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Sobre la incapacidad física de los altos funcionarios

Escrito por José Gregorio Hernández
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jose_gregorioEl presidente, el vicepresidente, el alcalde de Bogotá y el alcalde de Cartagena han tenido delicados problemas de salud en estos días: ¿cuáles son las reglas que aplican en estos casos?

José Gregorio Hernández*

 

No hubo vacancia

Desde el momento en que el presidente Santos anunció que debía ser intervenido para extirpar un cáncer de próstata — y pese a su insistencia en que seguiría ejerciendo sus funciones antes, durante y después de la cirugía — comenzaron las especulaciones acerca de si ello implicaría la dejación transitoria de su cargo y, por supuesto, sobre las normas aplicables en tal evento, particularmente en relación con la persona llamada a reemplazarlo.

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El vicepresidente Angelino Garzón afectado por  una isquemia cerebral con algunas repercusiones en sus aptitudes motrices.
Foto: abc.es

No dejaba de inquietar otro hecho obvio: dos meses atrás, el vicepresidente Angelino Garzón — quien, de acuerdo con las reglas vigentes, sería el indicado para ocupar transitoriamente la Presidencia — había sido afectado por una isquemia cerebral con algunas repercusiones en sus aptitudes motrices. En el momento del anuncio presidencial, el vicepresidente se hallaba cobijado por una incapacidad médica transitoria, aunque desde hace varios días ha venido reasumiendo paulatinamente sus actividades.

Es más lógico que quien sustituya al presidente en casos de falta absoluta o transitoria sea alguien elegido por el pueblo, en lugar de alguien escogido por el Congreso.

La intervención quirúrgica programada para el presidente se llevó a cabo con éxito. La recuperación se inició con buen pronóstico y sin que en momento alguno significara una solución de continuidad en el desempeño de sus funciones: desde la clínica donde se hallaba recluido atendió a varios ministros, se comunicó con otros jefes de Estado, habló con periodistas, impartió instrucciones y firmó documentos. Así pues, no se configuró ninguna de las hipótesis constitucionales de falta absoluta y ni siquiera transitoria del Presidente de la República.

Preguntas necesarias

A pesar del público conocimiento de esos hechos, se agitó el tema de una posible vacancia presidencial y el Senado aprobó a pupitrazos una proposición que ordenaba integrar una comisión de médicos y especialistas de la Academia Nacional de Medicina para visitar al vicepresidente y establecer si estaba o no en capacidad de asumir transitoriamente la jefatura del Estado. Como se sabe, el vicepresidente Garzón recibió a los médicos pero no permitió la práctica del examen. Cabe formular varias preguntas:

  • ¿Podía el Senado ordenar al vicepresidente la práctica de los exámenes médicos y sicológicos en referencia?
  • ¿Estaba obligado el vicepresidente a permitir que esos exámenes le fueran practicados?
  • ¿Estábamos en la hipótesis constitucional de una enfermedad que configurara una falta transitoria del Presidente de la República?
  • ¿Estábamos ante una posible incapacidad física permanente del vicepresidente que justificara la decisión del Congreso y diera pie a satisfacer los apetitos políticos que se habían despertado en algunos legisladores empeñados en elegir nuevo vicepresidente?

Me propongo contestarlas de manera breve y bajo la perspectiva constitucional.

Qué dice la Constitución

Los artículos 193 y 194 señalan la enfermedad como una de las faltas temporales o transitorias del Presidente de la República. En el artículo 193 se dispone que en tal caso el presidente “puede (es una facultad, no una obligación) dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado y, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia”. La falta solamente se configura cuando el presidente avisa al Senado o a la Corte, de modo que no ocurre por el solo percance en la salud presidencial, ni hay lugar a proceder a su reemplazo.

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Santos: desde la clínica atendió a varios ministros, se comunicó con otros jefes de Estado, habló con periodistas,  impartió instrucciones y firmó documentos.  Foto: Presidencia.

En cuanto al vicepresidente, el artículo 205 estipula que “En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso”. Así que corresponde al Congreso y no al Senado reconocer o declarar la incapacidad física permanente del vicepresidente. Luego el pupitrazo del Senado ya implicaba una posible falta de competencia.

Por su parte el artículo 26 de la Ley 5ª de 1992 — Reglamento del Congreso — establece: “Incapacidad física permanente.- Los informes médicos y el cuadro sintomático certificado posibilitarán al Congreso para declarar el estado de incapacidad permanente al Vicepresidente de la República, Tal declaración se extenderá por escrito y en un término no mayor de tres (3) días al Presidente de la República y al mismo Vicepresidente”.

De suerte que el Congreso sí puede pedir los exámenes médicos en relación con el vicepresidente, aunque no puede hacerlo sin motivos o cada vez que los congresistas sientan el deseo de reemplazar al electo por el pueblo, sino cuando exista una base razonable para creer que el Vicepresidente puede estar afectado por una incapacidad permanente para asumir la jefatura del Estado.

Tal no es el caso del vicepresidente Garzón, quien está en incapacidad médica de carácter afortunadamente transitorio.

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Corresponde al Congreso y no al Senado reconocer o declarar la incapacidad física permanente del vicepresidente. Foto: Diálogo Social en Facebook.

¿Encerrona?

Las disposiciones mencionadas no contemplan la obligación del vicepresidente de someterse a los aludidos chequeos médicos. No hay norma que lo exija. Esto es tan evidente que el senador Juan Lozano presentó un proyecto de ley para que en el futuro los altos funcionarios estatales queden sujetos a esa obligación. El proyecto de ley tiene sentido y sería importante por razones de interés público. Pero por ahora es apenas un proyecto.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta — y que es válido en relación con el proyecto de Acto Legislativo ya en curso en el Congreso que elimina la Vicepresidencia y nos devuelve a la Designatura — es el siguiente principio democrático: es más lógico que quien sustituya al presidente en casos de falta absoluta o transitoria sea alguien elegido por el pueblo (titular de la soberanía), en lugar de alguien escogido por los políticos con asiento en el Congreso.

Tras lo acontecido esta semana, muchos se preguntan: ¿se ha querido forzar la salida del Vicepresidente Angelino Garzón, aprovechando la coyuntura en forma oportunista?

* El perfil del autor lo encuentra en este link.

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