El problema no radica en la capacidad técnica del país, sino en la falta de una agencia capaz de coordinar, ordenar y presentar los resultados obtenidos.
Sergio Uribe*
Una propuesta controvertida
El pasado 5 de julio publiqué un artículo en Razón Pública en el que sugerí que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) debería quedar en manos de la Policía Nacional.
Aunque algunos analistas criticaron mi sugerencia, otros la apoyaron y destacaron que la Policía y el Ministerio de Defensa han luchado contra el narcotráfico durante años, tienen presencia en todo el país y cuentan con las capacidades técnicas necesarias para asumir esta labor. En efecto, la Policía y el Ejército son las entidades que pueden desplazarse con mayor facilidad por el territorio colombiano.
Además de recopilar datos mediante satélites de primera tecnología, el SIMCI se encarga de analizar imágenes y entrevistar a los cultivadores para complementar la información satelital. Los uniformados podrían realizar las primeras labores sin mayor dificultad, pero el trabajo de campo sería un reto para ellos, pues los cultivadores desconfían de la Policía y el Ejército porque saben que ambas instituciones promueven la erradicación total de los cultivos ilícitos.
Una experiencia atípica
Hace unos años, con la ayuda de Estados Unidos, el gobierno colombiano intentó crear un sistema de monitoreo de cultivos ilícitos dirigido por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Para ponerlo a prueba, escogió la región de Tumaco y contrataron un equipo de civiles que les enseñaron a los policías a recolectar y analizar la información.
Valiéndose de las imágenes satelitales, la Policía cuantificó el número de hectáreas sembradas de coca y corroboró las cifras de erradicación manual. Fue así como descubrieron que algunas hectáreas que grupos erradicadores habían reportado como intervenidas seguían intactas o nunca habían tenido coca, sino bosque o cultivos perenes como la palma africana. Este inesperado descubrimiento molestó a generales del Ministerio de Defensa y propició un enfrentamiento entre técnicos y políticos.
En cualquier caso, el trabajo de la Policía puso en evidencia que la erradicación manual no es la panacea que algunos políticos venden y que los erradicadores no son técnicos ni conocen completamente los terrenos en los que trabajan.
Con el fin de evitar problemas por la incongruencia entre los reportes de los erradicadores y los resultados obtenidos, la Policía optó por hablar de “inventario de coca” y no de monitoreo; dentro de este contexto se obvio la necesidad de hablar de hectáreas erradicadas/intervenidas.
Según algunas fuentes, lo sucedido explica –al menos parcialmente– que exista una diferencia de 104.000 hectáreas entre los datos de la Casa Blanca y los del SIMCI para el año 2020. El principal problema radica en que el SIMCI sustrae las hectáreas reportadas por los equipos de campo, pero no verifica la efectividad de la intervencion.
Esta atípica experiencia puso en evidencia que:
- Para cuantificar superficies erradicadas es necesario contar con un equipo especializado que permita medir el número de hectáreas con precisión, y que los grupos de campo no cuentan con esta tecnología, por lo cual, suelen reportar datos inexactos o incompletos;
- Para medir el rendimiento de la hoja de coca y proyectar el potencial de producción de cocaína es fundamental hacer pruebas de campo e identificar la cultivaiedad de los cultivos encontrados y/o erradicados;
- Existen cultivos que dejan de ser productivos y exigen ser soqueados o erradicados por completo, pero muchos erradicadores desconocen esta información y terminan “haciéndoles un favor” a los cultivadores arrancado o soqueando cultivos en vez de eliminarlos;
- Como la Policía, el Ejército y el Ministerio de Defensa no cuentan con el personal necesario para hacer trabajo de campo ni con los laboratorios adecuados para analizar muestras, muchas veces usan los datos provistos por los campesinos para realizar sus proyecciones de productividad pese a que dichos datos tienden a ser exagerados.
Posibles aliados
Debido a las limitaciones de la Policía y el Ejército, es importante identificar otras entidades estatales que podrían asumir el control del SIMCI o contribuir a mejorar su labor.
Algunos especialistas han señalado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) podría realizar el trabajo técnico de sensores remotos, el DANE podría encargarse del trabajo de campo y los laboratorios de la Fiscalía y las universidades podrían ser utilizados para analizar las muestras recogidas.
Actualmente, el IGAC analiza el uso del suelo en Colombia, define los límites de los Parques Nacionales y las zonas de reserva y contribuye a la elaboración del catastro de diversos municipios. Así mismo, trabaja en conjunto con el DANE y el Ministerio de Agricultura para realizar las proyecciones de la producción de cultivos agroindustriales. Su trabajo ha sido premiado dentro y fuera de Colombia. Sin duda, se trata de una entidad altamente calificada en el uso de sensores remotos.
En caso de que asumiera esta tarea, los recursos del SIMCI servirían para fortalecer sus capacidades técnicas. Sería una excelente oportunidad para que aplicara su experiencia a nuevos cultivos.
Por su parte, el DANE cuenta con las herramientas necesarias para obtener muestras representativas de cualquier lugar de Colombia y tiene una amplia experiencia recopilando información en regiones remotas, por lo cual podría apoyar al SIMCI en su importante labor. Al igual que el IGAC, cuenta con una enorme credibilidad dentro y fuera de Colombia.
El verdadero problema
El Consejo Nacional de Estupefacientes CNE y su secretaria técnica, una subdirección del Ministerio de Justicia, carecen de capacidad para orientar estudios, basados en evidencia, sobre la problemática.
Desafortunadamente, la mayor parte del trabajo de campo se desperdicia porque el SIMCI no recoge muestras de campo ni realiza análisis de laboratorio. Se debe definir si el SIMCI es un programa de la ONU o del Gobierno Nacional para así buscar cómo integrar las capacidades de los laboratorios de la Fiscalía y varias universidades del país a esa labor.
En la actualidad, el trabajo de campo es realizado por un selecto grupo de encuestadores quienes usan un cuestionario que se ha venido perfeccionando desde que se desarrollo bajo los auspicios de la Embajada de los EE.UU en 1999 Generalmente, esos datos complementan las proyecciones emanadas de los análisis satelitales del SIMCI y del gobierno estadounidense.
Lo anterior pone en evidencia que el verdadero problema radica en que no existe la voluntad política para crear una agencia/consejería/dirección capaz de coordinar, integrar y publicar resultados de estudios técnicos dejando la formulación de la política en manos de recomendados políticos quienes carecen de trayectoria en la materia y desconocen que Colombia sí cuenta con la capacidad técnica necesaria para asumir las funciones del SIMCI.
