La Superintendencia de Transporte elaboró un proyecto de ley que volvió a despertar el debate entre taxistas y plataformas tecnológicas de transporte ¿Es conveniente y viable este proyecto?
José Stalin Rojas*
El proyecto
La Superintendencia de Transporte presentó el borrador del proyecto de ley de Régimen Sancionatorio, que adoptaría un conjunto de “…herramientas para la supervisión del transporte terrestre automotor …” y otra vez fue Troya.
El proyecto ha provocado una polémica. Los representantes de las aplicaciones de transporte se oponen a las sanciones impuestas, mientras que los taxistas amenazan con bloqueos si el gobierno no prohíbe el uso de estas plataformas.
Esta situación es recurrente, y se debe a la falta de actualización de leyes que reflejen las realidades tecnológicas actuales por parte del gobierno nacional —tanto del actual como de los anteriores —.
La legislación vigente
Antes de abordar la realidad tecnológica y considerar caminos para adaptarse a ella, es importante analizar las normas existentes.
El Estatuto Nacional del Transporte exige que las empresas obtengan un permiso para prestar sus servicios, y el Decreto 172 de 2001 regula el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros (taxis). Estas normas facultan al gobierno nacional para conceder ese permiso a cualquier empresa que brinde el servicio de transporte de personas.
La norma anterior ha dado pie a conflictos, ya que a los taxistas no les gusta que se puedan habilitar a las plataformas tecnológicas para brindar el mismo servicio.
Las regulaciones adoptadas en 1996 y en 2001 no vislumbraron la influencia que tendrían las plataformas tecnológicas en el transporte de pasajeros. UBER por ejemplo se fundó en 2008, Cabify en 2011 y DIDI en 2012. Dado que para ese momento no existían estas aplicaciones, las normas mencionadas no reconocen su existencia y solo mencionan a los taxis.
Así, las sanciones establecidas se aplicaban tan solo a las personas que ofrecían sus vehículos particulares para transportar pasajeros; era común en los aeropuertos que un propietario de un auto particular ofreciera en voz baja llevar a pasajeros.
Ventajas del proyecto de ley
Sin embargo, la ley sí da al gobierno nacional la autoridad para habilitar empresas de transporte y autorizar la prestación de este servicio público.
Lo bueno de la propuesta del Régimen Sancionatorio es reconocer la presencia de las plataformas tecnológicas en el transporte de pasajeros y someterlas a la Ley del Transporte a través de sanciones.
Las regulaciones adoptadas en 1996 y en 2001 no vislumbraron la influencia que tendrían las plataformas tecnológicas en el transporte de pasajeros. UBER por ejemplo se fundó en 2008, Cabify en 2011 y DIDI en 2012. Dado que para ese momento no existían estas aplicaciones, las normas mencionadas no reconocen su existencia y solo mencionan a los taxis.
Además, al calificar como servicio ilegal a los vehículos particulares que transportan personas sin cumplir las exigencias legales y sin autorización, la propuesta implícitamente hace posible la habilitación para estas plataformas.
Pero esa posibilidad de regulación es la manzana de la discordia con los taxistas. El gremio se opone la aprobación de esa ley implicaría que sí pueden existir las autorizaciones para esas plataformas.
El proyecto induciría a las plataformas tecnológicas a reconocerse como empresas de transporte y dejar de evadir el control del Estado al considerarse únicamente como empresas de servicios tecnológicos. Por eso, es acertado por parte de la Superintendencia y el Ministerio de Transporte mantener a los Ministerios de Tecnologías y de Industria y Comercio al margen, evitando conflictos institucionales.
Mejoras que nunca llegan
Además de cumplir con las normas, los taxistas deberían tomar medidas para mejorar su servicio y competir con las plataformas tecnológicas.
Esto comienza por abordar la percepción negativa que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio. Los taxistas no deben depender de las leyes para limitar o eliminar la competencia, sino actuar de forma proactiva para mejorar.
