Hubo avances entre 2018 y 2022, pero quedan metas incompletas y el gobierno del Pacto Histórico tendría que hacer grandes cambios y desembolsos.
Juan Carlos Garzón Barreto*
El balance de la gestión
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el Informe de Gestión 2018-2022 del Sector TIC que muestra la ejecución del Pacto por la Transformación Digital y de la Ley 1978 de 2019, que prometieron conectividad y el cierre de la brecha digital.
El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND: 2018-2022) estimó un costo cuatrienal de 1.096 billones de pesos, de los cuales se planeó una inversión transversal de 17,9 billones en el Pacto Digital, pero el sector solo apropio 10,2 billones. Durante este periodo la inversión en TIC llegó a 7,1 billones de pesos que fueron repartidos de la siguiente forma:
- “Facilitar el acceso y uso de las (TIC) en todo el territorio nacional, 4,9 billones, 69,1 %.
- Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las (TIC), 1,7 billones, 24,4 %.
- Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector, 461 mil millones, 6,5 %.”
Hasta marzo de 2022 se invirtieron 6,1 billones de pesos que son el esfuerzo de miles de colombianos y del propio Gobierno. No obstante, la medición revela una aglomeración de proyectos y de acciones puntuales que se decantan en veinte indicadores de los 655 que tiene el PND: 2018-2022. En materia de TIC se estima un cumplimiento de metas del 88,7 %.
Las metas incumplidas de la década
Según el DNP: “se ha logrado que el 46,2 % de los hogares en el país cuenten con una conexión fija a internet en su vivienda (7.580.654 hogares).
Uno de los indicadores del Plan agrega: “Mujeres formadas en el uso y apropiación de las TIC: 100 %”. Esta cifra contrasta con el sistema de monitoreo territorial de los pueblos indígenas, según el cual apenas 2.946 viviendas indígenas tienen alguna solución de internet, o sea que el 99% de las 268.275 viviendas indígenas no tienen este servicio.
La situación también se explica porque, en un país con 1,9 millones de indígenas y 2,9 millones de población negra, raizal, palenquera y afrocolombiana, el MINTIC contrató la elaboración del Índice de Brecha Digital Regional (IDBR-2020), sin la aplicación del enfoque diferencial étnico.
Los departamentos con peor Índice de Brecha Digital son Vaupés (0,7297), Guainía (0,7184), Amazonas (0,6717), Chocó (0,6005), La Guajira (0,5778), Putumayo (0,5730), Córdoba (0,5405), Sucre (0,5379), Cauca (0,5314), Nariño (0,5082), Magdalena (0,5006), Bolívar (0,4892), San Andrés (0,4802), Cesar (0,4761) y Atlántico (0,3960).
Los ejes centrales de la propuesta del nuevo gobierno son la conectividad con fibra óptica, el uso de la tecnología satelital, el desarrollo de la agencia aeroespacial, el fomento del software libre y de las tecnologías emergentes.
Este es el tamaño de la brecha digital: para el tercer trimestre de 2021, el MINTIC reportaba 8,4 millones de conexiones a internet fijo y 38 millones a móviles, de las cuales el 21,4 % son soluciones de tecnología 2G y 3G. La Encuesta ENTIC hogares del DANE-2020 refirió un total de 9,4 millones con acceso a internet.
Por una parte, estas soluciones de proveedores privados de redes y servicios tienen un énfasis en la masificación de internet y no en la extensión de la fibra óptica o la banda ancha fija de alta velocidad. Por otra parte, se rigen por la lógica de rentabilidad del mercado. Por eso, la Colombia marginal es muy poco llamativa.
El verbo rector de la política del último Plan de Desarrollo es ambiguo: “Facilitar el acceso y uso de las (TIC)”. Esa situación hace que quizás muchos colombianos añoren a la Estatal TELECOM o miren con esperanza a la ETB que sembró a Bogotá de fibra óptica.
Lo cierto es que entre 2010 y 2017 el Fondo TIC recaudó 9,9 billones de pesos y entre 2018 y 2022 los sucesores de ese fondo recibieron 8,2 billones, para un total de 18 billones invertidos. Sin embargo, los colombianos no cuentan con soluciones reales porque apenas el 20 % de quienes tienen acceso a internet lo hacen a través de una banda ancha fija robusta, la necesaria para procesos educativos y productivos.
Las propuestas del nuevo gobierno
Los ejes centrales de la propuesta del nuevo gobierno son la conectividad con fibra óptica, el uso de la tecnología satelital, el desarrollo de la agencia aeroespacial, el fomento del software libre y de las tecnologías emergentes.
