También vamos a elegir los congresistas

Por qué las elecciones legislativas del 8 de marzo importan tanto como las presidenciales.

Una elección subestimada

El próximo 8 de marzo se elegirán los integrantes del Congreso para el periodo 2026-2030. Ese domingo, la ciudadanía votará por sus representantes en el Senado y la Cámara. 

Esta elección suele recibir menos atención que la presidencial —tanto así que los medios se refieren al 8 de marzo como el día de las consultas o “las primarias” para la Presidencia, que tendrán lugar en ese mismo día—. Pero en la vida real, conocer a los y las candidatas al Congreso, participar en la votación y seguir el desempeño de quienes resulten elegidos puede ser tan importante para la democracia colombiana como la escogencia del próximo presidente o presidenta.

Desprestigio y populismo

El Congreso figura entre las instituciones peor valoradas en las democracias occidentales. 

En Colombia, su nivel de desfavorabilidad se aproxima al de grupos armados ilegales, un dato inquietante. Este desprestigio está vinculado al auge de nuevos populismos, tanto de derecha como de izquierda, que se alimentan de la crisis de la democracia representativa.

Estos discursos prometen acercar al “pueblo” a las decisiones públicas, como si el tránsito hacia una democracia directa fuera sencillo. La experiencia histórica muestra lo contrario: detrás de la crítica estridente a la representación suele aparecer la concentración del poder y, con ella, el recorte de libertades.

Representar también divide el poder

La democracia representativa es insuficiente, pero no prescindible. El parlamento no sólo refleja la diversidad social y acerca intereses distintos a las decisiones fundamentales —como las leyes que ordenan la vida colectiva—; sobre todo, cumple una función clave de control.

El Congreso obliga al Ejecutivo a rendir cuentas y actúa como contrapeso frente a cualquier deriva autoritaria. Sin ese equilibrio, la democracia pierde uno de sus pocos frenos efectivos.

Las propuestas de cerrar el Congreso, reducir el número de curules o bajar el salario de los congresistas suelen presentarse como soluciones simples a un problema complejo. En realidad, tienden a favorecer la concentración del poder, a debilitar la representación y a estimular prácticas opacas: cooptación por intereses privados, acuerdos informales y decisiones alejadas del escrutinio público.

Estos atajos deben evaluarse por sus consecuencias, no por su popularidad momentánea.

Una competencia intensa

La relevancia del Congreso se refleja en el número de aspirantes. Las 283 curules en disputa registran, en promedio, once candidaturas por escaño. 

El cierre de inscripciones del 8 de diciembre pasado dejó 3.194 personas inscritas: 1.117 para las 102 curules del Senado —192 más que en 2022— y 2.077 para las 181 curules de la Cámara.

La competencia es alta; la información ciudadana, en cambio, sigue siendo escasa.

Voces que no representan

La distancia entre representantes y electores ha permitido que muchos congresistas usen su posición para beneficio personal, aprovechando información privilegiada y redes regionales, sin responder ante sus votantes. Los partidos tradicionales, por su presencia histórica en el territorio, concentran varios casos de figuras casi invisibles para la opinión pública, pese a ocupar curules durante años.

Esto contrasta con el papel esperado de un congresista: intervenir en el debate público, amplificar demandas ciudadanas y poner sobre la mesa discusiones incómodas pero necesarias.

El Congreso como caja de resonancia

Algunas de esas discusiones provienen de reclamos sociales; otras surgen de llamados de la Corte Constitucional o de compromisos internacionales, como la humanización de las cárceles o el debate sobre la política de drogas. La importancia de los congresistas como referentes del debate se refleja en el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, que identifica cada año a quienes logran mayor incidencia pública.

En su edición más reciente, correspondiente a septiembre de 2025, el Panel destacó a Iván Cepeda, Angélica Lozano y Paloma Valencia en el Senado, y a Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Andrés Forero en la Cámara.

Votar también es exigir

La relación entre ciudadanía y Congreso no se corrige sola: debe construirse. Las elecciones legislativas permiten premiar o castigar el ejercicio de la representación mediante el voto o la reelección. 

De los congresistas elegidos en 2022, 205 buscan mantenerse en el cargo. Conocer sus trayectorias y posturas es una tarea cívica ineludible.

Petro y el centro del debate

El gobierno de Gustavo Petro ha vuelto visible el papel del Congreso al mostrar que allí se discuten y tramitan las principales reformas. 

Su estilo de liderazgo también ha alterado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al no recurrir a los mecanismos tradicionales de negociación, ha apelado a la movilización ciudadana como forma de presión política.

El episodio del “plazuelazo” de marzo de 2025, tras el archivo de la reforma laboral por decisión de ocho senadores de la Comisión Séptima, ilustra esa tensión.

Representar en tiempos de movilización

Estos hechos muestran que la participación directa puede coexistir con la representación parlamentaria, siempre que la movilización exija agendas sin reemplazar las reglas del sistema. Al mismo tiempo, recuerdan que la delegación liberal necesita vínculos más frecuentes y cercanos entre representantes y electores.

Elegir el Congreso no es un trámite secundario. Es una de las pocas herramientas efectivas para cuidar la democracia.

Le recomendamos: El gobierno y el Congreso en 2025: un final en tensión