones como las que dan lugar al patrimonialismo y al clientelismo, al lado naturalmente de otras formas legales y modernas de Estado:

  • Con el patrimonialismo, los poderes particulares de la sociedad y los poseedores del patrimonio se adueñan de las instituciones estatales.
  • Con el clientelismo, la representación política es asegurada por el intercambio de servicios, uno de cuyos componentes es el voto, que de esa manera se convierte en objeto de transacción, a cambio de favores que recibe el votante.

Patrimonialismo y clientelismo arrastran sin duda con la impronta de los particularismos en la conformación del Estado; que de ese modo queda parcelado en zonas débiles bajo el impacto de lógicas más o menos privadas; conducidas, además, bajo el sello de una sociedad tradicional.

Con el ritmo parsimonioso, pero seguro, de los ejercicios clientelistas, se acompasaron las prácticas repetidas del control particularista del Estado; y con ellas, las tecnologías del engaño para sacar provecho en función del beneficio privado.

Momentos en la representación política

Este acompasamiento entre la democracia clientelista y los usos públicos de la trampa, que a menudo desembocan en la creación de redes sociales incrustadas en la burocracia y en el mundo de los negocios, ha pasado al menos por tres momentos, que pueden apreciarse en forma sucesiva, históricamente hablando, o también, en forma simultánea, como yuxtaposición de dinámicas:

  • El primero es el del patrimonialismo hacendatario;
  • el segundo es el del clientelismo estatal 
  • el tercero es del contratismo des-partidizado.

El primero tiene que ver con el control natural del poder por los notables y por los caciques locales. Aquellos disponen tanto de la administración central como de los partidos. Dispensan favores y exclusiones como si fueran los dueños de las instituciones públicas, por derecho propio. Es el mundo de la subcultura de los favores, puesta en marcha a partir de la confusión entre poder político y preeminencia social.

El segundo es el de la partidocracia. El control de la administración estatal y la representación social son monopolizados por los grandes partidos, que además establecen una férrea coalición entre ellos, sin dejar un margen considerable a la competencia y a la fiscalización. Los puestos públicos y muchos de los servicios del Estado son entregados por los hombres políticos, dispensándolos en forma particular para obtener el apoyo electoral.

El tercero coincide con reformas de apertura política. Se promueve el pluralismo en la competencia interpartidista, al tiempo que las “familias” tradicionales de carácter partidista entran en crisis.

Hay por otro lado un marcado flujo de recursos líquidos para las obras de infraestructura y para la prestación de los servicios sociales. La contratación pública y los servicios de instituciones mixtas, lo mismo que la administración regional descentralizada, abren los espacios para la utilización de recursos públicos bajo la lógica del interés privado.

La “comisión” y la “mano untada” hacen su agosto, bajo las formalidades del negocio empresarial, que apoya al político profesional sin importar su color ideológico, mientras que espera de éste los favores con lo que ha de retribuirlo.

En cada uno de tales “momentos” sociales, las prácticas del transaccionismo y del servicio público como si fuera un favor se perfeccionan y superviven más allá de los cambios políticos e institucionales.

La triada en el alegre tiovivo

En el “momento” actual de la democracia clientelista, el de un contratismo mas o menos des-partidizado, es decir, no mediado directamente por identidades sectarias, aunque sí apoyado por las representaciones partidistas, emerge una especie de conformación triangular para la circulación de bienes públicos en forma ilícita.

  • Está, de un lado, el empresario privado, dispuesto a acceder a las adjudicaciones de obras y servicios del Estado, lo que le asegura un rico mercado para sus inversiones.
  • Por otro lado, está el personal político –concejales, diputados y parlamentarios- que asegura la apropiación de la representación política.
  • Y, por último, el funcionario, quién dentro de la administración estatal interviene en eslabones claves dentro de la cadena de las decisiones públicas.

Es algo que adquiere su más acabada expresión en el mundo de las administraciones locales y regionales, aún en la capital de la república como salió a relucir en el escándalo por la construcción del Transmilenio en la Calle 26 y en el consecuente derrumbe de los Nule, negociantes de la contratación pública.

En torno del Estado dispensador de contratos y recursos, se forma un carrusel clientelista para la distribución de las rentas que arrojan las obras ejecutadas o los servicios prestados, sobre-facturadas o simuladas por la vía del fraude por medio del soborno y el prevaricato.

El empresario llega a financiar campañas electorales, mientras el político asegura de algún modo la representación en un cuerpo colegiado, para luego obtener puestos en la Administración, ojala en los puntos más cercanos a los centros decisionales en materia de adjudicaciones.

En todo caso, en forma directa o por intermedio del político, se produce el contacto entre el empresario-contratista y el funcionario que se ha convertido en factor de decisión.

Por la intervención del político y el funcionario, el empresario consigue ventajas competitivas en las licitaciones o en las adjudicaciones directas. El empresario a su turno ofrece en compensación un margen alto de rentabilidad, con destino a las transferencias a favor de los dos primeros agentes.

En este proceso perverso, la actividad productiva en obras y servicios alcanza a mutar hacia un rentismo artificioso, al traducirse en ganancia no asociada a actividad alguna y acaparada por el mundo de la representación política.

Es la puesta en marcha del lubricante de la maquinaria decisional y se invierte todo sentido del servicio público y de la representación: de ese modo toma pie en el negocio privado y en la ganancia ilícita. Lógicas aceptables en el marco de una moralidad anti-valores que por cierto hace del funcionario honesto un elemento extraño y perturbador, frente a la cabalgata del tiovivo clientelista.

De este modo, la representación y la burocracia son transformadas en una arena de oportunidades bajo la lógica del mercado, muy lejos ya de un ejercicio superior del servicio impersonal en la distribución de los bienes públicos.

 *Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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