Con la competencia de las plataformas tecnológicas, los taxistas han descubierto la mala percepción de su servicio. Las plataformas ofrecen características adicionales, como tarifas variables o el conocimiento de estas antes de confirmar el viaje. Sin embargo, estos son ejemplo de cómo la legislación limita su capacidad de competir con las aplicaciones, haciendo que los usuarios prefieran a estas últimas.
Las plataformas tecnológicas son una realidad en el mundo actual. Es poco probable que la prohibición o el control puedan evitar su uso por parte de la población. Además, la identificación de quienes usan estos servicios es muy complicada, lo que hace poco efectiva la aplicación de sanciones.
No obstante, el Estado ha tenido dificultades para brindar ayudas efectivas a los taxistas. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá y su secretario de Movilidad intentaron fomentar el uso de tabletas en los taxis para que los usuarios conocieran el costo del viaje con antelación. Sin embargo, esta iniciativa fracasó por las debilidades que el customer journey map tenía al usarse por parte de los usuarios
Lo mismo puede decirse de la propuesta del alcalde Mockus al ofrecer zonas amarillas en las calles para los taxistas. Idea que también falló debido a la costumbre de los usuarios de no caminar hasta estas zonas.
Por otro lado, las plataformas tecnológicas han logrado operar sin ser controladas por el Estado debido a la falta de regulaciones. Los esfuerzos del gobierno para controlarlas han enfrentado desafíos, como amenazas de huelga y un lobby poderoso, así como una postura incierta por parte de los gobiernos anteriores al de Petro.
Los ministros de Telecomunicaciones y Transporte en los gobiernos de Duque y Santos tenían opiniones diferentes. Mientras el Ministerio de Telecomunicaciones las consideraba empresas tecnológicas, el Ministerio de Transporte las veía como sujetos de regulación. Esta ambigüedad les ha permitido a las plataformas tecnológicas operar en un ámbito legal incierto, una zona gris.
Regulaciones internacionales
Por todo lo anterior, el Estado ha tomado medidas adecuadas para controlar las plataformas tecnológicas, pero debe ampliar su alcance. No solo debe considerarlas sujetas de regulación en el transporte, sino aclarar las relaciones entre los conductores y las plataformas y garantizar la protección del usuario incluso si son declaradas ilegales.
Las plataformas tecnológicas son una realidad en el mundo actual. Es poco probable que la prohibición o el control puedan evitar su uso por parte de la población. Además, la identificación de quienes usan estos servicios es muy complicada, lo que hace poco efectiva la aplicación de sanciones.
El ejemplo de Chile muestra cómo se han dado avances en la regulación de las plataformas tecnológicas en varios países. La Ley Uber habilita a estas empresas a prestar servicio siempre y cuando cumplan con ciertas regulaciones, garantizando la protección a los usuarios.
Por otro lado, la Unión Europea ha tomado medidas al respecto mediante la Ley Rider, que afecta a las aplicaciones de transporte y reconoce los derechos de los conductores. De esta manera, se aspira a eliminar la ficción del trabajador independiente que algunas plataformas usan para evadir sus responsabilidades laborales.
La iniciativa europea exige además a los conductores que obtengan una licencia profesional especializada para prestar el servicio de transporte de pasajeros, y protege a los usuarios mediante un seguro adecuado. Estos avances internacionales se han logrado a pesar de la resistencia y los paros de los taxistas tradicionales.
¿Es beneficioso este proyecto de ley?
La propuesta de un régimen sancionatorio es un paso importante, pero es necesario que otros ministerios como los de telecomunicaciones, trabajo, industria y comercio actúen de manera coordinada para reconocer la realidad de la tecnología en el transporte.
Por su parte, los taxistas deben mejorar su capacidad tecnológica y elevar sus estándares de servicio para competir con las plataformas, ya que eventualmente serán reconocidas como empresas de transporte de pasajeros. Aunque un paro de taxistas puede causar un efecto temporal, no detendrá la competencia en el largo plazo.