La gran preocupación para ejecutar estas medidas son los costos para la conectividad fija de alta velocidad o convergencia de tecnologías. Según el estudio Connecting Humanity de la UIT-2020, los costos podrían ser de 3.000 millones de dólares, bajo determinadas condiciones que pondera el ingeniero Julián Cardona y, de acuerdo con las cifras presentadas en campaña, 10.000 mil millones de dólares.
En consecuencia, los recursos necesarios para la conectividad oscilarían entre 12 y 41 billones de pesos. En el caso del satélite, nuestro referente más cercano es Bolivia que en 2013 puso en órbita el Túpac Katari con un costo aproximado de 300 millones de dólares, los cuales financió con un crédito chino. Por su parte, la Agencia Boliviana Aeroespacial ha costado más de 200 millones de dólares en el periodo 2014-2020.
En el caso colombiano, existen grandes bloques de espectro que han sido sometidos a la subasta del sector privado en plazos que exceden los diez años y el Fondo Único de TIC escasamente supera el billón de pesos de ingresos anuales.
Además, la Ley 1978 de 2019 permite los pagos de contraprestaciones mediante obligaciones de hacer, lo cual disminuye los recursos financieros. Aun así, el Congreso expidió la Ley 2108 de 2021, donde define el acceso a internet como un servicio esencial.
Las fallas estructurales
La propuesta de Petro necesita de ajustes en cuanto a su concepción como proyecto democrático de comunicaciones tanto en las políticas a formular como en la priorización estratégica de la inversión pública.
Estos elementos han sido los peores errores cometidos desde la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, que equivocada o arbitrariamente incluyeron a los sectores de telecomunicaciones y de tecnologías de la información y la comunicación dentro de la sigla TIC, entendida en plural.
Planeación y ejecución de las políticas de TIC, telecomunicaciones y del sector de información, comunicaciones y medios del próximo gobierno deberá revisar estos aspectos para no seguir haciendo más de lo mismo: inversión sin conectividad ni comunicación.
Esta situación hace que el país no cuente con un régimen legal diferenciado de telecomunicaciones ni de otro marco jurídico específico para las TIC, como reconoció recientemente el Consejo de Estado. Además, el conjunto de los medios fue inexplicablemente expulsado de la política del sector de comunicaciones.
Por otra parte, una cosa es proveer redes y servicios de telecomunicaciones y de TIC y otra muy distinta, desarrollar actividades relacionadas con la producción y la circulación de contenidos de expresión, opinión e información. En ese sentido, el Estado está marginando a los colombianos comprometidos con la información, las comunicaciones y los medios respecto de la formulación de la política, el fomento, el acompañamiento institucional y la planeación sectorial.
Colombia cuenta actualmente con 1.705 emisoras, 134 medios impresos, 436 prestatarios de televisión, 3.171.070 registros de dominios CO. Así, más de 14.300 personas naturales y jurídicas aportan renta a la DIAN por el desarrollo de actividades de radio, televisión, impresos e información.
Asimismo, hay muchos proyectos periodísticos y portales de opinión independientes que contribuyen a desarrollar la cultura política y a recrear la democracia, razón por la cual deberían recibir apoyo del Estado en el marco de los principios de independencia informativa, autonomía corporativa y sostenibilidad económica del sector.
Estos medios garantizan el pluralismo, la diversidad, el empleo decente en el sector de la comunicación y el derecho a la información como bienes esenciales de la democracia. Por ello, apoyar a los medios es invertir en la salud de la democracia.
Por último, el Estado debe diseñar y ejecutar un plan estratégico de conectividad fija de banda ancha y garantizar que, mediante la articulación de la infraestructura pública de telecomunicaciones y la participación de los proyectos alternativos y comunitarios, se lleve conectividad robusta a los territorios en los que no hay este mercado.
En consecuencia, la inversión de los recursos del FUTIC debe enfocarse en los proyectos estratégicos para extender la conectividad y no en un sinnúmero de contratos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno Biden-Harris lanzó el programa de “Internet para todos” que pondrá en marcha directamente la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) con una inversión de 65 mil millones de dólares.
Por último, la planeación y ejecución de las políticas de TIC, telecomunicaciones y del sector de información, comunicaciones y medios del próximo gobierno deberá revisar estos aspectos para no seguir haciendo más de lo mismo: inversión sin conectividad ni comunicación.
